Por:
ÁNGEL RODRÍGUEZ. CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Sábado, 9 septiembre 2017, 10:05
El «problema catalán», lejos de solucionarse, se ha desdoblado, generando otro problema, aún mayor, para los propios catalanes. El primero es un viejo conocido que ha venido condicionando desde hace más de un siglo las relaciones entre Cataluña y el resto de España. El segundo, escenificado de manera contundente en la pasada sesión del Parlament en la que se aprobó la Ley del referéndum, es nuevo, aunque hace tiempo que se veía venir, y pone en peligro el carácter democrático de la propia sociedad catalana.
Como es sabido, del problema catalán ya tuvimos una brillante explicación por parte de Ortega y Gasset con ocasión de su discurso en las Cortes de la IIª República en el debate de aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932. Las relaciones entre España y Cataluña, vino a decir Ortega, serán siempre conflictivas: estaríamos ante un problema sin solución, o, mejor dicho, cuya única solución sería, en términos de Ortega, la «conllevanza», es decir, su apaciguamiento, siempre temporal, mediante pactos y fórmulas de compromiso que, sin contentar por completo a nadie, dieran un mínimo de satisfacción a todos. La tesis de Ortega fue inmediatamente rebatida, desde el mismo podio del Congreso de los Diputados, en la réplica que le dio Azaña, como presidente de la República, para quien el Estatuto que en ese momento aprobaban las Cortes tenía, por el contrario, una vocación de solución duradera en el tiempo. Fue una refutación provisional: pocos años después, ya casi al final de la guerra civil, Azaña reconoció que la cuestión catalana seguiría siendo por mucho tiempo un permanente «manantial de perturbaciones».
A partir de 1978, y durante más de cuarenta años, las perturbaciones a las que se refirió Azaña han venido transcurriendo dentro de los límites conllevables que preconizó Ortega. La Constitución Española y los Estatutos de Autonomía de 1979 y de 2006, este último incluso después de la Sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte de su articulado, fueron buenos intentos de conllevarnos. No sólo eso: durante casi medio siglo la sociedad catalana y la española han llegado a congeniar e incluso intimar, sintiéndose parte de una democracia común, hasta el punto de que durante todo ese tiempo una gran mayoría de los catalanes ha venido pensando que no merecía la pena pagar el precio de separarse de España para poder construir así una Cataluña independiente. Eso ha sido, al menos hasta ahora, lo que el Estado autonómico ha garantizado a los catalanes (y, en gran medida gracias a ellos, al resto de las regiones y nacionalidades españolas): poder ser suficientemente independientes como para satisfacer los deseos de autogobierno, pero sin el tremendo coste de tener que separarse de España (y, dicho sea de paso, de la Unión Europea).
El recrudecimiento del problema catalán en los últimos cinco años hace necesario aclarar una vez más cuáles son las reglas que deberían necesariamente respetarse para intentar encontrar una fórmula que lo apacigüe de nuevo. Son, básicamente dos: primera, no puede negarse la posibilidad de que Cataluña cambie su relación política con el Estado español, incluso hasta el punto de que llegue a independizarse por completo de España. Segunda, ese cambio, incluyendo, llegado el caso, la independencia, sólo podría ser fruto de una voluntad clara y suficientemente mayoritaria de los catalanes en cuya manifestación tendrían que participar también el resto de los españoles, pues su traslación jurídica no podría ser otra que la reforma de la Constitución, huelga decir que mediante la aplicación de los procedimientos que en ella misma se contemplan, que es algo sobre lo que todo el pueblo español tiene derecho a decidir. Si la primera regla es importante (pues implica que en una democracia constitucional no puede haber iniciativas que puedan ser excluidas del debate político), la segunda no lo es menos (pues sólo el respeto de la legalidad constitucional podría dotar de legitimidad democrática a una decisión de esa transcendencia).
Pero ahora sabemos a ciencia cierta que el principal problema al que se enfrentan los ciudadanos de Cataluña es otro: antes de decidir qué tipo de relación quieren con España, deben decidir si quieren que Cataluña siga siendo una democracia. La flagrante vulneración de la Constitución y el Estatuto de Autonomía por parte de la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de la Generalidad, y el desprecio a los derechos de las minorías que se oponen al mismo, han puesto claramente en peligro la democracia en Cataluña. Ese es el dilema al que se enfrentan ahora los catalanes: no si merece la pena separarse de España, sino si merece la pena dejar de ser una democracia para lograr a cambio una Cataluña independiente.
Cass Sunstein es un profesor de Derecho de Harvard que pasa por ser en este momento el más citado del mundo. Es también un friki de la saga de la Guerra de las Galaxias, hasta el punto de haber escrito una deliciosa obrita (‘The World according to Star Wars’) que ha sido una de mis lecturas de playa de este verano. Viendo en directo la sesión del Parlament y recién terminado el libro de Sunstein, no se puede dejar de recordar la glosa que, recordando los episodios de advenimiento del autoritarismo que se han dado en la Historia, desde César o Napoleón hasta Hitler, se hace de la frase que en ‘La venganza de los Sith’ pronuncia Padmé Amidala, senadora por el planeta Naboo, cuando contempla cómo el Senado de la República da poderes excepcionales al canciller (pronto autoproclamado emperador) Palpatine. Si vieron la película, seguro que la recuerdan: «Así es como muere la libertad, en medio de un estruendoso aplauso». Si siguiera por ese camino, Cataluña correría el riesgo de convertirse, comparada con las democracias constitucionales, en una galaxia muy muy lejana.