El cambio climático y el desorden urbanístico del litoral mediterráneo español están dejando su huella en los repetidos episodios de inundaciones que en los últimos años se están produciendo cada vez con mayores pérdidas económicas y humanas en provincias como Málaga o Baleares. Se hace urgente actuar de manera preventiva para evitar que se sigan repitiendo unos desastres ya demasiado frecuentes. Y aunque el riesgo que mayor alarma social genera son las inundaciones, no son menos importantes otros como la pérdida de suelos que acompaña a cada evento tormentoso, los deslizamientos de laderas o los incendios forestales.

El medio físico y el urbanismo de esta región, en la que se concentra un alto porcentaje de la población española, tiene unos condicionantes específicos que modifican el comportamiento habitual de los riesgos naturales, actuando como agravante e incrementando notablemente la peligrosidad y vulnerabilidad con respecto a otras regiones. Esto entra además en colisión con el producto turístico y residencial en el que se ha convertido la franja mediterránea desde hace algunas décadas.

Existe, no obstante, un importante desarrollo científico-técnico reciente sobre la materia que las administraciones regionales, locales y estatal deben incorporar a la legislación y a la gestión urbanística y territorial, mejorando el modo en que se prevén y actúa frente a estas catástrofes. Es compromiso y responsabilidad de las administraciones prevenir y actuar frente a pérdidas económicas y de vidas humanas que son fácilmente evitables. Y tanto más teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico desordenado y especulativo de nuestras ciudades y el actual contexto de cambio climático.

Antonio Gallegos Reina, doctor en Geografía y Ordenación del Territorio, es autor del libro Caracterización y análisis de los riesgos naturales en el planeamiento urbanístico del litoral mediterráneo español. A este respecto considera que “durante muchos años el estudio de los riegos naturales tuvo un enfoque que priorizaba el uso de obras de ingeniería. Sin embargo, este enfoque, que se ha demostrado erróneo o insuficiente, está cambiando hacía la prevención y el estudio de la interrelación de los procesos naturales con el poblamiento y el territorio en el que acontecen”. Gallegos retoma el concepto de región-riesgo que ya plantearon otros autores previamente para construir un modelo de acción preventiva frente a los riesgos naturales.

Medidas preventivas

Dentro de ese modelo, y tras quince años de experiencia científica, docente y profesional en relación a los riesgos naturales, el autor aporta una batería de medidas entre las que se incluyen las siguientes:

Se deberían favorecer áreas de inundación preferente. Una vez que asumimos que es imprescindible que el caudal de los ríos desborde para dar salida al caudal y energía excedentes, es mejor favorecer estas zonas con áreas de inundación controlada, antes que dejar que se produzcan en zonas urbanizadas.

Priorizar y regular la cartografía de riesgos naturales en los planes urbanísticos y territoriales, haciéndolos vinculantes. Esto ya ocurre con la cartografía de inundabilidad, pero debería extenderse a otras como la erosión de suelos, el riesgo de incendios forestales o la susceptibilidad a los deslizamientos de laderas. Asimismo, señala el autor, “es necesario establecer un control efectivo sobre ramblas o tramos de éstas que son usados para el tránsito de personas y vehículos, para evitar que se usen como aparcamiento, vías de acceso o comunicación, o simplemente que sean cruzadas transversalmente a nivel. Precisamente esta es una de las causas principales de pérdida de vidas humanas por arrastre de vehículos”.

Igualmente, se Gallegos Reina propone en su título la necesidad de considerar las interrelaciones entre los distintos peligros y los posibles efectos acumulativos. En este sentido, advierte que las inundaciones se suelen estudiar considerando que lo que circula por los ríos y arroyos es agua limpia, cuando la realidad es muy distinta, y el flujo de barro y residuos leñosos que llevan los ríos se comportan de manera muy diferente, provocando atoramiento de puentes y entubamientos que los modelos hidráulicos actualmente usados no llegan a prever.

Por otro lado, también aborda el caso de quienes se sitúen urbanísticamente en zonas de riesgo. “En esta situación, sostiene el investigador, se debería establecer la obligatoriedad de contratar una póliza de seguros que garantice la cobertura total de daños y libere a las administraciones de responsabilidades económicas que no deberían corresponderle”. Estos sistemas de seguros obligatorios también actuarían regulando el propio mercado del suelo, al elevar el precio de aquellas parcelas en las que exista una mayor exposición al riesgo, que normalmente quedarían excluidas del desarrollo urbanístico. Además, considera que en los nuevos desarrollos urbanísticos se deberían establecer porcentajes mínimos de superficie no impermeabilizada, haciendo uso para ello de superficies drenantes con materiales porosos en aceras y paseos peatonales, por ejemplo.

El profesor del Departamento de Geografía y subraya a su vez la consideración que se debe prestar al contexto territorial y urbanístico concreto de cada región, “en lugar de actuar con medidas genéricas difícilmente extrapolables entre regiones con casuísticas muy diferentes. Sin duda, es imprescindible mejorar la conexión entre especialistas, arquitectos, técnicos y responsables políticos”.

Por último, para aquellas cuencas de pequeño tamaño con un desarrollo urbano histórico en la desembocadura sobre el que existen limitadas posibilidades de actuación el libro propone reforestar la cabecera de cuenca. “De hecho, una cuenca forestada puede llegar a absorber los primeros 70-100 litros de precipitación sin que se produzca escorrentía, mientras que una cuenca deforestada o impermeabilizada puede producir circulación superficial de agua a partir de los primeros 5 o 10 litros de precipitación”, explica Gallegos Reina, que destaca la mayor efectividad estas y otras medidas similares, frente a otras actuaciones poscatástrofe.

“Estas y otras medidas preventivas similares, además de una mayor efectividad, tienen un coste económico muy alejado de los cuantiosos gastos que suponen las actuaciones poscatástrofe, y solo necesitan de voluntad política y disciplina urbanística para llevarse a cabo”, concluye el autor.

Este y otros títulos pueden adquirirse en las instalaciones de UMA Editorial, librerías y el portal UNEbook.