Boletín de investigación (núm. 6): ACTUALIDAD DE PRENSA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
Aprobación del PGOM de Marbella en el marco de la LISTA
El pleno del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el primero en Andalucía adaptado a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). El plan prevé el desarrollo urbanístico de más de 30 millones de metros cuadrados de suelo rústico, con una reserva del 40 % para vivienda protegida, conforme a lo establecido en la normativa autonómica. Además, clasifica 53 millones de metros cuadrados como suelo urbano, lo que supone un incremento de 12,5 millones respecto al plan de 1986. El PGOM incorpora criterios de sostenibilidad, promueve la calidad de vida, facilita la regularización de viviendas existentes y contempla nuevos desarrollos residenciales, comerciales y hoteleros.
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Torremolinos inicia la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
El Ayuntamiento de Torremolinos ha adjudicado la redacción de su nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) al equipo liderado por el arquitecto José Seguí, en colaboración con Buró4 Arquitectos e Ibermad Medio Ambiente y Desarrollo. Esta decisión se produce tras la anulación del anterior plan aprobado en 2020, quedando vigente el de 1996.
El contrato, valorado en 950.000 euros, contempla un plazo de 32 meses para la elaboración completa del nuevo PGOU, incluyendo 18 meses para la realización efectiva de los trabajos. Con esta iniciativa, el consistorio busca actualizar su planificación urbanística conforme a las necesidades actuales y futuras del municipio.
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> Torremolinos quiere tener su nuevo plan urbano en otoño de 2027
> Torremolinos firma el contrato para la redacción del nuevo planeamiento urbanístico
Málaga anuncia una moratoria global de tres años para nuevas viviendas turísticas
El 26 de marzo de 2025, el Ayuntamiento de Málaga aprobó una moratoria de tres años que suspende la inscripción de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) en todo el término municipal. Esta medida se suma a las ya vigentes, como la limitación de nuevas licencias en 43 barrios donde las VUT superan el 8% del parque residencial, así como la exigencia de acceso independiente en determinadas zonas.
El objetivo de la suspensión es facilitar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), permitiendo así una regulación más específica y coherente del uso turístico del parque inmobiliario. Durante el periodo de vigencia, el consistorio prevé contratar una empresa especializada que elabore un estudio técnico actualizado sobre la situación real de las VUT, incluidas aquellas que operan sin licencia.
La ciudad de Málaga cuenta actualmente con más de 13.000 viviendas turísticas registradas, lo que ha generado un impacto directo sobre la oferta de vivienda habitual y ha contribuido al encarecimiento del mercado del alquiler en diversas áreas. La moratoria pretende responder a esta presión urbanística y social, adoptando una medida preventiva que permita reorganizar el uso del suelo residencial conforme a criterios de sostenibilidad, equilibrio urbano y derecho al acceso a la vivienda, conforme al marco jurídico establecido en el artículo 47 de la Constitución Española.
Más información en:
> Paco de la Torre anuncia una «moratoria global» de viviendas turísticas en Málaga
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> Málaga anuncia una moratoria "global" para las viviendas turísticas
La Junta de Andalucía activa un sistema de alerta para evitar inscripciones fraudulentas de viviendas turísticas en Málaga
La Junta de Andalucía ha anunciado la activación de un sistema de alerta en Málaga con el objetivo de prevenir la inscripción de viviendas turísticas que no cumplan con la normativa vigente. Este sistema permitirá a las autoridades detectar y actuar contra posibles irregularidades en el registro de estos alojamientos, reforzando así el control sobre el mercado de alquiler turístico en la ciudad.
La medida se enmarca en una serie de acciones emprendidas por las administraciones para regular el crecimiento de las viviendas turísticas en Málaga, que ha experimentado un aumento del 9,8% en el último año, alcanzando un total de 12.629 alojamientos registrados. A pesar de las restricciones implementadas, como la prohibición de nuevas inscripciones en 43 barrios saturados y la exigencia de accesos independientes para nuevas licencias, el número de viviendas turísticas continúa en ascenso.
