El presidente Puigdemont y su Gobierno deben ser detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.
Los sucesos del pasado domingo, en el transcurso de la convocatoria de un referéndum ilegal impulsado por el Gobierno de Cataluña, encierran al menos la virtud de chequear la realidad, no solo de aquella región, sino del resto de España ante el acontecimiento de más gravedad de la democracia española, además del 23-F de 1981. Ambos, un golpe de Estado con distintas técnicas de asalto al poder. Leer el editorial
Editorial de Sol Digital de 03.10.2017