Boletín de investigación (núm. 7): ACTUALIDAD DE PRENSA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA
Duración limitada de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC) según la LISTA
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que introduce un criterio relevante sobre la naturaleza temporal de las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC), estableciendo que su constitución no puede ser indefinida, sino limitada en el tiempo.
El fallo, que se apoya en la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, señala que el deber de conservación subsiste únicamente mientras persista la causa que lo motiva. Esta interpretación corrige la práctica habitual de mantener las EUC sine die y refuerza la obligación de los municipios de asumir la gestión y el mantenimiento de las urbanizaciones una vez cumplidos los plazos previstos.
La sentencia marca un punto de inflexión en la aplicación práctica de la LISTA y en la delimitación de responsabilidades entre Administración y propietarios, al tiempo que incide en la configuración del modelo andaluz de sostenibilidad urbanística.
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Revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y aprobación ambiental del Plan de la Costa
La Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana ha sometido a información pública la versión preliminar de la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), acompañada de su estudio ambiental estratégico y del proyecto de Decreto que regulará su aprobación definitiva. Esta actualización responde a la necesidad de adaptar el planeamiento regional a los nuevos retos económicos, sociales y medioambientales de la comunidad, en coherencia con la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y los objetivos europeos de desarrollo sostenible.
El nuevo POTA se concibe como un instrumento marco que orienta la ordenación territorial de Andalucía bajo criterios de equilibrio, cohesión y resiliencia, reforzando la integración de políticas públicas en materia de vivienda, infraestructuras, energía, medio ambiente y paisaje. Entre sus principales líneas estratégicas destacan la cohesión territorial entre espacios urbanos y rurales, la protección de suelos de alto valor agrícola y ambiental, la mitigación del cambio climático, la movilidad sostenible y el aprovechamiento racional del suelo.
Paralelamente, se ha dado luz verde ambiental al Plan de Ordenación de la Costa, que plantea actuaciones estructurales de interés estratégico, como la creación de un bulevar metropolitano en la A-7, la liberalización progresiva del peaje y el fomento del tren litoral como eje vertebrador de movilidad y sostenibilidad.
Esta revisión marca un paso decisivo hacia un modelo territorial andaluz más integrado y sostenible, capaz de responder a los desafíos climáticos, demográficos y urbanos del presente. La iniciativa consolida una visión de futuro que apuesta por un territorio más equilibrado, habitable y coherente con los principios de desarrollo sostenible que inspiran las políticas europeas y nacionales de planificación.
Más información en:
> Revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Cataluña inicia consulta pública para unificar parámetros urbanísticos
La Generalitat de Catalunya ha abierto un trámite de consulta pública previo a la aprobación de un Decreto para la estandarización de los usos, parámetros de ordenación y calificaciones urbanísticas.
El objetivo es dotar al planeamiento territorial catalán de una estructura común que facilite la interpretación homogénea de los instrumentos urbanísticos y garantice la transparencia normativa.
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Málaga inicia en 2026 la revisión de su instrumento de planeamiento general para responder a nuevas demandas sociales
El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto iniciar en 2026 la revisión del instrumento de planeamiento general de la ciudad con el fin de adecuar la normativa urbanística a las nuevas demandas sociales y territoriales emergentes. La revisión se enmarca en una estrategia orientada a modificar el uso residencial y turístico del suelo, reforzar la vivienda asequible, regular los alojamientos turísticos y optimizar la movilidad, en un contexto de transformación urbana acelerada. Con ello, se busca adaptar el marco normativo del planeamiento a las exigencias de gobernanza, sostenibilidad y prestación de servicios públicos propios de una capital que afronta presiones demográficas, económicas y de modelo urbano.
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Presentación del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030
En el mes de septiembre se ha presentado el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El plan establece como prioridades, en primer lugar, el incremento del parque de vivienda asequible, incorporando como novedad la participación de promotores sociales de vivienda. En segundo lugar, una parte sustancial de los fondos se destinará a la rehabilitación del parque construido, priorizando intervenciones que mejoren la eficiencia energética y la accesibilidad, con mayores niveles de ayuda cuando se trate de viviendas ubicadas en zonas de protección patrimonial o de viviendas vacías que se pretenda incorporar al mercado del alquiler.
