Rechaza el procedimiento unilateral del Ejecutivo al regular materias que afectan a universidades
COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Ante la situación de cierta confusión que en la comunidad universitaria están produciendo las noticias relacionadas con los efectos que en la Universidad de Málaga pueda producir la aplicación de las normas aprobadas por el Gobierno de la Nación (Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo), la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por las Cortes Generales, y el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, para el período 2012-2014, presentado por el Gobierno Andaluz al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en lo que afecta a las Universidades, el Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga quiere manifestar lo siguiente:
PRIMERO.- La Universidad de Málaga y sus órganos de gobierno estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las normas que, en el ámbito de sus competencias, dicten tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía, así como las leyes aprobadas por el Parlamento.
SEGUNDO.- El Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga defenderá el derecho de autonomía universitaria en todos los ámbitos y con todos los instrumentos que la Ley establece para la mejor defensa de sus derechos y los de los universitarios.
TERCERO.- El Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga rechaza el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno al regular materias que afectan a las universidades, sin contar con su opinión, ni con la de los órganos y asociaciones que las representan. Asimismo, consideramos inadecuada e inoportuna y no apoyaremos la propuesta de subida de precios públicos de las matrículas correspondientes a enseñanzas de Grado y Máster, por considerar que en época de crisis es injusto hacer recaer un mayor esfuerzo en los estudiantes.
CUARTO.- Consideramos injustas y desproporcionadas las medidas establecidas, tanto en el Real Decreto-Ley 20/2011, como en el Real Decreto-Ley 14/2012, porque perjudican y deterioran el servicio público de la educción superior, que se realiza a través del estudio, la docencia y la investigación. Las medidas restrictivas que afectan a la oferta de empleo público y a la contratación temporal de personal docente e investigador y de administración y servicios deterioran la calidad de los servicios que se prestan desde la Universidad y limitan las expectativas profesionales y la consolidación de empleo de nuestro personal.
QUINTO.- Nos oponemos a estas medidas porque, además, limitan las posibilidades de desarrollo económico y social que, a través de las Universidades y de los Campus de Excelencia Internacional podían ayudar a crear un nuevo modelo productivo y de crecimiento, basado en el conocimiento y en la innovación, que mejoraría el bienestar de los ciudadanos.
SEXTO.- En relación al Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, para el período 2012-2014, entendemos que se trata de un proyecto, que deberá articularse a través de las correspondientes normas legales y, por tanto, su aplicación y sus efectos, que también consideramos perjudiciales para los empleados públicos y para el servicio público de la educación superior, no son de aplicación inmediata, ni las medidas que contiene pueden considerarse como definitivas. En el propio documento se advierte que aquellas medidas que afecten a las universidades se llevarán a cabo de manera concertada con las propias instituciones académicas.
En cualquier caso, estando de acuerdo en la necesidad de establecer un plan de ahorro para corregir el déficit público, no se puede hacer perjudicando el estudio, la docencia y la investigación y recortando los salarios de los empleados públicos.
SÉPTIMO.- Respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, de acuerdo con lo que se establece en el citado documento, será aplicado concertadamente con las universidades cuando se produzca su desarrollo reglamentario. Además, aquellos aspectos que afecten al personal se discutirán y analizarán en la mesa general de negociación sindical para universidades en Andalucía. Y las cuestiones que inciden en la dedicación del profesorado se analizarán con el resto de las universidades para adoptar una postura común. Por todo lo cual, en la Universidad de Málaga se suspende la aplicación del proceso de asignación docente que se había iniciado para el curso 2012/2013, a la espera de que se adopten las correspondientes medidas.
No obstante, es preciso señalar que las universidades, aunque se consideran parte del sector “administraciones públicas” de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen un régimen jurídico singular que se basa en el derecho constitucional de autonomía universitaria, que les otorga capacidad propia para la selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como para la determinación de las condiciones en las que han de desarrollar sus actividades (Artículo 2.2 e) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
OCTAVO.- Las disposiciones que afecten a estos derechos serán analizadas por los Servicios Jurídicos de la Universidad y sólo se aplicarán cuando así lo establezca una disposición legal en la que se regulen competencias propias de las Administraciones que las dicten. En el supuesto de que se trate de competencias de la Universidad de Málaga, serán sus órganos de gobierno los que decidan que aspectos afectan a las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Universidad y, por tanto, deben ser negociadas con los representantes de los trabajadores, las que se aplican y las que no tendrán efectos en el ámbito universitario.
Finalmente, el Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga manifiesta su defensa a ultranza de la Universidad pública, su apuesta por mejorar la docencia y la investigación y su defensa de los derechos de la comunidad universitaria. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio responsable de los derechos constitucionales que amparan a todos los ciudadanos.
18-5-2012
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