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Boletín de investigación (núm. 2): ACTUALIDAD NORMATIVA Y OTRAS RESOLUCIONES

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Este segundo número del Boletín de Investigación I-INGOT incluye un total de siete novedades normativas (publicadas entre enero y marzo de 2024) así como las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a implementar criterios de sostenibilidad en actividades industriales. Estas novedades legislativas se agrupan en las siguientes líneas temáticas de máximo interés para el I-INGOT: vivienda, simplificación administrativa, territorio, sostenibilidad y digitalización.

Dentro de las novedades normativas en el ámbito de la vivienda, destaca especialmente una norma reglamentaria de ámbito autonómico, conformada por el Decreto 31/2024, de 29 de enero, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en tanto introduce importantes adaptaciones legislativas al régimen aplicable en materia de viviendas turísticas, contemplando como una de sus principales novedades  la posibilidad de que los ayuntamientos limiten la proliferación de este tipo de viviendas.

Asimismo recogemos como novedad legislativa una norma con especial trascendencia para la simplificación administrativa en el ámbito de la Administración autonómica andaluza, nos referimos al Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, que ha introducido modificaciones de gran importancia en numerosos ámbitos de interés para el I-INGOT, como el medio ambiente, el urbanismo, la gobernanza o la vivienda.

El acuerdo para la formulación de la Primera Estrategia de Desarrollo Rural de Andalucía, Horizonte 2030, supone un avance significativo en materia de territorio. Así, esta Estrategia persigue la consecución de la cohesión territorial y la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía, como forma de superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales existentes.

En materia de sostenibilidad, incluimos la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2023, sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2023/2010(INI)), en tanto recoge el compromiso europeo con el desarrollo sostenible, que requiere una visión integrada y una colaboración transversal entre diferentes niveles de gobierno y actores de la sociedad.

A nivel nacional, destacamos el Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026, pues se trata de una norma de especial interés para la consecución de los compromisos realizados por España en materia de lucha contra el cambio climático.

En lo que respecta a la digitalización, se incluyen a nivel europeo, el Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de febrero de 2024, por el que se crea la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y se modifican la Directiva 2003/87/CE y los Reglamentos (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/241, así como el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales). Dichas normas comprenden, por un lado, el interés de la UE por hacer realidad la llamada transición verde, a través del fomento de la inversión en las tecnologías limpias y la biotecnología y por otro, el reforzamiento de las garantías de los derechos digitales de los ciudadanos de la Unión, a través del aumento de controles en los prestadores de servicios intermediarios de internet.

Por último, traemos nuevamente un apartado que puede resultar de interés para nuestros lectores, pues está destinado a destacar las últimas novedades en materia de subvenciones. Este segundo número del Boletín de Investigación I-INGOT, incorpora las bases reguladoras para la concesión de incentivos de transición justa para el impulso de ecosistemas industriales sostenibles en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba.

VIVIENDA

Decreto 31/2024, de 29 de enero, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 31/2024, de 29 de enero, tiene por objeto modificar diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de adaptarlas a la realidad del sector, mejorar la calidad de los servicios y garantizar los derechos de las personas usuarias.

Entre las principales novedades, el decreto establece que los ayuntamientos podrán limitar el número máximo de viviendas turísticas en función de criterios de sostenibilidad, seguridad y convivencia. Asimismo, se crea un registro único de viviendas turísticas, se simplifican los requisitos y trámites para su inscripción y se establecen medidas de control e inspección.

Por otra parte, el decreto introduce cambios en la regulación de los establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros, como la posibilidad de que ofrezcan servicios complementarios de restauración, ocio o deporte, la flexibilización de las categorías y modalidades, la actualización de los requisitos técnicos y la incorporación de criterios de accesibilidad y sostenibilidad. El decreto se enmarca en el Plan Andalucía Simplifica, que pretende impulsar la actividad económica y reducir la burocracia en la región. Por otro lado, es especialmente destacable que esta norma habilita a los distintos ayuntamientos andaluces a limitar las viviendas turísticas a través de los distintos instrumentos de planificación urbanística y de las propias ordenanzas.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

El Decreto-ley 3/2024 es una normativa promulgada por la Junta de Andalucía con el objetivo de implementar medidas de simplificación y racionalización administrativa. Este decreto-ley busca mejorar la eficiencia de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, así como fomentar el desarrollo económico en la región.

Centrándonos en lo estrictamente legal, el decreto-ley introduce modificaciones en diversas leyes y reglamentos previos para facilitar la interacción de los ciudadanos con la Administración. Esto incluye la actualización de numerosas disposiciones normativas de gran relevancia, entre otras, podemos destacar las siguientes modificaciones:

  • Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
  • Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre (art. 118).
  • Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (art. 235, así como algunos de los reglamentos que modifican esta ley).
  • Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030 (art. 120).
  • Reglamento de Viviendas Protegidas, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo (art. 121).
  • Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (art. 73).
  • Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía (art. 241).
  • Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía (art.113).