Este sistema de alerta se suma a la "moratoria global" de tres años anunciada por el Ayuntamiento de Málaga el 26 de marzo de 2025, que suspende la inscripción de nuevas viviendas turísticas en todo el término municipal. Ambas iniciativas buscan frenar la proliferación de estos alojamientos y mitigar su impacto en el acceso a la vivienda para los residentes locales.
La implementación de estas medidas refleja la creciente preocupación por el equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los ciudadanos, así como la necesidad de una regulación efectiva que garantice un uso sostenible del parque inmobiliario en Málaga.
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Más de 20.000 personas abandonaron Málaga en 2023 por la imposibilidad de acceder a una vivienda
El Ayuntamiento de Málaga ha detectado una pérdida significativa de población residente, con una salida de más de 21.000 personas empadronadas en el año 2023, en muchos casos por la dificultad para acceder a una vivienda asequible en régimen de compra o alquiler. Entre los desplazados, una parte sustancial eran personas nacidas en la ciudad, especialmente en el tramo de edad comprendido entre los 30 y los 50 años.
Este fenómeno se ha vinculado al crecimiento sostenido de las viviendas de uso turístico (VUT), que habrían aumentado en aproximadamente 5.000 unidades en los últimos años, generando una presión creciente sobre el mercado inmobiliario residencial. Según datos del Banco de España, se estima que el 40% de las viviendas de la ciudad no están destinadas a residencia habitual, al estar vacías o afectas a usos turísticos, lo que incide directamente en la disponibilidad y asequibilidad del parque habitacional para uso permanente.
Con el fin de mitigar estos efectos, el consistorio aprobó el 26 de marzo de 2025 una moratoria de tres años en todo el término municipal que suspende la inscripción de nuevas VUT en el registro correspondiente. Esta decisión tiene por objeto frenar la expansión del alquiler turístico de corta duración y contribuir a restablecer el equilibrio entre el interés económico derivado del turismo y el derecho constitucional de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE).
La situación en Málaga ilustra la creciente necesidad de establecer mecanismos normativos eficaces para compatibilizar el desarrollo turístico con la sostenibilidad social y urbanística, garantizando el uso racional del suelo y el acceso equitativo a la vivienda habitual en los entornos urbanos más tensionados.
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Recurso Contencioso-Administrativo de la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 1312/2024 por Invasión de Competencias en Materia de Vivienda y Turismo
La Junta de Andalucía ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el registro único de contratos de alquiler turístico y establece una ventanilla digital de ámbito estatal. El recurso se fundamenta en la presunta vulneración del orden competencial, al considerar que la norma estatal interfiere en materias atribuidas a la Comunidad Autónoma, como la vivienda y el turismo, reconocidas en su Estatuto de Autonomía.
Aunque la Junta no cuestiona los fines del Real Decreto (mejorar la trazabilidad de los arrendamientos turísticos y combatir el fraude), impugna la forma en que se articula, al imponer obligaciones que afectan a registros ya existentes a nivel autonómico y desplazar el centro de gestión administrativa al ámbito estatal. Asimismo, reclama que sean las comunidades autónomas quienes reciban la información del registro y resuelvan sobre la legalidad de los anuncios de alojamientos turísticos.
Más información en:
> La Junta de Andalucía recurre el decreto del Registro Único de viviendas turísticas del Gobierno
> Andalucía Contra el Registro Único: Incertidumbre para el Alojamiento Flexible
Programa de la Junta de Andalucía para la Reconversión de Viviendas Turísticas en Alquiler Residencial en Málaga
En abril de 2025, la Junta de Andalucía anunció un plan para incorporar hasta 750 viviendas turísticas registradas en Málaga al mercado de alquiler residencial de larga duración. El objetivo es mitigar la escasez de vivienda habitual en la ciudad y fomentar un uso más equilibrado del parque inmobiliario.
El programa ofrece incentivos económicos a los propietarios que voluntariamente decidan destinar sus inmuebles al alquiler convencional, incluyendo ayudas para la rehabilitación y compensaciones por la diferencia de rentabilidad respecto al uso turístico. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la Junta para abordar los efectos de la turistificación en zonas urbanas con alta presión de demanda habitacional.
