FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO

Una amenaza para la paz en España y Mediterráneo: los separatismos

EL ESTADO AUTONÓMICO: REFLEXIONES HISTÓRICAS SOBRE CATALUÑA Y EL NACIONALISMO CATALÁN, por Jordi Canal. Études en Sciences Sociales (EHESS), de París. Este texto es la transcripción editada de la conferencia impartida por el autor el día 8 de julio de 2011 dentro del curso “Claves políticas para España” del Campus FAES 2011. Se han hecho pequeñas modificaciones y asimismo, algunas referencias bibliográficas. 2011

El Español. 07.09.2017. Carta a los gilopollas españoles, por Ferrer Molina

Sur de M´çalaga. 08.09.2017. El Estado despliega una ofensiva total contra el desafío independentista. Rajoy avisa a Puigdemont de que está dispuesto «a todo» para evitar un referéndum anulado por el Constitucional

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Mariano Rajoy reaccionó con dureza dialéctica y mesura jurídica a la convocatoria del referéndum. Lanzó una seria advertencia a Carles Puigdemont: «Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada» para evitar la votación el 1 de octubre. Pero se guardó balas legales en coherencia con su idea de proporcionalidad en la respuesta. En la Generalitat, al menos de puertas para afuera, ni se inmutaron, denunciaron que sufren «un estado de sitio encubierto» implantado por el Gobierno de España y siguieron enfrascados en lo suyo, en este caso la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, pero preocupados por las dudas de Ada Colau para que Barcelona coopere en la consulta.

Tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer, Rajoy intentó enviar un mensaje de tranquilidad, «sobre todo a los catalanes», y puso todo su empeño en ser convincente: «No habrá referéndum de autodeterminación». El Constitucional le dio la razón horas después al bloquear la convocatoria. Después de las 24 horas de convulsión vividas en el Parlamento de Cataluña, que tuvieron su continuación ayer con el debate de la ley de transitoriedad jurídica hasta la proclamación de la república catalana, el jefe del Ejecutivo puso toda la carne en el asador para garantizar que todo será papel mojado.

El presidente del Gobierno detalló que la Abogacía del Estado presentó ayer cuatro recursos ante el Constitucional, a los que habría que sumar el incidente de ejecución de sentencia presentado ayer contra la admisión a trámite de la ley de referéndum por la Mesa del Parlament, el mismo procedimiento se siguió ayer con la ley de transitoriedad. Pero sobre todo quiso ser la cara visible del Estado en la ofensiva total que ha puesto en marcha contra las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Puigdemont y el Parlamento de Cataluña. El Gobierno en distintos frentes, la Fiscalía y el Constitucional entraron ayer en acción.

«No menosprecien la fuerza de la democracia española», advierte el presidente del GobiernoLa Generalitat replica que habrá consulta el 1 de octubre «truene, nieve o haga mucho viento»

Arropado por el respaldo sin fisuras de los líderes del PSOE y de Ciudadanos, Rajoy mostró su rostro más áspero con los independentistas, a los que prometió usar en su contra todo el arsenal político y legal que tiene. «No menosprecien la fuerza de la democracia española», avisó el presidente del Gobierno que, insistió, está decidido a utilizar «todo» el instrumental jurídico a su alcance. «Incluido -precisaron en la Moncloa- el artículo 155 de la Constitución». Las fuentes recalcaron que a eso se refería con lo de «hacer todo sin renunciar a nada». Hasta ahora, el recurso a esta disposición constitucional era un tabú en el discurso oficial. Como todavía lo es el recurso a la fuerza en momentos extremos, un planteamiento que no se aborda ni como hipótesis, pero «todo se andará», dijo un alto cargo del PP.

La carta enviada a los 947 alcaldes de Cataluña es otra prueba de que el Gobierno no va a dejarse nada en el tintero. En la misiva se recuerda a los regidores que no pueden colaborar con la consulta so pena de incurrir en delito por vulnerar la Constitución y el Estatuto catalán. Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado amenazó con querellas criminales y peticiones de cárcel para los cargos públicos del rango que sea que cooperen con la consulta del 1 de octubre. El Constitucional, a su vez, admitió los cuatro recursos planteados por el Gobierno contra la ley del referéndum, la convocatoria de la consulta, las normas complementarias de la votación y la sindicatura electoral, lo que implicó su paralización ni 24 horas después de haber sido aprobadas.

Una respuesta que no sorprendió lo más mínimo en la Generalitat, que además trató de aprovecharla para denunciar «la opresión» de España sobre Cataluña. El portavoz gubernamental y consejero, Josep Turull, declaró que estas medidas evidencian que existe «un estado de sitio encubierto», un argumento no utilizado hasta ahora para compactar las filas secesionistas. Toda la batería de iniciativas legales, prosiguió el consejero, «no altera nada» los planes de Puigdemont y las fuerzas soberanistas. «Ya puede tronar, nevar o hacer mucho viento», que la consulta del 1 de octubre se llevará a cabo, se mostró convencido Turull.

Pendientes de Ada Colau

Pero la impasibilidad del Ejecutivo de Puigdemont ante la respuesta del Estado también camufla una preocupación, la respuesta de los alcaldes a la carta que enviaron ayer el presidente y el vicepresidente de la Generalitat para que colaboren en la consulta. No tanto porque la contestación vaya a ser negativa, algo muy improbable por la mayoría de regidores son soberanistas, sino por la postura que adopte la alcaldesa de Barcelona. Hasta el momento, Ada Colau ha tenido una posición poco definida, como la de su partido, Catalunya en Comú, con el proceso soberanista.

Una negativa de la regidora de la capital catalana a colaborar con la cesión de locales municipales para la celebración de la consulta sería una estocada para los planes de la Generalitat. Colau, para desesperación de los soberanistas, mantiene la incertidumbre y gana tiempo ante la carta de la Generalitat, texto que ha puesto en manos del secretario del Ayuntamiento para que analice la legalidad de facilitar locales públicos para la votación del 1 de octubre.

Un referéndum con baja participación en Barcelona, donde residen dos millones de personas, no pasaría de ser una votación casi centrada en localidades del mundo rural. Sobre todo porque los alcaldes de Tarragona y Lleida, ambos socialistas, anunciaron ayer que no permitirán la colocación de urnas en sus instalaciones.

Hoy. 08.09.2017. SECESIÓN DESBARATADA Los responsables del proyecto independentista sabían que sus propósitos quedarían en suspenso por su flagrante ilegalidad

El tono grave y decidido que el presidente Rajoy empleó ayer para dirigirse a los ciudadanos, y también a la mayoría que controla las instituciones de la Generalitat, fue la respuesta que cabía esperar del Gobierno tras lo sucedido la víspera en el Parlamento de Cataluña. La impugnación ante el Constitucional de todas las resoluciones adoptadas para un referéndum ilegal, tanto en la Cámara autonómica dirigida por Forcadell con Corominas, como por el Consejo Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont, se daba por descontada. La resolución adoptada por el TC es definitiva en todos sus extremos. La ostentación del desprecio a la legalidad constitucional y estatutaria reclamaba la anulación inmediata de todo el andamiaje secesionista. El independentismo se ha recreado en la ilusión de que sus decisiones irían siempre adelante, considerando que las resoluciones contrarias del TC se quedarían en papel mojado frente a la resuelta disposición de ‘un pueblo en marcha’. El manejo privativo del poder autonómico como palanca para desbordar el propio cauce estatutario confería a esa ilusión un cierto halo de materialidad. Las imágenes palaciegas del secesionismo permanentemente reunido, compareciendo ante los medios y concitando el apoyo de numerosos cargos institucionales, aportaban verosimilitud al ‘mantra’ socializado de que todo sería distinto tras el referéndum. Sin embargo, es imposible que los responsables últimos de la edificación del proyecto independentista no supieran que sus pretendidos cimientos para una república catalana quedarían en el aire, al descubierto, una vez que el Tribunal Constitucional echara por tierra su validez jurídica. Aunque el presidente Puigdemont tratase de poner al TC fuera de juego, en su comparecencia nocturna del miércoles, la Ley y su aplicación no son resortes que el Estado constitucional activa a última hora; son compromisos de convivencia a los que se atiene la mayoría de los ciudadanos y la mayoría de los funcionarios públicos, por convicción. El referéndum anunciado para el 1 de octubre no se va a celebrar. Pero no porque así lo haya establecido Mariano Rajoy. No se va a celebrar porque, frente a la obcecación secesionista, hay una mayoría social crítica en Cataluña que valora más las bondades de un sistema imperfecto, e incluso insatisfactorio, que las promesas de la temeridad a ultranza. Forman parte de esa mayoría social crítica con la efervescencia independentista los alcaldes que se atendrán a la legalidad, los funcionarios que se negarán a obedecer requerimientos contrarios a sus obligaciones de servidores públicos y, sobre todo, los ciudadanos que esperaban una mínima rectificación moderadora de las ansias secesionistas al abrigo del poder autonómico.