Desde el I-INGOT, destacamos la relevancia que esta normativa va a tener en una de las materias principales contempladas en nuestro instituto, como lo es la simplificación administrativa. Se reconoce, por tanto, la trascendencia del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, como un instrumento jurídico esencial para la modernización de la gestión pública y la promoción de la eficiencia administrativa.

El mencionado Decreto-ley se erige como una norma pionera en la implementación de medidas de simplificación y racionalización administrativa, destinadas a optimizar las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y a estimular la actividad económica en la región.

En términos de impulso económico, el decreto-ley pretende agilizar los procedimientos administrativos y reducir las cargas burocráticas, lo que puede resultar en un entorno más propicio para la inversión y la actividad empresarial.

TERRITORIO

Acuerdo de 19 de marzo de 2024, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Primera Estrategia de Desarrollo Rural de Andalucía, Horizonte 2030.

Este acuerdo tiene como principal objetivo la formulación de la Estrategia de Desarrollo Rural de Andalucía, con el objetivo de fomentar la cohesión social, creando nuevas oportunidades para atraer a empresas innovadoras, ofrecer acceso a empleos de calidad, fomentar capacidades nuevas y mejoradas, garantizar unas mejores infraestructuras y servicios, así como aprovechar el papel de la agricultura sostenible y las actividades económicas diversificadas en las zonas rurales de Andalucía. Además, la Estrategia tiene como finalidad la orientación del desarrollo rural en Andalucía hacia los objetivos planteados por la Unión Europea en la Comunicación de la Comisión Europea «Una Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040», dando un enfoque rural al uso de los distintos fondos de cohesión y otorgando una perspectiva económica, social y medioambiental a las políticas empleadas en el medio rural. De conformidad con los intereses del I-INGOT, la formulación de la Estrategia persigue la consecución de la cohesión territorial y la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía, como forma de superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales existentes.

SOSTENIBILIDAD

Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026.

El Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, desarrolla aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de las instalaciones fijas del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE) para el periodo 2026-2030, así como el régimen de exclusión de los hospitales, de las instalaciones de pequeño tamaño y de las instalaciones de combustión de pequeña capacidad a partir de 2026.

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2023, sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2023/2010(INI)). Publicada el 23/01/2024.

La Resolución del Parlamento Europeo del 15 de junio de 2023 sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se interpreta como un llamado urgente a la acción coordinada y la integración de estos objetivos en el núcleo de las políticas de recuperación de la Unión Europea y sus Estados miembros. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza y resiliencia, no solo para enfrentar crisis sanitarias sino también para avanzar en la Agenda 2030 de manera sostenible.

Igualmente, la resolución destaca la importancia crítica de incorporar los ODS en las estrategias de recuperación y resiliencia post-pandemia, asegurando que la reconstrucción económica y social se alinee con los principios de sostenibilidad.

Entre sus novedades, se enfatiza la necesidad de reforzar el marco de gobernanza de los ODS, mejorando el seguimiento y la evaluación de los progresos, lo que permitirá una implementación más efectiva y transparente de las políticas relacionadas. Además, aboga por un aumento en la financiación y una mayor coherencia entre las políticas para apoyar los ODS, reconociendo que los recursos financieros adecuados son fundamentales para el éxito de estos objetivos.

Se solicita una mayor implicación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales en el seguimiento y la rendición de cuentas, así como la participación de la sociedad civil y las partes interesadas en el proceso. La resolución pone de relieve la relevancia de la acción exterior de la Unión y la cooperación con países socios para la consecución global de los ODS, promoviendo un enfoque de multilateralismo efectivo y coherencia política.

Desde el I-INGOT, se considera que esta resolución es un paso adelante en la consolidación de un compromiso europeo con el desarrollo sostenible, que requiere una visión integrada y una colaboración transversal entre diferentes niveles de gobierno y actores de la sociedad. La adaptación de las políticas y la movilización de recursos en consonancia con los ODS son fundamentales para construir un futuro resiliente y sostenible para todos.

DIGITALIZACIÓN

Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de febrero de 2024, por el que se crea la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y se modifican la Directiva 2003/87/CE y los Reglamentos (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/241

El Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 29 de febrero de 2024, instituye la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP). Esta normativa es un pilar fundamental en la estrategia de la Unión Europea para fomentar la inversión y el desarrollo en tecnologías clave, con especial énfasis en sectores como la tecnología digital avanzada, las tecnologías limpias y la biotecnología.