Más información en:
> La Junta saca del mercado 750 viviendas turísticas de la ciudad de Málaga
> La Junta cancela la inscripción de 750 nuevas viviendas turísticas dadas de alta en Málaga capital
Propuesta legislativa para reforzar la fiscalidad del alquiler turístico y la vivienda vacía
Se ha registrado en el Congreso una proposición de ley que introduce diversas medidas fiscales orientadas a fomentar el alquiler residencial asequible y combatir el uso especulativo de la vivienda. Entre ellas, se propone aplicar un tipo general del 21% de IVA a los pisos turísticos, reforzar los recargos en el IBI de viviendas vacías e incrementar la progresividad en el IRPF para estos inmuebles.
La iniciativa también plantea un nuevo impuesto estatal sobre la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes, y una modificación del régimen fiscal de las SOCIMI, elevando su tributación al 25%, salvo que destinen al menos un 60% de su parque a alquiler asequible y reinviertan beneficios en este segmento, en cuyo caso podrían beneficiarse de exenciones.
Estas medidas buscan reequilibrar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda habitual en contextos de presión residencial.
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Propuesta de reforma fiscal para promover el alquiler asequible y combatir la especulación inmobiliaria
El 22 de mayo de 2025, se presentó una proposición de ley que contempla diversas medidas fiscales orientadas a fomentar el alquiler de viviendas a precios asequibles y combatir el uso especulativo de la vivienda. Entre las principales iniciativas se incluye la elevación del IVA aplicable a los pisos turísticos al 21%, equiparando su tributación a la de otras actividades económicas. Asimismo, se propone un incremento de la carga impositiva sobre las viviendas vacías, mediante una mayor progresividad en el IRPF, y se insta a los ayuntamientos a aplicar recargos en el IBI para estos inmuebles.
La propuesta también introduce un nuevo impuesto estatal que grava la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes, con el objetivo de dificultar la compra especulativa y liberar oferta para el mercado nacional. Además, se plantea modificar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), aumentando su tipo impositivo del 15% al 25%, salvo que destinen al menos el 60% de su parque a alquileres asequibles y reinviertan los beneficios en este tipo de vivienda, en cuyo caso podrían beneficiarse de exenciones fiscales.
Estas medidas se enmarcan en el compromiso del Gobierno para mejorar la accesibilidad a la vivienda y se espera que sean debatidas en el Congreso en la primera quincena de junio.
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Modificación del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal como medida para regular el alquiler turístico
La disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha introducido una modificación significativa en el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), estableciendo que la autorización para destinar una vivienda al alquiler turístico requiere el acuerdo de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Esta reforma legislativa, en vigor desde el 3 de abril de 2025, refuerza la capacidad de las comunidades de propietarios para regular el uso de los elementos privativos, alineándose con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en sentencias de octubre de 2024, avaló la posibilidad de prohibir el alquiler turístico mediante acuerdo adoptado por mayoría cualificada.
Además, la modificación faculta al presidente de la comunidad para requerir la cesación inmediata de actividades de alquiler turístico no autorizadas, con la posibilidad de iniciar acciones judiciales en caso de incumplimiento.
Esta medida busca equilibrar los intereses de los residentes permanentes y los propietarios que desean destinar sus inmuebles al alquiler turístico, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de esta actividad en la convivencia vecinal y el acceso a la vivienda.
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Propuesta de reforma para reforzar el control sobre el arrendamiento temporal y evitar usos fraudulentos
El 20 de mayo de 2025, la Mesa del Congreso desbloqueó la tramitación parlamentaria de una proposición de ley dirigida a combatir el fraude en los arrendamientos de corta duración. Esta iniciativa tiene como objetivo principal evitar que determinadas modalidades de alquiler temporal se utilicen como vía para eludir la normativa aplicable al arrendamiento de vivienda habitual, especialmente en contextos de presión residencial.