INDEPENDENTISMO EXCLUYENTE. El discurso rupturista que justifica forzar las normas de la autonomía catalana para deshacerse de la contestación interna a cuenta de la cerrazón de los poderes centrales del Estado se vino abajo el miércoles por los modos empleados, sin ningún miramiento, para acallar a los demás. El independentismo gobernante se retrató minuto a minuto en su aversión al pluralismo; en su vindicación de una identidad excluyente de lo catalán. Pero el canto final de ‘Els segadors’ por parte de quienes permanecieron en la sala de plenos no puede ocultar, entre otras cosas, que las instituciones de la Unión Europea denuestan la flagrante vulneración de la legalidad constitucional de uno de sus países socios, que es España. La sentencia del TC pone punto final a la fábula de un independentismo europeísta.

Sur de Málaga. 08.09.2017. Derecho y Política en Cataluña. La actitud que vienen observando los poderes públicos catalenes puede sin la menor hipérbole, dicho sea en estrictos términos jurídicos, calificarse de sediciosa

AUTOR: Juan Manuel Alegre Ávila, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y ex-Letrado del Tribunal Constitucional

Diario Montañez. Juan Manuel Alegre Ávila 

Huffpost 08.09.2017. Cataluña, al límite del derecho

Julio González García Catedrático de Derecho administrativo. Director del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid

Página Personal de Julio González García

España está destinada a un choque institucional en el próximo mes, cuyos efectos traspasarán el referéndum de Cataluña del 1 de octubre, su celebración y su resultado.

 Pese a la opinión negativa del Consejo de Garantías Estatutarias, se ha admitido a trámite y votado la proposición de “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” que han presentado las CUP y Junts pel Si que pretende resolver el tránsito a la independencia una vez celebrado el referéndum y obtenido un respaldo suficiente por parte de la ciudadanía catalana. Con posterioridad al debate, se firmó la convocatoria del referéndum que se realizará en el increíblemente plazo breve de menos de un mes.
Por su parte, desde la Moncloa la respuesta ha ido, como suele ser habitual, por el anuncio de los correspondientes recursos y denuncias ante la Fiscalía. Las idas y venidas veraniegas sobre la aplicación del artículo 155 dentro del Partido Popular nos depararán material suficiente en ese mes.

El problema que hay es que, de entrada, el Gobierno de Rajoy ha planteado hasta el día de hoy la reivindicación del referéndum catalán como una cuestión jurídica, como si se tratara de un recurso contra la calificación de un Registrador de la Propiedad. Más aún, durante la tramitación del Estatuto de Autonomía se ausentó en el Parlamento catalán y su respuesta consistió en la interposición del recurso de inconstitucionalidad que concluyó con la sentencia que ha generado tantos problemas. Desde 2012 su única respuesta ha sido jurídica, con recursos sucesivos que, pese a haberlos ganado, no han hecho sino incrementar el problema político.

 La cuestión catalana no es un problema jurídico

En su momento, Rubio Llorente reconocía tanto la dificultad de hacer un referéndum como la conveniencia de alterar el ordenamiento jurídico para que pudiera ser posible. El artículo que publicó en EL PAIS en 2012 (cuando todo estaba empezando y el Estado tenía unas cartas mucho mejores que las actuales) lo describía con precisión:

La Generalidad de Cataluña no puede convocar un referéndum, pero nada le impide pedirlo e incluso colaborar en su convocatoria. De acuerdo con la Constitución, esta ha de ser hecha por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización de las Cortes, que en el presente caso ha de ir enmarcada en un conjunto de normas que den respuesta a las muchas cuestiones que no la tienen en la Ley Orgánica sobre modalidades del referéndum, que no contempla una modalidad de esta naturaleza. Hay que precisar, entre otras cosas, cuál es la mayoría indispensable para considerar aprobada la propuesta, quiénes pueden votar, cuál será la circunscripción (única o provincial) en que se hará el escrutinio, cuál el contenido de la pregunta que se formula y cuál el procedimiento a seguir en caso de que sea aprobada.

Y hay que saber qué mayoría hace falta y si es sobre censo o votantes o aspectos que ahora son relevantes como el plazo entre la convocatoria y la consulta y los mecanismos de participación y debate. Dependiendo del resultado, habría que determinar ciertas cuestiones de forma consensuada y aplicando el sentido común para no caer en las leyes de la estupidez humana de las que nos habló Miguel Presno hace algunos meses.

El derecho y los límites que marcan a los particulares y a los poderes públicos no pueden obviar la función central que tiene de cauce para la resolución de conflictos, como el que ahora tenemos en aquella Comunidad autónoma. Cuando el derecho no encuentra solución para resolver un problema estructural, como es el catalán, es que nos encontramos ante los límites del derecho, ante su propia incapacidad para la resolución de una controversia. Y ahí o hacemos algo (cambiar el derecho, lo que en nuestro caso será cambiar la Constitución) o el conflicto se habrá enquistado, política y socialmente, que es lo que está ocurriendo ahora. Por ello, lo planteado en su momento por Rubio, el cambio del ordenamiento jurídico para encontrar una solución política, es lo más razonable. Dicho de otro modo, un cambio constitucional.

Porque ¿ofrece alguna solución el ordenamiento jurídico que resuelva la cuestión política que seguirá estando ahí? Aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la Comunidad autónoma catalana será la noticia más desastrosa para el propio Estado, que garantizará una mayoría absoluta y con una participación mayor el día que se vuelva a reconstituir.

La Política tiene que servirnos para solucionar un problema que está condicionando políticamente la vida en España en los últimos diez años y que amenaza muy seriamente con enturbiar la convivencia social.

¿Aplicar tipos penales por mantener una posición política de carácter independentista? En mi opinión, una solución muy defectuosa sería crear mártires políticos en los dirigentes a los que se condene penalmente. O, en el mismo sentido, declarar el estado de excepción en Cataluña no parece que sirva para eliminar el deseo de votar sobre la independencia.

La continuación del proceso y una hipotética mayoría del sí a la independencia en el referéndum tampoco resultará muy relevante salvo que sea contundente y haya una altísima participación. Podría ocurrir que la proclamación unilateral de la República Catalana no tenga reconocimiento internacional y que las instituciones de España siguieran funcionando tal cual -o al menos aparentando- el día 2.

El recordatorio de que hay que hacer política no es baladí. Y hacer política no consiste en las declaraciones altisonantes que de forma reiterada vemos en los medios de comunicación.

El recordatorio de que es el Gobierno central el que tiene más obligaciones para solucionar el problema no es gratuito teniendo en cuenta que ciertas competencias constitucionales las tiene él y sólo él. La política tiene que servir para gestionar un marco de convivencia que resulte satisfactorio y que hoy ha padecido mucho. La política, la que debería haberse hecho desde hace años en la Moncloa, tiene que servir, entre otras cosas, para conseguir que parte de los catalanes que se han separado de España puedan volver a ella. Pero, sobre todo, la Política tiene que servirnos para solucionar un problema que está condicionando políticamente la vida en España en los últimos diez años y que amenaza muy seriamente con enturbiar la convivencia social.