Asimismo, el PEV persigue favorecer la emancipación juvenil, atendiendo a las dificultades de acceso a la vivienda mediante ayudas específicas, tales como subvenciones al alquiler o a la compra —especialmente en municipios en riesgo demográfico—. En cuarto lugar, se propone reducir el esfuerzo financiero que supone acceder a la vivienda, incluyendo medidas específicas en supuestos de vulnerabilidad residencial. Finalmente, con el fin de contener y revertir las zonas de mercado tensionado, el plan prevé actuaciones orientadas a la moderación y reducción de los precios de alquiler y de compra.
Para alcanzar estos objetivos, el Plan Estatal de Vivienda prevé un incremento de la inversión pública, con un reparto del 60 % por parte del Estado y del 40 % por parte de las comunidades autónomas, con el fin de aproximar el parque público de vivienda a los estándares europeos. El plan incorpora igualmente el compromiso de garantizar la protección permanente de las VPO y de promover una información transparente, en colaboración con las comunidades autónomas.
En cuanto a su tramitación, las comunidades autónomas han formulado observaciones, aportaciones y alegaciones durante el proceso. Según el calendario previsto, el Plan Estatal de Vivienda será aprobado en la segunda quincena del mes de diciembre.
Más información en:
> Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 [MINISTERIO]
> Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 [JUNTA DE ANDALUCÍA]
> Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 [EUROPA PRESS]
> Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 [EL DIARIO]
Tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía
A principios del mes de octubre, el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía superó el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, tras lo cual ha continuado su tramitación parlamentaria. En la actualidad, la norma se encuentra en fase de tramitación en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, donde han intervenido diversos agentes sociales en el marco del procedimiento legislativo.
El texto tiene como finalidad impulsar la oferta de vivienda protegida, tanto en venta como en alquiler, y aborda asimismo la mejora de los mecanismos frente a la ocupación ilegal, la incentivación de la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler y el refuerzo de la colaboración público-privada para ampliar la disponibilidad de vivienda adecuada. Junto a ello, el proyecto incorpora medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, promover un parque residencial más equilibrado y mejorar la planificación en materia de vivienda a escala autonómica.
La iniciativa continuará su tramitación en las próximas semanas hasta su elevación al Pleno para su aprobación definitiva.
Enlace a la norma:
> Tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía [EUROPA PRESS]
> Tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía [LA RAZÓN]
> Tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía [DIARIO SUR]
> Tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía [EL MUNDO]
La Región de Murcia inicia la tramitación del Proyecto de Ley de Vivienda Asequible con la apertura del periodo de consulta pública
La Administración de la Región de Murcia ha iniciado la tramitación del Proyecto de Ley de Vivienda Asequible mediante la apertura del trámite de consulta pública en el Portal de la Transparencia. Este procedimiento, que permanecerá abierto durante siete días, permitirá que personas y entidades interesadas formulen observaciones y sugerencias antes de la elaboración del anteproyecto de ley.
La medida responde a la necesidad de avanzar en un marco normativo destinado a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para colectivos con mayores dificultades, y constituye el paso preliminar necesario para la redacción del texto normativo. La apertura del trámite garantiza la participación pública en el diseño de la futura regulación y asegura que el proceso legislativo se desarrolle con arreglo a los principios de transparencia y audiencia ciudadana.
Más información en:
> La vivienda en la Región de Murcia, en un callejón sin salida
Catorce municipios concentran el crecimiento de viviendas y población en Canarias
Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas pone de relieve que solo 14 municipios de Canarias concentran más del 80 % del crecimiento de viviendas registrado entre 2011 y 2021, así como una parte muy significativa del aumento de población en el archipiélago.