La propuesta establece un marco regulatorio más claro para los contratos de arrendamiento por temporada, con el fin de distinguirlos de los destinados a residencia permanente, limitando así los supuestos de uso fraudulento. Asimismo, incorpora medidas orientadas a reforzar la seguridad jurídica de las personas arrendatarias, mejorar la transparencia contractual y garantizar una mayor supervisión administrativa.
Con este avance, se abre la vía para la tramitación legislativa de una norma que busca preservar la función social de la vivienda, garantizar el cumplimiento de las leyes en materia de alquiler y contribuir a una mayor estabilidad en el mercado residencial. La iniciativa se enmarca en el contexto de otras reformas legislativas en curso que pretenden afrontar los desafíos estructurales del acceso a la vivienda en España.
Más información en:
> El Congreso desbloquea la ley contra el fraude del alquiler temporal gracias al PP [EFE]
> El Congreso desbloquea la ley contra el fraude del alquiler temporal gracias al PP [INFOBAE]
Cerco al uso turístico de la vivienda: 21% de IVA para pisos vacacionales y un nuevo impuesto para compradores extracomunitarios
El Grupo Socialista ha presentado en el Congreso una proposición de ley que, entre otras medidas, establecería una modificación de la Ley del Impuesto sobre del Valor Añadido (IVA) que dispone que tributarán a un 21% los arrendamientos por un tiempo inferior a 30 noches. De hecho, estos alojamientos quedan específicamente excluidos en el artículo que reduce el IVA de algunos conceptos al 10%. Es decir, pagarán el máximo impuesto al consumo previsto en la legislación.
El objetivo es reducir el número de viviendas destinadas a uso turístico y favorecer el alquiler residencial, especialmente en zonas tensionadas como grandes ciudades y áreas costeras. Las políticas buscan revertir la presión sobre el mercado del alquiler y frenar el encarecimiento general de la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias vulnerables.
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La Comisión Europea ha expedientado a España por "trato fiscal discriminatorio" a los contribuyentes no residentes en el IRPF
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por considerar discriminatorio el impuesto aplicado a no residentes que utilizan una vivienda como residencia habitual. Este gravamen supone tributar por una renta imputada del 2 % del valor catastral del inmueble. La institución europea considera esta imposición discriminatoria para las personas físicas no residentes, por lo que ha instado a las autoridades españolas a modificar la norma para evitar la posible sanción.
Los contribuyentes que residen en España no tienen que pagar el impuesto sobre la renta imputada por el uso de su vivienda habitual. Por tanto, los no residentes tampoco deberían estar obligados a hacerlo, aunque actualmente sí deben abonar un 2 % del valor catastral del inmueble.
La Comisión Europea ha remitido una carta de advertencia al Gobierno español instándole a corregir esta situación irregular, concediéndole un plazo de dos meses para responder y solucionar los fallos señalados. Si Hacienda no ofrece una respuesta adecuada, Bruselas concederá otros 60 días adicionales y enviará un nuevo requerimiento urgente para que se suprima este impuesto, antes de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría imponer sanciones más severas.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La circularidad de la 'fast fashion' en entredicho: Europa convierte contenedores de ropa en canales de exportación a países en desarrollo
Un informe del PNUMA y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, publicado el 3 de junio de 2025, alerta de que gran parte de la ropa depositada en contenedores de reciclaje en Europa no se reutiliza localmente, sino que es exportada a países en desarrollo sin capacidad adecuada para su tratamiento. Esta práctica genera importantes daños ambientales y sociales, especialmente en lugares como Ghana, Kenia o Chile.
Solo entre el 10% y el 30% de la ropa recogida se reutiliza realmente. El resto, etiquetado como "segunda mano", acaba como residuo sin valor comercial. El informe denuncia esta dinámica como una forma de “colonialismo de residuos” y cuestiona la eficacia del modelo europeo de recogida textil.
Se solicita una reforma profunda de las políticas europeas en materia de residuos textiles, con mejoras en la trazabilidad, la reducción del desperdicio y la responsabilidad de la industria, especialmente la moda rápida, cuya sobreproducción alimenta este ciclo insostenible.
Esta situación refleja la necesidad urgente de replantear el concepto de economía circular en la industria textil y de adoptar medidas regulatorias que aseguren una gestión justa, transparente y verdaderamente sostenible de los residuos textiles.