Editorial | Hacia la autocracia (28 agosto)

La proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana presentada ayer al Parlament por el bloque secesionista es una norma de abrupta ruptura con apariencia de ley fundamental provisional, radicalmente anticonstitucional y antiestatutaria.

Editorial | Irresponsabilidad (8 agosto)

La cuestión de fondo que debe plantearse Podemos es si tiene o no un discurso y un plan para Cataluña. No es lo mismo defender un referéndum acordado que llamar a participar en una votación convocada unilateralmente y sin ningún tipo de garantías como la que propone hoy el presidente catalán.

Editorial | Contra el Parlament (2 agosto)

Es significativo que todos los parlamentarios secesionistas firmen las leyes de desconexión. Aparenta fuerza; pero esconde desconfianza e inseguridad. Sirve para que todos se vigilen entre sí, no sea que alguno desfallezca, como sucedió con varios consejeros, y haya que purgarlo, algo más arduo con un diputad

Editorial | Democracia y diálogo (23 julio)

Es evidente que solo el diálogo resolverá la situación actual. Pero la excepcionalidad en que el procés ha sumido a los catalanes y a la democracia española no posibilita ahora mismo un pacto fértil, ni siquiera una negociación útil para balizarlo.

Editorial | Miedo en Cataluña (15 julio)

Hay miedo en Cataluña. Pero no un miedo general ciudadano, aunque a medida que se radicaliza el procés soberanista crece la inquietud por su deriva autoritaria y desestabilizadora. El miedo anida en la cúpula secesionista.

Editorial | Ley fraudulenta (5 julio)

La “ley del referéndum de autodeterminación” presentada por los dos grupos secesionistas de la Cámara catalana es un fraude. Una presunta norma, carente por completo de estatuto jurídico parlamentario. Ni es borrador, ni es proyecto, ni es moción. No es nada más allá del vacío, al menos de momento. ¿A quién se pretende obligar con una norma que se disfraza y esconde para no ser tal?

Editorial | Secesión autoritaria (3 julio)

Según la última versión de la ley de ruptura (oficialmente: “Fundacional y de transitoriedad”) desvelada por EL PAÍS, el referéndum abriría un proceso constituyente, para desembocar en una Carta Magna redactada de modo irregular. La propuesta es disparatada. No solo viola el actual ordenamiento. Conculcaría también, dictatorialmente, los derechos de los ciudadanos de Cataluña: el Parlamento constituyente, elegido en el vacío (¡no hay ley electoral propia!), no sería libre de redactar una Constitución a su libre albedrío.

Editorial | Se equivoca, señor Puigdemont (9 junio)

Descartado ya oficialmente el objetivo de un referéndum independentista pactado, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la fecha y pregunta del referéndum unilateral ilegal que pretende convocar. Apelamos a su responsabilidad y le pedimos que no rompa la convivencia democrática.

Editorial | Fiasco secesionista (7 junio)

La cumbre del Pacto Nacional por el Referéndum que agrupaba a la Generalitat, a los secesionistas favorables a la ruptura unilateral, a los partidarios de una consulta legal pactada y a otras muchas entidades fracasó con estrépito. No por ello ha quedado menos claro que el secesionismo, minoritario socialmente, se ha quedado políticamente aislado. Sin alianzas. Ni externas ni internas.

Editorial | Restaurar la racionalidad (4 junio)

Ante el golpe antiestatutario en marcha, urge un golpe de timón a cargo de las fuerzas catalanas para sustituir la actual dinámica de choque por otra de pacto, Asegura Puigdemont que mantiene su compromiso de retirarse en breve. ¿Con la responsabilidad de legar una derrota autoinferida, una situación inmanejable y una desafección de aquellos a los que su partido ilusionó con sueños?

Editorial | Que actúen las cortes (24 mayo)

La cuestión catalana se ha convertido, como nunca, en el primer problema político español. Como tal debe enfocarse. Y por tanto las instituciones comunes deben implicarse en su resolución. Si el Gobierno es incapaz de hacerlo, la responsabilidad recae en el Parlamento.

Editorial | Fraude secesionista (23 mayo)

Esa ley de ruptura es jurídicamente un dislate y un fraude. Pretende regular una “transición” y se autodenomina “fundacional”: términos antitéticos. Es una ley ordinaria que busca derogar la máxima norma catalana (el Estatut) y española (la Constitución) sin siquiera atender el requerido quorum reforzado previsto para reformas estatutarias menores. Cualesquiera que sean la viabilidad o imposibilidad de sus propuestas —hay de todo—, el Gobierno no debe parapetarse en la inacción.

Editorial | Parlament secuestrado (12 mayo)

Hasta hace poco el Parlament era bastante eficiente y progresista. A cada nuevo paso, el secesionismo va adoptando pautas propias del populismo extremo y autoritario. Se apresta a cambiar el reglamento de la Cámara para hurtarle el debate sobre la ley de desconexión exprés.

Editorial | El ‘procés’ amenaza (26 abril)

A medida que se acerca la fecha de la autoconvocatoria de un referéndum ilegal, el procés soberanista catalán extrema sus aristas más autoritarias. Y se olvida de la prometida “revolución de las sonrisas” emprendida “con ilusión” por tantos ciudadanos de buena fe.

Editorial | Cataluña, final de etapa (16 abril)

El plazo de 18 meses preconizado por el secesionismo en el poder para culminar la legislatura catalana ha sido sobrepasado: igual que las fechas de 2015 y 2016 antes previstas para la independencia. Y los preparativos del referéndum unilateral —el que bajo la retórica pactista se propone— son tan débiles como estéril el balance legislativo y de gobierno del periodo. Todo pespuntea un final de etapa.

Editorial | Autogolpe en Cataluña (8 marzo)

Los guardianes del Estatut quieren ejecutar el autogolpe al Estatut en silencio, por sorpresa, contra sus propias promesas de transparencia, respeto a la legalidad y compromiso de contar con la mayoría social. Esa proclamación de una República “de derecho” catalana que se pretende realizar cambiando el orden del día de una jornada parlamentaria.

Editorial | Golpe parlamentario (1 marzo)

El secesionismo catalán busca legitimidad en el desprecio a la calidad de la democracia española. Olvida que esta está solemnemente homologada con las democracias más avanzadas; que CiU ha sido el tercer grupo en presencia parlamentaria e influencia de la misma; que la Generalitat es sustancia clave de esa democracia.

Catalunya09/09/2017 ABC, por José María Carrascal

Escrito del Secretario de Estado para las AA.PP, dirigido a los secretarios e interventores de todos los municipios de Cataluña

El IMparcial 07.09.2017. Maza ordena a los Mossos requisar las urnas y la papeletas. La Fiscalía se querellará contra los miembros del Gobierno catalán. El fiscal general de Estado, José Manuel Maza, ha instado a las fiscalías catalanas a investigar con apoyo de las Fuerzas de Seguridad toda actividad relacionada con la organización de la consulta ilegal. Asimismo ha informado de que la Policía Judicial, en la figura de los Mossos d’Esquadra, podrá intervenir todo efecto o instrumento que lleve a preparar o celebrar el 1-O.

Vox Populi. 08.09.2017. Interior ordena a las unidades de orden público de la Guardia Civil que estén operativas La Dirección General de la Guardia Civil ha establecido que el personal de la Agrupación de Reserva y Seguridad tiene que estar en activo desde el 13 de septiembre.