El estudio señala que este crecimiento se localiza principalmente en municipios turísticos y áreas con fuerte atracción residencial, como Arona, Adeje, San Bartolomé de Tirajana, Mogán o La Oliva, así como en algunos municipios dormitorio. Esta concentración evidencia un desarrollo territorial desigual y una desconexión entre el crecimiento de la vivienda y el conjunto del territorio canario.
El informe subraya que la relación entre población y vivienda sigue siendo uno de los principales retos estructurales de Canarias, especialmente en un contexto marcado por la presión turística y el encarecimiento del acceso a la vivienda.
Más información en:
> Catorce municipios acaparan el crecimiento de viviendas y población en Canarias [EL DIARIO]
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
España aprueba la primera especificación UNE para medir la sostenibilidad de la Inteligencia Artificial
El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha anunciado la publicación de una especificación UNE pionera destinada a evaluar la sostenibilidad de los sistemas de inteligencia artificial.
Esta norma técnica, desarrollada junto con la Asociación Española de Normalización (UNE), permite medir el impacto ambiental de la IA en todas las fases de su ciclo de vida, incluyendo consumo energético, materiales empleados y gestión de residuos electrónicos.
La iniciativa sitúa a España entre los países líderes en la regulación ética y sostenible de las tecnologías emergentes, integrando la innovación digital en los objetivos de la Agenda 2030 y de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
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Proyecto de Ley del Clima de Galicia: marco normativo autonómico para la acción climática y la neutralidad en 2040
El Consejo de la Xunta de Galicia aprobó el pasado 8 de septiembre de 2025 el Proyecto de Ley del Clima de Galicia, una iniciativa que establece el marco jurídico de referencia para la acción climática en la comunidad autónoma. El texto, actualmente en tramitación parlamentaria, fija como objetivo alcanzar la neutralidad climática en el año 2040, adelantando una década la meta europea, e impone una reducción del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a los niveles de 1990.
La norma proyecta un enfoque transversal que integra el principio de sostenibilidad en la energía, la movilidad, la ordenación del territorio, la gestión forestal y la planificación urbana, previendo la creación de instrumentos de planificación y evaluación, como el Plan gallego de acción climática y el Sistema de indicadores de resiliencia, destinados a medir los avances y asegurar la coherencia con los compromisos internacionales y nacionales de descarbonización.
Con este proyecto legislativo, Galicia se sitúa entre las primeras comunidades autónomas en dotarse de un régimen jurídico propio de gobernanza climática, que refuerza la responsabilidad pública en materia de mitigación y adaptación al cambio climático y promueve la coordinación multinivel de las políticas ambientales. Su aprobación preliminar evidencia la creciente consolidación del Derecho climático autonómico como pilar de la transición ecológica en España.
Más información en:
> Proyecto de ley del clima de Galicia. (12/PL-000009)
> Aprobado el Proyecto de Ley del Clima de Galicia
Aprobación del Anteproyecto de la nueva Ley de Montes de Andalucía
El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Montes de Andalucía (LEMA), que sustituirá a la vigente Ley 2/1992, con el objetivo de adaptar la normativa forestal autonómica a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos. La propuesta persigue reforzar la protección del patrimonio forestal andaluz, promover su gestión sostenible y garantizar su contribución a la mitigación del cambio climático y al desarrollo rural.
Entre las principales novedades destacan la incorporación de los principios de sostenibilidad y multifuncionalidad de los montes, la regulación de los servicios ecosistémicos y la valorización económica de los recursos forestales. Asimismo, se introducen medidas para prevenir incendios, fomentar la bioeconomía forestal y fortalecer la cooperación entre administraciones, propietarios y entidades locales en la planificación y conservación del territorio.
El texto propone, además, un marco más claro para la responsabilidad en la gestión forestal y para la participación ciudadana en la gobernanza del medio natural, integrando la dimensión ambiental con las necesidades productivas y sociales del entorno rural.
Más información en:
Proyecto de Ley de Gestión Ambiental de Andalucía: modernización normativa y refuerzo del control administrativo
La Junta de Andalucía ha presentado el Proyecto de Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, actualmente en tramitación, con el objetivo de renovar el marco jurídico autonómico en materia de protección ambiental y adecuarlo a las exigencias de la normativa europea y estatal.