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Impacto de los nuevos límites europeos sobre contaminación atmosférica: situación y desafíos en España
El 2 de junio de 2025, diversas organizaciones ambientales advirtieron que en 2024 el 64% de la población española (aproximadamente 31,2 millones de personas) estuvo expuesta a niveles de contaminación atmosférica superiores a los nuevos valores límite fijados por la Directiva (UE) 2024/… sobre calidad del aire, que serán exigibles en 2030. Esta normativa reduce significativamente los umbrales legales anteriores, en línea con los criterios de la Organización Mundial de la Salud.
Aunque aún pendiente de transposición en el ordenamiento jurídico español, la norma europea impone obligaciones reforzadas de vigilancia, información y reducción de contaminantes atmosféricos como el NO₂, las PM₂.₅ y el ozono troposférico. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2024 se registraron 300.000 muertes prematuras atribuibles a la contaminación del aire en la UE, 20.000 de ellas en España.
Además del impacto en la salud pública, los niveles de ozono afectan a 83.000 km² del territorio nacional, con consecuencias negativas sobre los ecosistemas, la productividad agraria y la masa forestal.
Este contexto refuerza la urgencia de medidas normativas y técnicas eficaces que aseguren el cumplimiento progresivo de los objetivos europeos en materia de calidad del aire, de conformidad con los principios de prevención y acción preventiva recogidos en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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La energía eólica bate récords en España en 2024 con más de 1.100 MW nuevos y lidera el mix eléctrico nacional
El 4 de junio de 2025, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) informó que España instaló 1.186 megavatios (MW) de nueva potencia eólica en 2024, distribuidos en 37 parques eólicos y 240 aerogeneradores. Con esta expansión, el país alcanzó un total de 31.679 MW de potencia eólica instalada, consolidándose como el sexto país del mundo en capacidad eólica, solo por detrás de China, Estados Unidos, Alemania, India y Brasil
La energía eólica cubrió el 23,2% de la demanda eléctrica nacional en 2024, situándose como la principal fuente de generación en el mix energético español, superando a la energía nuclear (20%) y a la solar fotovoltaica (17%). Castilla y León lideró en potencia instalada con 7.127 MW, seguida por Aragón (5.480 MW) y Castilla-La Mancha (4.928 MW). En términos de nueva capacidad, Castilla y León también encabezó la lista con 550 MW añadidos en 2024.
A nivel europeo, España representa el 11% de la potencia eólica instalada en la Unión Europea, posicionándose como el segundo país con mayor capacidad, solo por detrás de Alemania. La energía eólica generó el 19% de la electricidad consumida en la UE en 2024, con una meta de alcanzar el 34% para 2030 y más del 50% para 2050.
Este crecimiento refleja el compromiso de España con la transición energética y la descarbonización, destacando el papel clave de la energía eólica en la estrategia nacional para alcanzar la neutralidad climática en las próximas décadas.
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> La energía eólica batió todos los récords en 2024
Barcelona prueba pavimento reflectante para mitigar las islas de calor urbanas
Del 2 al 6 de junio de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya, ejecutó una prueba piloto en el distrito de Les Corts para evaluar la eficacia de un nuevo pavimento reflectante como medida de adaptación climática urbana. Esta actuación se enmarca en el Plan Clima de la ciudad.
El ensayo consistió en aplicar este aglomerado reflectante —diseñado para reflejar mayor radiación solar que el asfalto convencional— en un tramo de la calle Martí i Franquès, con el objetivo de comparar su comportamiento térmico con pavimento estándar. La iniciativa pretende reducir el efecto isla de calor urbano, disminuyendo la acumulación de calor en superficie y aumentando la resiliencia del espacio público ante el cambio climático.
De resultar efectivo, el pavimento podría aplicarse en otras zonas urbanas como parte de una estrategia más amplia basada en soluciones pasivas, naturalización urbana y materiales sostenibles.