Una nueva “semana trágica en Barcelona”, pero en 2017 06/09/2017

El problema catalán y el problema de los catalanes 09/09/2017

La Gaceta Europea. 09.09.2017. Cientos de anarquistas de toda Europa llegan a Cataluña para participar en la agitación callejera que se prepara con motivo del 1 de octubre

 La ley de rabassaires, por Joaquín Ramírez en Diario Sur, edición de 10.09.2017 10/09/2017

 Mejor el 155 que el 116, por Pedro Moreno Brenes en Diario Sur de 10.09.201710/09/2017

Objetivo del Gobierno: evitar un muerto antes del 1-O, por Jesús Cacho 11/09/2017

 XL Semanal. Arturo Pérez Reverte. España es Culpable. 10.09.2017

El Semanal Digital. 11.09.2017. Eligio Hernández. La falacia del derecho a decidir. Ninguna Constitución democrática del mundo reconoce el llamado “derecho a decidir”, solapado en el derecho a la autodeterminación, que sólo se podrá reconocer mediante una reforma constitucional que exige para su aprobación una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, conforme al art.167.1 de la Constitución Española. Aunque Cataluña lograra hipotéticamente la independencia, no sería reconocida ni por la ONU ni por la Unión Europea El derecho a la autodeterminación externa, esto es, a la secesión o a la independencia, no tiene cabida en el marco constitucional de la Constitución de 1978. La Comisión Constitucional en la que se discutió el Titulo VIII de la Constitución rechazó por todos sus miembros la enmienda que pretendía la introducción en dicho Título del derecho de cualquier Comunidad Autónoma a la autodeterminación entendida como secesión, propuesta por Letamendía, diputado de HB, con la excepción del diputado del PNV, Marcos Vizcaya, que defendió su voto afirmativo “como tal derecho retórico”, pero que no deseaba que tal derecho se incluyese en la Constitución. De Canadá a Escocia Los ponentes catalanes de la redacción de la Constitución Jodi Solé Tura y Miguel Roca no plantearon nunca el reconocimiento del derecho a la autodeterminación en la Constitución, que fue votada por la inmensa mayoría de los catalanes. No tiene cabida la autodeterminación en el derecho internacional, que sólo la ha contemplado en los procesos de descolonización al amparo de las Declaraciones de la ONU sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se recoge el derecho de autodeterminación de los grupos minoritarios a separarse de la entidad política superior si los derechos humanos de los mismos son denegados, pero declara terminantemente que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Tampoco tiene cabida la autodeterminación en los Tratados de la Unión Europea, como ha demostrado el catedrático de Derecho Internacional Manuel Medina Ortega en su reciente libro “El derecho de Secesión en la Unión Europea”. En el caso de que se llegara a producir la independencia de una parte del territorio de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, ésta se vería obligada a seguir el procedimiento de admisión previsto en los Tratados que requiere la unanimidad de los Estados miembros, incluido el voto del Estado matriz. En conclusión: aunque Cataluña lograra hipotéticamente la independencia, no sería reconocida como Estado ni por la ONU, ni por la Unión Europea, ni siquiera como Estado tercero respecto de ésta. Desde su fundación en 1945, como ha recordado el historiador Angel Viñas, la ONU no ha admitido ningún nuevo Estado fuera de los casos de descolonización. Falsear la historia Los teorizantes independentistas catalanes han pretendido, demagógicamente, y falseando la historia, justificar la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña, en los referendos celebrados sin éxito por Quebec y Escocia. En cuanto a la llamada “Ley sobre la Claridad”, aprobada por la Cámara de los Comunes canadiense en el año 2000, basada en un dictamen consultivo emitido por el Tribunal Supremo de Canadá en respuesta a una pregunta del Parlamento federal sobre si una hipotética secesión unilateral de la provincia de Quebec sin el consentimiento de Canadá sería contraria, por un lado, a la Constitución y, por otro, al derecho internacional, el 20 de agosto de 1998; la Corte Suprema concluyó que: Quebec no tiene el derecho a separarse unilateralmente por la legislación canadiense o internacional, y confirmó que el Parlamento de Canadá tendría la facultad de determinar si la pregunta del referéndum sería lo suficientemente clara para provocar dichas negociaciones. Dicha Ley de Claridad establece que la Cámara de los Comunes de Canadá tiene el poder de decidir si la pregunta del referéndum de un hipotético proceso de secesión es clara antes de ser sometida a votación; la facultad de determinar si una clara mayoría se habría producido en un referéndum, lo que implicaría que algún tipo de mayoría reforzada sería necesaria para considerar que el resultado del referéndum habría sido favorable a la secesión; y también tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la Ley de Claridad, lo que exige que la secesión de una provincia de Canadá requiera una enmienda a la Constitución de Canadá. No son parecidos Después de la entrada en vigor de esta ley, Quebec no ha vuelto a plantear la celebración de un nuevo referendum de independencia. Es evidente que los independentistas catalanes no se someterían a esta ley. El Reino de Escocia, que mantuvo con Inglaterra dos guerras de independencia entre finales del siglo XIII y la segunda mitad del siglo XIV, fue un estado independiente hasta 1707, fecha en la que se firmó voluntariamente el Acta de Unión con Inglaterra, para crear el Reino de Gran Bretaña.

 ACTUALL. 12.09.2017

(Manifestantes con banderas independentistas de Cataluña celebran este lunes en Barcelona la Diada o Fiesta Nacional catalana, días después de que el Parlamento autonómico haya aprobado la ley del referéndum de autodeterminación y presidente del Govern lo haya convocado para el próximo 1 de octubre, una decisión suspendida por el Tribunal Constitucional.– Fotografía: Alberto Estévez / EFE)

Los independentistas consiguieron llenar el centro de Barcelona este lunes, con motivo de la Diada, o Fiesta Nacional de Cataluña. Fue la multitud rebosante de esteladas (banderas independentistas) que el presidente Carles Puigdemont y sus socios de la CUP esperaban para sentirse legitimados al convocar el referéndum del próximo 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que hará todo lo posible para facilitar que los catalanes voten el próximo 1 de octubre.

El director de ActuallAlfonso Basallo, se pregunta “¿De quién es la culpa de la crisis catalana?”, y observa: “Está en marcha el mayor desafío a la unidad de España desde la época de la II República, con imprevisibles consecuencias”.

Javier Villamor Cantera te cuenta en Actuall el penúltimo cambio de opinión de la alcaldesa. Su socio en Madrid, el líder de Podemos Pablo Iglesias, ha participado en los actos de la Diada, donde ha proclamado: “¡Visca Catalunya lliure i sobirana!” (“¡Viva Cataluña libre y soberana!”).

El presidente Puigdemont, en su discurso televisado con motivo de la Diada, proclamó que solo obedece al Parlamento de Cataluña y que ni el Tribunal Constitucional, ni el Gobierno, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán impedir que se celebre la consulta. Más de la mitad de los ayuntamientos de Cataluña han acordado ofrecer espacios municipales para instalar las urnas.

El presidente Mariano Rajoy, por su parte, ha vuelto a insistir en que el referéndum no se celebrará. La Guardia Civil ha registrado una imprenta y la sede de un semanario en busca de las papeletas del referéndum. Si finalmente no evita que se celebre el referéndum, al presiente Rajoy no le quedará otra opción que dimitir, según La Vanguardia.

Candela Sande se aproxima a la crisis con una hipótesis diferente. Lo de Cataluña “solo puede resolverlo una persona poco práctica”.

En fin: el famoso choque de trenes ya está aquí, con estrépito.

Nadie sabe lo que ocurrirá el próximo 1 de octubre. Qué más da. Lo que tenía que pasar, ya ha pasado durante los últimos treinta y cinco años: inmersión cultural en el nacionalismo, incomparecencia del Estado en Cataluña, excepto los días de cobro de impuestos. La multitud de la Diada es tan clamorosa como el silencio de los que no han hecho nada por evitar llegar a esto.