El texto introduce mecanismos de simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos, especialmente en materia de autorizaciones y evaluaciones ambientales, al tiempo que refuerza las funciones de inspección y control para asegurar la compatibilidad entre la agilización de trámites y la tutela efectiva del medio ambiente.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia autonómica de mejora regulatoria y digitalización de la gestión pública, y aspira a lograr un equilibrio entre el desarrollo económico sostenible y la preservación de los recursos naturales. Su futura aprobación representará un avance significativo en la integración de la sostenibilidad ambiental en la acción administrativa andaluza.
Más información en:
> La Junta aprueba el Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía
Aprobación del deslinde-dominio público marítimo-terrestre de las marismas del Parque Nacional de Doñana
El procedimiento de deslinde del dominio público marítimo-terrestre promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (n.º DES01/10/21/0004), que afecta a un tramo de aproximadamente 118 772 metros en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla), ha generado una oposición formal por parte de la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía, a través de su viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha anunciado que presentará recurso al considerar que el acto administrativo «adolece de errores tanto técnicos como jurídicos», y que el proceso se ha llevado a cabo sin el informe preceptivo del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, órgano consultivo cuya intervención es requerida por la normativa sectorial aplicable.
Este desacuerdo adquiere relevancia tanto para la ordenación del litoral como para la protección de ecosistemas sensibles, ya que la delimitación del dominio público marítimo-terrestre tiene efectos sobre las competencias territoriales, el régimen de uso y titularidad del suelo, y los derechos asociados a los espacios protegidos. A la vista de este contexto, el I-INGOT considera oportuno seguir de cerca el desarrollo de este procedimiento y sus posibles implicaciones en materia de Derecho ambiental y ordenación territorial.
Más información en:
> Polémica en Doñana por el deslinde en sus marismas
Aprobado el Proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Proyecto de Ley de Turismo Sostenible, una iniciativa que plantea una reforma integral del sistema jurídico-turístico andaluz después de más de cuatro décadas sin una regulación completa. El texto pretende reordenar de forma estructural las políticas públicas en materia de turismo y modernizar su marco administrativo.
El proyecto redefine el reparto competencial entre la Junta y las entidades locales, incorporando mecanismos de gobernanza multinivel y creando el Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local como órgano estable de coordinación institucional. También conecta por primera vez la regulación turística con la ordenación territorial y urbanística, vinculando el uso turístico del suelo, la compatibilidad urbanística y la supervisión municipal de los alojamientos, incluidas las viviendas de uso turístico.
La digitalización constituye otro de sus ejes centrales, al integrar la inteligencia de datos en la planificación y gestión del destino y otorgar respaldo legal a plataformas y sistemas de información turística de ámbito autonómico. Asimismo, el proyecto actualiza el régimen de inspección y sanciones para reforzar la lucha contra la actividad clandestina y consolidar la función inspectora como garantía del cumplimiento normativo.
En el ámbito de los derechos y obligaciones, el texto revisa la protección de las personas usuarias y sistematiza los deberes de los prestadores, incorporando estándares de calidad, accesibilidad universal y profesionalización del sector.
Con su remisión al Parlamento de Andalucía, se abre la fase decisiva del procedimiento legislativo en la que se concretará la configuración definitiva de esta futura Ley de Turismo Sostenible.
Más información en:
> Proyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía
> Turismo Sostenible: Andalucía endurece sanciones en su nueva ley
DESPOBLACIÓN
Estrategia andaluza frente al desafío demográfico: planificación territorial y cohesión poblacional
La Junta de Andalucía ha aprobado la I Estrategia frente al Desafío Demográfico, concebida como un instrumento de planificación integral para afrontar la pérdida y el envejecimiento de población en los municipios rurales y de interior.
El documento articula más de 250 medidas orientadas a promover la cohesión territorial mediante el fortalecimiento de los servicios públicos, la mejora de la conectividad física y digital, la diversificación económica y el fomento de la vivienda y la movilidad sostenible.