Desde una perspectiva jurídica, el reglamento se alinea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Década Digital para 2030, proporcionando un marco legal para la transición ecológica y digital de la Unión. En este sentido, el reglamento modifica legislaciones previas, incluyendo la Directiva 2003/87/CE—que establece el sistema de comercio de emisiones de la UE—y diversos reglamentos relacionados con la cohesión y el desarrollo regional.

Desde la perspectiva del I-INGOT, destacamos la influencia que este reglamento tendrá sobre materias esenciales para nuestro instituto como son la transición ecológica, el medio ambiente y la modernización de las Administraciones Públicas, así como la capacidad de este reglamento de promover el desarrollo de tecnologías sostenibles y eficientes en el uso de recursos, apoyando así la creación de infraestructuras urbanas resilientes y la protección ambiental. Además, establece criterios de calidad y admisibilidad para proyectos que contribuyan a los objetivos de STEP, incentivando así la innovación en áreas críticas para el desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente.

El reglamento también contempla la concesión de un sello de soberanía a proyectos que cumplan con los requisitos establecidos, lo cual refuerza la autonomía estratégica de la Unión y reduce la dependencia de terceros países en sectores estratégicos.

Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales).

Entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales el día 17 de febrero de 2024.

El Reglamento (UE) 2022/2065, conocido como el Reglamento de Servicios Digitales, es una normativa fundamental para la regulación del mercado único de servicios digitales en la Unión Europea. Adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 19 de octubre de 2022, este reglamento modifica la Directiva 2000/31/CE y establece un marco legal para la prestación de servicios digitales, con un enfoque particular en la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios.

Debemos destacar la inclusión de una serie de obligaciones de diligencia debida para los prestadores de servicios intermediarios técnicos de Internet, incluyendo motores de búsqueda, mercados en línea, redes sociales y plataformas de compartición de vídeos. Establece requisitos de transparencia informativa, notificación y actuación sobre los contenidos, y medidas de suspensión para garantizar un entorno digital seguro y confiable.

Además, el reglamento refuerza la protección de los consumidores y otorga un mayor poder a los usuarios frente a las empresas tecnológicas. Implementa salvaguardias tuitivas para los menores y clarifica la comprensión de los sistemas algorítmicos utilizados por las plataformas digitales.

Por otro lado, este reglamento pionero en materia de digitalización (tema de indudable interés para el I-INGOT) supone un paso adelante en la consolidación del mercado único digital, promoviendo la libre circulación de servicios digitales y asegurando un alto nivel de protección para todos los usuarios en la UE. La normativa busca equilibrar la libertad de expresión y la protección de datos personales, mientras impulsa la innovación y la competitividad de la economía digital europea.

Este reglamento representa un cambio significativo en la regulación de los servicios digitales, marcando un antes y un después en la era digital. Su aplicación efectiva dependerá de la colaboración entre los Estados miembros y la Comisión Europea, así como de la participación activa de las organizaciones privadas y la sociedad civil.

SUBVENCIONES

Orden de 22 de febrero de 2024, de la Consejería de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos de transición justa para el impulso de ecosistemas industriales sostenibles en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba.

La Orden de 22 de febrero de 2024, emitida por la Consejería de Industria, Energía y Minas, establece las bases reguladoras para la concesión de incentivos de transición justa. Estos incentivos están diseñados para fomentar el desarrollo de ecosistemas industriales sostenibles en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba.

Entre las principales cuestiones a tener en cuenta, destacar que tiene como objetivo mitigar los efectos negativos de la transición climática, apoyando a los territorios y a las personas trabajadoras afectadas por el cierre de instalaciones de generación de electricidad a partir de carbón. Se busca promover una transición socioeconómica equilibrada, facilitando la creación y consolidación de empleo industrial de calidad.

En esta orden se detallan los criterios para la selección de ecosistemas industriales y tipos de acciones afines, así como los sectores industriales objeto de las convocatorias. También especifica los destinatarios y el ámbito territorial que abarcan, tomando en cuenta los acuerdos adoptados mediante el sistema de Gobernanza establecido para la transición justa en Andalucía.

Los incentivos regulados por esta orden se financiarán con el Fondo de Transición Justa, un nuevo instrumento en el marco de la política de cohesión para el periodo 2021-2027. Este fondo se destina a apoyar a la población, la economía y el medio ambiente de los territorios que enfrentan retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición hacia una economía climáticamente neutra de aquí a 2050.

En conclusión, mediante la aprobación de este instrumento normativo es un paso significativo hacia la consolidación de un modelo industrial sostenible y resiliente en Andalucía, alineado con los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y clima. Su implementación efectiva será crucial para el desarrollo económico y la transición justa en las provincias mencionadas.

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