++++Con voz propia: “Cuando los fines justifican los medios, cuando las garantías para la formación de la voluntad popular desaparecen, cuando el deseo político desprecia al deber legal, cuando la ley existe sin democracia o la democracia sin ley, cuando la masa dominante amenaza tus derechos, cuando la soberanía se compartimenta, lo que está en juego es, sencillamente, la democracia. Por ello, frente a ‘referéndum o referéndum’, solo cabe ‘democracia o democracia’.” [Agustín García Inda, “¡Es la democracia, idiota!”, en Hoy Aragón, 9 de septiembre de 2017]

++++Qué puedes hacer por la unidad de España: Hay dos peticiones activas en CitizenGO.org a favor de la unidad y de la Constitución. Con la iniciativa ‘Septiembre por España’, puedes apoyar que se coloquen banderas de España en los balcones y ventanas de las viviendas, en todas las ciudades. Puedes firmarla aquí. Hay activa, además, otra recogida de firmas de HazteOir.org. Es para pedir que ilegalicen a los partidos políticos independentistas que están organizando el referéndum del próximo 1 de octubre. Puedes unirte aquí.

 Ok Diario. 12.09.2017. El imputado por imprimir papeletas del referendum ilegal de Cataluña es padre de una diputada de la Diputación de Barcelona

Todo Radio. 12.09.2017. Borrell. BORRELL:”Los independentistas están intoxicados con mentiras sobre las ventajas de la independencia”

Ok Diario. 12.09.2017. Interior envía cerca de 900 guardias civiles a Cataluña y advierte al Gobierno que se preparan disturbios para el día 1 de octubre

sOL dIGITAL. 13.09.2017. editorial: Los españoles contra el golpe de Estado en Cataluña. Los separatistas catalanes perpetraron la pasada semana en el Parlamento su último atentado a la democracia española, saltándose la Constitución y dejando expedita la vía al referéndum secesionista. Llegados a este punto hay que perder cualquier complejo en la actuación contra estos presuntos delincuentes, algunos ya condenados por la pantomima del 9N de 2014. Si la ciudadanía española no recibe un mensaje claro de que el Estado se vuelca en la defensa de la ley, ¿qué puede esperar de su Gobierno y de la clase política en general que administra los asuntos públicos? El actual estado de cosas en Cataluña es producto de una larga lista de desaciertos que comienzan, y hay que decirlo, desde el mismo momento del Estado de las autonomías, aprovechado por los nacionalistas, después reconvertidos en separatistas, para avanzar en un camino inequívoco que ahora ven algunos en su ensueño como el final. En este propósito, que Cataluña tenga las competencias en Educación significa ni más ni menos dos cosas: que se ha “educado” a los niños y jóvenes que viven en Cataluña en el odio contra España y que se ha privado de la enseñanza en español, un derecho fundamental, a millones de estudiantes. Así las cosas, y al no tratarse este cáncer más que con aspirinas, llega la hora de entrar en quirófano y creemos que el Gobierno necesita de todo el respaldo posible de los españoles, al que deben sumarse todas las fuerzas políticas, empresariales, sindicales, culturales y de todo orden para las que la palabra España signifique algo más en nuestras vidas. La hora presente, junto al intento fallido de golpe de Estado de Tejero en 1981, es con toda seguridad la más trascendente que vive España, bueno es decirlo porque este nuevo golpe de Estado debe encontrar toda una nación dispuesta a pararlo en seco. Salvo que tiremos la toalla en este mismo momento, tras el 1-O hay que ponerse manos a la obra en una distinta configuración autonómica para no alimentar más la serpiente secesionista; las competencias en Educación, entre otras, deben ser asumidas por el Estado para garantizar que los españoles catalanes se educan como los de Málaga o Vigo. Lo que no debería hacerse, bajo ningún concepto, es morder la manzana que ya ha sido tendida en la mano de Pedro Sánchez de una reforma de la Constitución y del Estado para calmar a los separatistas ofreciéndoles más poder. Sería el fin. Un fin imperdonable.

La Vanguardia. 12.09.2017. Trapero traslada a los Mossos la orden de impedir los preparativos del 1-O.La notificación interna no especifica instrucciones concretas para dar cumplimiento al mandato de la Fiscalía

El País. 12.09.2017. El verdadero problema catalán Si nuestros males vienen de España, las soluciones, naturalmente, requieren menos España. Ese es el discurso del independentismo y el resultado es una sociedad rota. Y es así porque su proyecto asume la exclusión como principio regulador. Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona.

¿Arde Cataluña?, por Jorge Hernández Mollar 13/09/2017

Declaraciones de Pilar Casanova sobre su antepasado “héroe de la idea de independencia de Cataluña” 14/09/2017

La Patraña, por Joaquín L. Ramírez, en Diario SUR de 17.09.2017 17/09/2017

Ideas. 17.09.2017. Carlos Carnicero. Moncloa maneja bien la ley, pero los independentistas tienen el relato. La maquinaria judicial de Moncloa está engrasada. Funciona con rima asonante en respuesta instantánea a cada nuevo acto de los líderes golpistas. En ese aspecto, presumen en Moncloa y además da la sensación de que es así, tienen controlados los tiempos y las respuestas. ¿Y el relato? Todo lo que ocurre en Cataluña está soportado por un relato que se ha impuesto en una gran parte de la sociedad movilizada permanentemente detrás de unos mitos, un enemigo y una ensoñación. Son emociones. No sirve racionalizar porque lo importante no es que el relato se sujeta a hechos ciertos; su triunfo es que los han hecho creíbles. Solo se admite lo que encaja con los objetivos y se deshecha, por muy evidente que sea, lo que supone un obstáculo. No es fácil oponerse a esta marea porque el torrente no tiene muros de contención. Hay miedo. Falta coraje porque probablemente los ciudadanos que no están abducidos por ese relato no se sienten protegidos por otro. En la sociología y la ciencia política moderna, “relato” es la narración ordenada y novelada de los hechos que se quiere imponer como innegables para conseguir su dominio en la sociedad. Un relato requiere conflicto y antagonismo; valores emocionales; escenificación de liderazgo, mitos, argumentos instalados en la cultura popular y, sobre todo perseverancia en un guion que desecha las más crueles evidencias que no son favorables. Quien gana el relato gana la partida. Ahora mismo solo queda el recurso a la aplicación de la legalidad y la ley sin complejos. La historia está llena de ejemplos de relatos disparatados, increíbles y perversos que se adueñaron de las sociedades. Adolf Hitler consiguió imponer un relato que causó, probablemente, la mayor catástrofe de la humanidad. Sus elementos eran muy simples. Un pueblo humillado, una raza superior, unos enemigos externos y el derecho a expandirse para conseguir su espacio vital. En una reciente entrevista radiofónica en la Cadena SER, Pepa Bueno lanzó una súplica a su entrevistado, Oriol Junqueras: “tratemos de mantener una conversación de adultos”. No sirvió para nada. Sencillamente el líder de Esquerra Republicana se aferró al relato. Oriol Junqueras afirmó una y otra vez que Cataluña se rige por la legalidad internacional. Y no se apeó de eso. El relato construido les exige hacer abstracción de la realidad y solo tener en cuenta lo que pueda soportar la realidad que han construido. Hay que reconocer la imposibilidad de tener una conversación desde los mínimos parámetros de lealtad intelectual con estos líderes. No responden a nada que les incomode y afirman los mayores disparates sin inmutarse. No se les puede ganar con la palabra. En el mitin de Tarragona, los entertainers jugaban con el público. “¿Dónde están las papeletas?” La táctica no solo es vulnerar la ley. Se ríen del gobierno, de los representantes legítimos del estado, de los periodistas. Se ríen de todos porque apuestan para que sus seguidores se crean que tienen impunidad. Negar la evidencia –tendrán que salir de la Unión Europea- es una posición en la que se sienten confortables. Con el referéndum ilegal convocado, Carles Puigdemont escribe al Rey y a Rajoy para negociar una fecha para el referéndum ilegal. Y parece que no nos escandalizamos de ese acto supremo de cinismo. Cuentan con un apoyo inestimable de una legión de bienpensantes. Intelectuales y periodistas que no hacen un diagnóstico exacto de lo que está pasando porque sencillamente no les conviene. Y pretenden entender en parte las razones de los sediciosos sencillamente porque les han comprado una parte del relato. Constantemente demuestran complejo en aplicar la receta imprescindible: frente a un intento de subvertir el orden constitucional, la respuesta solo puede ser la aplicación de la ley sin complejos. El soberanismo cuenta con bienpensantes, intelectuales y periodistas a los que nos les conviene decir qué está pasando La preocupación de Moncloa por carecer de un relato convincente frente al secesionismo no tiene solución fácil porque un relato no se improvisa. Necesita tiempo. Y aunque no es hora de reproches, jamás ha habido preocupación de tener un relato porque se confiaba exclusivamente en tener la razón que imprime respetar la ley en un Estado democrático. Desmontar las mentiras instaladas no se improvisa. De nada sirven balanzas fiscales frente al victimismo de que España nos roba. Imposible razonar sobre la falacia del derecho a decidir, sobre el aserto que votar no puede hacer daño. Sobre la pretendida realidad de un derecho internacional que en abstracto –no se molestan en detallar y formular ese derecho- sostiene la legalidad y la legitimidad de vulnerar la Constitución y el Estatuto y la aplicación de una ley para un país independiente que ni siquiera se ha proclamado incluso según las normas que ilegal e ilegítimamente se han dotado. Es tarde para construir un relato alternativo. No nos enfrentamos a una banda de desarrapados. Manejan, han manejado, poder y presupuestos. Distribuyen con generosidad a los sumisos y castigan a los que no lo son. Se ha tejido una trama de silencio cómplice que ya no se va a pronunciar. El problema para el Gobierno es que, al margen del 1-O, construir un relato lleva mucho tiempo Todos estos asertos nos llevan a una conclusión indiscutible. De aquí al 1 de octubre solo cabe apoyar la firme acción del gobierno y las instituciones para frenar a los golpistas. Cualquier perjuicio consecuente con esa decisión será mejor que el triunfo de los golpistas. A favor, el apoyo leal del PSOE y de Ciudadanos al gobierno en sus planes contra la sedición. Haría falta que los españoles se empezaran a involucrar más en el mayor riesgo para la democracia que hemos vivido desde el 23-F. Construir un relato desde la realidad, la legalidad y el estado de derecho llevará mucho tiempo.