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DESPOBLACIÓN
Implicaciones Jurídico-Laborales de la pérdida demográfica en zonas rurales según el Informe de Eurofirms People First
La llamada ‘España vaciada’ ha sufrido una pérdida demográfica de hasta el 20% en las últimas décadas, según un informe elaborado por Eurofirms People First. Esta disminución poblacional afecta principalmente a las zonas rurales y despobladas del país, lo que está provocando serios problemas en el mercado laboral local. La escasez de mano de obra dificulta el desarrollo económico y social de estos territorios, aumentando las desigualdades con las grandes ciudades.
El informe señala que entre las causas principales de este éxodo se encuentran la falta de oportunidades laborales, la limitada oferta educativa y la mala conectividad con los grandes núcleos urbanos, que hace que muchos jóvenes y profesionales opten por emigrar en busca de mejores condiciones de vida y trabajo.
Además, se destaca la insuficiente implementación de políticas públicas eficaces para frenar esta tendencia de despoblación. La combinación de estos factores genera un círculo vicioso donde la pérdida de población reduce aún más los servicios y recursos disponibles, afectando la calidad de vida de quienes permanecen.
Este fenómeno plantea grandes desafíos para el futuro del país, ya que la despoblación rural no solo afecta al equilibrio territorial sino también a la sostenibilidad social y económica. El informe hace un llamado a la necesidad urgente de adoptar medidas concretas que fomenten la repoblación, mejoren la infraestructura y promuevan el desarrollo de empleo de calidad en estas zonas para evitar su progresivo abandono.
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Sobre la necesidad de una gobernanza institucional eficaz en la gestión de riesgos sistémicos en España
En su artículo "España frente a sus riesgos", publicado el 30 de abril de 2025 en The Objective, el Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado, examina las vulnerabilidades estructurales de España en la gestión de riesgos sistémicos, destacando la necesidad de una gobernanza más eficaz y transparente. A través del análisis de eventos recientes, como apagones eléctricos y fenómenos meteorológicos extremos, el autor cuestiona la capacidad del Estado para anticipar y mitigar crisis que afectan directamente a la ciudadanía.
El profesor Arias Maldonado argumenta que la modernidad conlleva una exposición constante a riesgos derivados del desarrollo tecnocientífico, lo que exige una respuesta institucional basada en la competencia técnica y la rendición de cuentas. Sin embargo, señala que en España prevalece una tendencia a priorizar la construcción de relatos políticos favorables al gobierno sobre la búsqueda de soluciones efectivas. Esta actitud, según el autor, socava la confianza pública y debilita la capacidad del Estado para enfrentar desafíos complejos.
El artículo también critica la falta de imparcialidad en la selección de expertos y la escasa disposición de las autoridades para aprender de errores pasados, como la gestión de la pandemia. El profesor Arias Maldonado subraya la importancia de contar con profesionales leales al Estado y no a intereses partidistas, capaces de ofrecer diagnósticos objetivos y proponer medidas basadas en evidencia.
En conclusión, el autor aboga por una reforma profunda de la cultura política y administrativa en España, que promueva la responsabilidad institucional, la transparencia y la eficacia en la gestión de riesgos. Solo mediante un compromiso real con estos principios, afirma, podrá el país fortalecer su resiliencia frente a futuras crisis y garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
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Planificación Legislativa de la Administración General del Estado para 2025
El Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo 2025, que prevé la tramitación de 199 normas: 16 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos. De estas iniciativas, 75 incorporan disposiciones del Derecho de la Unión Europea y 20 están vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El plan establece prioridades legislativas en materias como justicia, medio ambiente, sanidad y derechos fundamentales. Entre las normas más relevantes figuran la Ley Orgánica integral contra la trata de seres humanos, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Presupuestos Generales del Estado y diversas reformas dirigidas a reforzar la transparencia institucional y la eficiencia administrativa.
La finalidad del plan es dotar de coherencia, previsibilidad y seguridad jurídica a la actividad normativa del Estado, reforzando la planificación legislativa y su control parlamentario.
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> El Gobierno aprueba el Plan Normativo 2025 que incluye casi 200 iniciativas
> El Gobierno prevé aprobar casi 200 iniciativas este 2025