El Mundo. Francisco Rosell. 17.09.2017. Pasear a lomos de tigre. En uno de sus relatos, Rudyard Kipling cuenta el episodio de una sonriente dama de Riga que salió a darse una vuelta a lomos de un tigre y concluyó su paseo con la señora en el vientre de la carialegre fiera. Curiosamente, parecida felicidad irradiaban quienes, en esta Diada, se hacían selfies al lado de Otegi -un tigre al que gusta ahora retratarse acariciando mininos como «hombre de paz»- y en la ciudad de la masacre de Hipercor. En su ingenuidad suicida, la amazona de Kipling personifica el error cíclico de muchos gobernantes que piensan ilusoriamente que se puede resolver el «problema insoluble» del nacionalismo haciendo concesiones. Al contrario, a cada consentimiento, nuevas porfías. Frente a esa fiera en abierta desobediencia e insumisión, cumple la hora de batirse el cobre por parte de un Estado que no puede limitarse a levantar con tomos del Aranzadi una simbólica e impotente Línea Maginot, aquellas fortificaciones infranqueables en la frontera con Alemania que resultaron en la práctica una barra de mantequilla al paso de las tropas nazis. En defensa de la legalidad, debe restablecerse un Estado de derecho seriamente hostigado y burlado, de modo que España toda viva en democracia y con ley, en vez de contra la ley, como si fuera una nación en agitado período constituyente. Ningún pueblo tiene derecho al suicidio porque no se suicida «para él solo», sino que se suicida también «para los demás», como decía Unamuno, y hay que evitar el de Cataluña. Frente al embate secesionista, reforzado por Podemos y por Colau, una vez que a la alcaldesa se le ha caído el disfraz con el que ha reemplazado aquel otro de heroína de cómic, revelando su faz independentista, se arriesga la estabilidad del régimen constitucional. A veces, la paciencia es más poderosa que la fuerza, pero cuando la primera se agota no hay otro camino que recurrir al segundo frente para quienes no quieren obedecer y honrar la ley, refugio de libertad y de seguridad del gobernado. Habiéndose marchado tanto tiempo en dirección contraria, desandar ese camino va a ser arduo. No en vano, a la dejadez del Estado, entregando la educación al nacionalismo para que este adoctrine a las nuevas generaciones en su credo y en el odio a España, se suma la capacidad soberanista para catequizar a una parroquia resuelta a creer las cosas más inverosímiles, cebando la bomba del agravio y el victimismo. Con esas armas, el nacionalismo expande un sentimentalismo tóxico. Esa sentimentalidad obra conversiones sorprendentes: bien de dilectos colaboradores del Fraga de los tirantes con la bandera española y puños dispuestos contra reventadores de mítines; bien de conspicuos franquistas prestos a votar sí con el descaro -a la vejez, viruelas- de un adolescente. Pero, ¿qué se puede esperar cuando casi nadie sabe estar en su sitio en este mundo al revés? Y tanto. Ahí está el presidente de la CEOE, Juan Rosell, desmarcándose de la organización que comanda, indignando a los suyos con su equidistancia entre lo que denomina «sumisión total o independencia». Verdaderamente, como dijo Groucho Marx, Rosell no debía pertenecer a una asociación que no sólo lo admite como socio, sino que lo hace su mandamás. Nunca la ambigüedad habría adquirido tales extremos, sino fuera por aquel «español del año» llamado Jordi Pujol, quien se sirvió de su independentismo pragmático para roer al Estado hasta reducirlo a un cascarón vacío. Ahora se recogen los frutos del germen desintegrador de un nacionalismo que, con las ínfulas de querer regenerar España de la mano de Pujol, busca ahora culminar la empresa emprendida por el molt honorable con doblez bien característica. El nacionalismo no sólo ha pervertido el lenguaje, sino que se siente facultado para erigirse en «Señor del Adjetivo», ese feliz hallazgo de Agustín de Foxá en un artículo -Los cráneos deformados- donde glosa el aserto de un filósofo chino: «Si matas a un hombre, no ha sucedido nada; si alguien te llama asesino, entonces has cometido un asesinato». El Dueño del Adjetivo determina quienes son héroes y quienes criminales, al tiempo que hace enmudecer a sus adversarios Añádanse a esta suma y sigue las ingentes cantidades destinadas a dotarse de «estructuras de Estado» y a abastecer pródigamente los «fondos de reptiles» con los que granjearse el favor de la prensa y municionar plataformas propagandísticas internacionales, secundando la estrategia de Bismarck de sobornar a la prensa durante la guerra prusiana-austriaca de 1866 y que ha creado escuela. Cifras exorbitantes, en definitiva, para propagar la fe en el futuro Estat català y desacreditar la democracia española, reeditando la Leyenda Negra, cuya última entrega en torno a la pérdida de Cuba forjó al nacionalismo previo a la Guerra Civil.Con esos aditamentos, minorías activas y altamente movilizadas del independentismo, encuadradas en organizaciones bien pertrechadas, conforman lo que Elías Canetti denomina «masa de acoso», cuya finalidad es la consecución de un objetivo conocido y que se estima próximo. El encaramamiento de esa «masa de acoso» se ve alzaprimado por la incomparecencia de un Estado que, como el elefante de Kipling, se olvidó de su propio poderío. Su víctima propiciatoria es esa «mayoría silenciosa» no partidaria del soberanismo y a la que se invoca con desespero, pero que ni se expresa ni comparece en el espacio público. Atrapada en una «espiral del silencio» por miedo a apartarse de la opinión dominante para no ser preterida ni excluida, asienta la hegemonía de esas minorías mucho más beligerantes. Merced a ello, la opinión de una parte se toma por voluntad general. En democracia, quien no se expresa no cuenta, es un cero a la izquierda. Políticamente improductivos cual campo en barbecho. Empero, para evitar la apropiación nacionalista de Cataluña y reconducir la deriva separatista, urge la presencia activa de esa «mayoría silenciosa». El silent, no more del ex primer ministro británico Gordon Brown, apelando a la «mayoría silenciosa» en el referéndum de Escocia de septiembre 2014, es una bandera que nadie alza. Por contra, se idean nuevas regalías para curar las heridas tras el 1-O, a modo de bálsamo de Fierabrás, con lo que España parece condenada a que cualquier fracaso del independentismo termine siendo una victoria postrera de éste. Si se gana, porque abre las puertas a nuevos hitos; si no, porque ese objetivo no se borra de la agenda, y, si se impide un referéndum por ilícito, se trabaja por una nueva mayoría en las Cortes que lo posibilite a medio plazo. Por eso, al 9-N y al 1-O seguirá una tercera intentona, confabulados en que a la tercera sea la definitiva. Para que ello se consume, es necesario que esa «mayoría silenciosa» fíe sin remedio la suerte de España a políticos sin convicciones que se repartan sus ropas y echan a suertes su túnica. A este respecto, es tremendamente complicado salvar una civilización cuando ésta cae bajo el poder de los demagogos, como avizoró Ortega. Su estupidez resulta más dañina y letal, si cabe, que las fauces del tigre que montó la sonriente dama de Kipling o la maldad intrínseca de declarados terroristas acariciando gatitos en las redes sociales.

El Confidencial. 20.09.2017. Interior fleta tres cruceros para alojar a los antidisturbios desplegados por el 1-O

El Mundo. 20.09.2017. Interior contrata dos ferrys para los antidisturbios y suspende permisos de policías y guardias civiles

Libertad Digital. 20.09.2017. Mandos de la Guardia Civil piden al Gobierno que asuma el control de los Mossos d´Esquadra

Convoy de la Policía dirección Barcelona

Ok Diario. 20.09.2017. Movilización policial hacia Cataluña

Disturbios en Manresa frente al cuartel de la Guardia Civil

 

Las turbas destrozan vehículos de la Guardia Civil en Barcelona. Registro judicial a la consejería de Economía

La Vanguardia. 20.09.2017. La manifestación a favor del 1-O y contra la actuación de la Guardia Civil desborda el centro de Manresa

Europa Press. 20.09.2017. El jefe de Mossos pide a los agentes ser “especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza”

Agenda Pública. 20.09.2017. DETENCIONES Y REGISTROS EN CATALUÑA, por Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y Analista de Agenda Pública

El Mundo. 21.09.2017. Interior planea sustituir a los Mossos por su pasividad

El Mundo. 21.09.2017. Los últimos guardias civiles atrapados en la Conselleria de Economía logran salir del edificio

El Mundo. 21.09.2017. El juez tuvo que llamar al mayor de los Mossos para ordenarle que garantizara la seguridad de la comitiva judicial

Hoy. 22.09.2017. INDEPENDENTISMO SIN REMEDIO Los promotores de la ‘desconexión’ se aferran a un referéndum imposible; no cuentan con otra alternativa que un 1-O simbólico

ABC. 23.09.2017. Policía y Guardia Civil intervendrá para mantener el orden si los Mossos no actúan El mantenimiento del orden público corresponde de forma prioritaria a los Mossos, pero Interior no tolerará más asedios a las Fuerzas de Seguridad. El ministerio comunica a la Generalitat el envío de refuerzos de Policía y Guardia Civil.

El País. 23.09.2017. La maquinaria de injerencias rusa penetra la crisis catalana La red global que actuó con Trump y el Brexit se dedica ahora a España

Javier Villamor. 25.09.2017. ¿Es pecado el secesionismo? Esto es lo que dice la Doctrina Social de la Iglesia Algunos cristianos se escandalizan de que haya “hermanos” en la fe catalanes que van a misa y que, a la vez, están a favor de la independencia y del referéndum ilegal. ¿Es moralmente rechazable el nacionalismo? ¿vulnera la independencia catalana la justicia, el bien común y la solidaridad?

 A la española, por Joaquín Ramírez en Diario Sur de 24.09.2017 24/09/2017

 El Mundo. 26.09.2017. Niños de la inmersión, fábrica de patriotas. John H. Elliott contaba estupefacto que en una ocasión se puso a conversar con un universitario catalán y el chico se mostró empeñado en convencerlo de que la Guerra Civil había sido un conflicto de España contra Cataluña. Según el hispanista británico, toda una generación «ha aprendido una Historia deformada». Son los jóvenes que han crecido dentro de la llamada inmersión lingüística, un sistema que el nacionalismo -con el argumento de que hay que priorizar el catalán en las aulas porque está en desventaja frente al castellano- ha conducido hasta el extremo y ha retorcido hasta convertirlo en un modelo de exclusión y adoctrinamiento.El separatismo lleva desde los 80 utilizando la escuela para propagar su sentido de patria. Detrás de los niños de Olot, de los adolescentes que estos días faltan a clase para ir a pegar carteles por el 1-O, de esos críos que se manifiestan con esteladas anudadas al cuello, existe todo un proyecto que ha ido expandiéndose mientras los sucesivos gobiernos de la nación -también los del PP- hacían como que no se enteraban.Son muchas las voces que coinciden en que la escuela catalana es un fértil campo de cultivo en el que buena parte de los profesores simpatiza con el nacionalismo. Los directores son nombrados prácticamente a dedo por la Generalitat (fue la Lomce la que dio más poder a la Administración autonómica en las designaciones) y conforman su «guardia pretoriana». Las plazas de inspectores suelen cubrirse por docentes catalanes en comisión de servicio porque hace años que no se convocan oposiciones. La Alta Inspección del Estado tiene un margen limitado de actuación porque no puede entrar en un colegio sin el permiso del Govern. Ni siquiera puede acceder a los proyectos lingüísticos. Por eso, no se garantizan ni el uso del castellano como lengua vehicular de la enseñanza ni la neutralidad política e ideológica en los centros públicos, tal y como denuncia el informeDéficits de calidad democrática en Cataluña, publicado en mayo por Sociedad Civil Catalana.Los librosBasta con recorrer cualquier biblioteca escolar para hacerse una idea de lo que pasa. La de un colegio del centro de Barcelona -de esos que dicen que educan «para que los niños sean felices»- es muy reveladora: en la estantería de Historia de España apenas descansan tres escuálidos libros; hay, en cambio, decenas de volúmenes dedicados a la cuestión catalana.Los libros de texto llevan contenidos irreales que dan a entender que Cataluña es otro país de la UE, sostienen que el Estatut está por encima de todas las leyes y hablan de una inexistente «Corona catalanoaragonesa», como ocurre con manuales de Vicens Vives, Barcanova o Santillana. Las fachadas de algunos colegios lucen con orgullo banderas independentistas y en los patios se ha dado una contundente orden: «Aquí juguem en català». ¿Qué diríamos si en el recreo de una escuela de Lavapiés apareciera un cartel que dijera: «Aquí se juega en español»?Para entender cómo hemos llegado a esto hay que remontarse a 1983, cuando la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña puso los cimientos de un modelo que supuestamente tenía como fin preservar una lengua minoritaria, el catalán, que durante la Dictadura había sido perseguida y silenciada. Había que protegerla y darle prioridad porque, si no, podía perecer aplastada por el castellano.La reivindicación del uso del catalán como lengua vehicular de la enseñanza se fraguó en una serie de escuelas que durante el franquismo habían sido privadas. Las cooperativas de padres o profesores integradas en el CEPEPC eran catalanistas, laicas y mixtas, y utilizaban pedagogías innovadoras, frente a los colegios católicos, castellanos y tradicionales que entonces imperaban en toda España. Desde 1979, la Generalitat fue integrando estas escuelas progresistas en la red pública y convirtió en funcionarios a sus profesores.La esenciaEn una de ellas, la mítica Costa i Llobera de Barcelona, estudiaron varios alumnos que luego se convertirían en altos cargos educativos del Govern, impulsores de una política que hizo de la lengua su columna vertebral. También influyó la Escola Thau, fundada en Pedralbes por el histórico pedagogo Joan Triadú, uno de los referentes intelectuales de Jordi Pujol y de Artur Mas. A partir de ahí fue tomando consistencia esa idea de la lengua como elemento articulador de una nación. «La lengua catalana es el ADN de Cataluña», dejó dicho Pasqual Maragall.En 1990, El País y El Periódico sacaron a la luz el borrador del que iba a ser el programa ideológico de Convergència. Algunos de sus objetivos eran «impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes», «garantizar el perfecto conocimiento de la geografía, historia y otros hechos socioculturales de Catalunya» y «potenciar el uso de la lengua catalana por parte de profesores, maestros y alumnos». Para ello planteaban la «catalanización de los programas de enseñanza», «editar y emplear libros de texto sobre la historia [...] de los Països Catalans», «reorganizar el cuerpo de inspectores» e «incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas». Como ni el PSOE ni el PP pusieron demasiado empeño en frenar estas pretensiones, el proyecto fue avanzando. Uno de los decretos autonómicos de 1992 que desarrollaba la Logse estableció que el catalán «se utilizará normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje». Seis años después, la Ley de Política Lingüística salió adelante sin que José María Aznar, entonces en sintonía con los nacionalistas, hiciera nada por recurrirla ante el Constitucional. En 2010, el TC sentenció que el castellano debía «disfrutar de la condición de lengua vehicular» junto al catalán, pero dejando claro que las competencias eran autonómicas.Los frenosDespués de anunciar su intención de «españolizar a los niños catalanes», el malogrado Wert puso casi todos sus esfuerzos en recuperar el honor perdido del castellano. Por primera vez, la Lomce (2013) reconoció «el derecho de los alumnos y alumnas a recibir la enseñanza en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales». Pero el ministro más impopular de Rajoy se dejó aconsejar mal y estableció un extravagante mecanismo por el que, si la Generalitat se negaba, los alumnos podían escolarizarse en colegios privados. Luego el Estado les abonaría el dinero de la matrícula y se lo descontaría al Govern. El sistema, poco práctico, no ha funcionado. Las familias que lo han pedido han sido muy pocas (apenas un centenar en cinco años) y ni siquiera en todas las provincias hay centros privados que cumplan los requisitos. Los padres también pueden recurrir a la vía judicial, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les garantiza desde 2014 su derecho a aprender el 25% de las horas lectivas en castellano. Esto significa que, además de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura -que es la única que suele impartirse en castellano-, las aulas de sus hijos deben recibir una materia más, normalmente Matemáticas. Según la Generalitat, 12 centros en toda Cataluña han comenzado este curso con una asignatura más en castellano, en aplicación de estas resoluciones. En total, se han dictado unos 90 fallos, siempre favorables a los recurrentes, según Convivencia Cívica Catalana y Asamblea por una Escuela Bilingüe, colectivos que defienden los derechos de estos padres.El ‘apartheid lingüístico’Pero estas familias se ven señaladas y sometidas a una suerte de apartheid lingüístico por parte del resto de la escuela y la mayoría ni lo intenta, para evitar conflictos con los profesores y los otros padres, que interpretan la reclamación como un ataque directo al catalán y se oponen rotundamente a que sus hijos tengan una asignatura más (son tres horas semanales) en el idioma invasor.Tienen de su lado a la Generalitat, que sistemáticamente recurre todas las resoluciones judiciales y asegura que no hace falta más castellano porque los niños ya lo hablan en su «entorno social» y terminan la enseñanza obligatoria con el mismo nivel de competencias en ambas lenguas.El margen para sortear todos estos obstáculos es, al final, limitado. Los libros de texto no se pueden controlar porque la ley no permite la supervisión previa. Tampoco se puede inspeccionar lo que cada día sucede dentro del aula. Y no hay forma de hacer que la Generalitat deje de incumplir la legislación estatal. El Ministerio de Educación ha llevado a Ensenyament ante la Justicia en una decena de ocasiones, pero, para cuando se resuelvan los procedimientos, la Lomce ya ni existirá.Por otro lado, el sentir mayoritario de padres, profesores y alumnos es favorable a toda esta política. La entidad Somescola.cat, cuyo lema es Per un país de tots, decidim escola catalana, ha sido capaz de agrupar a casi medio centenar de grupos, desde los más independentistas hasta la Fundació Escola Cristiana, y se ha hecho fuerte dentro y fuera de las aulas. Ha quedado patente que el tejido educativo es un pilar relevante de las recientes protestas, que ya tienen su icono en las imágenes de los escolares concentrados en la tarea de colorear las pancartas y de los jóvenes ocupando el histórico claustro de la Universidad de Barcelona. En realidad, todo lo que iba a ocurrir lo vaticinó una célebre alto cargo convergente de Educación, que, durante una reunión celebrada hace ya muchos años, proclamó: «Los niños de la inmersión lingüística de hoy serán los nacionalistas del mañana».

Josep Tarradellas o la nostalgia del “entendimiento pactista” (I)

El retorcido juego de Jordi Pujol a ‘la puta i la ramoneta’ (II)

El tripartito, un acuerdo que dinamitó el pacto tácito (III)

Sin mitologías, Artur Mas no se cayó de ningún caballo (IV)

Sol Digital. 26.09.2017. Editorial: El peligro del día después. Nadie sabe qué va a ocurrir el próximo domingo 1 de octubre en Cataluña. Ni el Gobierno ni los sediciosos. Pero sea cual sea el resultado del enfrentamiento que se supone entre quienes defienden la Constitución y los que están en el golpe de Estado, el peligro se presentará al día siguiente. Porque como resultado de este extraordinario pulso entre el Estado y la Generalidad ésta va a intentar conseguir el máximo rédito posible. Primero, que se anulen todos los procesos que se siguen contra ellos y, después, la reforma de la Constitución o una arquitectura del Estado que les convenga por los privilegios que encierre. En esto contará con la ayuda de Pedro Sánchez que ya ha tendido la manzana envenenada al presidente Rajoy. No solo el domingo, y hasta el domingo, se va a comprobar si el Gobierno está dispuesto a utilizar todos los recursos del Estado de Derecho para impedir el objetivo separatista, después tendrá que enfrentarse a los cantos de sirena y al buenismo nacional que le susurrarán la conveniencia de calmar los ánimos con dinero -como ya sugirió Luis de Guindos la semana pasada- y otras concesiones políticas de muy hondo calado. Nos estamos jugando nada menos que la unidad de España y caer en la tentación de cambiar la paz por el pídeme lo que quieras que te lo doy sería de una cobardía que pasaría a los libros de historia y que habría que perseguir por todos los medios al alcance de la ley. El Gobierno sí debe empezar a tener iniciativa política en Cataluña, la que nunca tuvo, proteger y blindar a la comunidad española que allí vive y se siente acosada por los independentistas, e iniciar una ofensiva en todos los órdenes, y son muchas las cosas que se pueden hacer en este sentido, para acentuar la españolidad de Cataluña. Si el Gobierno tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución también debe hacerlo, si es que no tenía que haberlo hecho ya. El 1 de octubre no acaba nada y empieza un largo camino. En ese propósito el Gobierno de la nación tendría a la mayoría de los españoles. Con un atajo, solo el desprecio.

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