La Estrategia incorpora la perspectiva demográfica en la acción pública y establece mecanismos de coordinación interadministrativa para garantizar su eficacia, en coherencia con los principios de equidad territorial y desarrollo sostenible recogidos en la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y en la normativa europea sobre cohesión económica y social.
Más información en:
> I Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025-2030
> Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025-2030
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Refuerzo de la transparencia e institucionalización de la integridad pública en las Administraciones
Durante el último trimestre de 2025, diversas administraciones públicas han adoptado nuevas estrategias normativas y de gestión orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad institucional.
En Andalucía, la Junta ha aprobado la Estrategia de Integridad Institucional, concebida como un instrumento de planificación transversal destinado a prevenir los conflictos de interés y promover una cultura ética en la función pública. Asimismo, la comunidad ha participado activamente en la Cumbre Global de Gobierno Abierto, exponiendo sus avances en materia de evaluación de políticas públicas y participación ciudadana.
A nivel estatal, el Gobierno de España ha adoptado el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029, que consolida los compromisos del Estado en materia de transparencia, acceso a la información y colaboración interinstitucional, alineando la acción pública con los estándares internacionales de buen gobierno promovidos por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
Más información en:
> Publicado el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029
Proyecto de Ley de modificación de las Leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador
El Proyecto de Ley modifica los artículos 67 y 92 de la Ley 39/2015 y los artículos 32, 32 bis y 34 de la Ley 40/2015 con el fin de adaptar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente la dictada en el asunto C-278/20. La reforma establece un marco más preciso para la reclamación de daños derivados de normas con rango de ley contrarias al Derecho de la Unión.
El texto introduce un plazo de prescripción de un año para el ejercicio de estas reclamaciones, que comenzará a contarse desde la notificación de la resolución administrativa o judicial que declare la infracción, o desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia que determine la inconstitucionalidad de la norma cuando sea aplicable. Asimismo, clarifica los requisitos de la reclamación, en relación con la identificación de la lesión, el nexo causal y la valoración económica del daño, y regula la competencia administrativa para la tramitación y resolución del procedimiento.
La reforma incluye también la definición del contenido y alcance del artículo 32 bis de la Ley 40/2015, que recoge el régimen aplicable a los daños causados por leyes contrarias al Derecho de la Unión, así como modificaciones relacionadas con la ejecución de sentencias y los criterios de imputación de responsabilidad. El proyecto cuenta con una disposición transitoria única y con disposiciones finales relativas a su desarrollo reglamentario y a su entrada en vigor.
Más información en:
> Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 39/2015
Estrategias de innovación pública y fortalecimiento de la gobernanza territorial
Paralelamente, distintas administraciones autonómicas y locales han avanzado en la implementación de políticas de innovación administrativa y de modernización institucional orientadas a una gestión pública más participativa, eficiente y cercana al ciudadano.
La Junta de Andalucía ha presentado su Estrategia para una Administración Pública Innovadora, que impulsa la transformación digital y organizativa de la Administración autonómica, promoviendo la colaboración interinstitucional y el desarrollo de servicios públicos basados en la evidencia y la inteligencia organizativa.
En la misma línea, el Gobierno Vasco ha reforzado su modelo de innovación pública, centrado en la participación ciudadana y en la humanización de los procesos administrativos. Por su parte, las diputaciones provinciales consolidan su papel como instituciones esenciales para la cohesión territorial y la prestación equitativa de los servicios públicos, reforzando su función de intermediación entre los municipios y la Administración autonómica.
Más información en:
> La Junta presenta su Estrategia para una Administración Pública Innovadora en NovaGob
> El Gobierno Vasco apuesta por una innovación pública más humana, cercana y participativa
> Las diputaciones refuerzan su papel como administración necesaria y cercana al ciudadano
FISCALIDAD
La nueva exigencia legal que transforma la tasa municipal de residuos urbanos
La reciente actualización del marco legal en materia de gestión de residuos ha situado en primer plano la exigencia derivada de la Ley 7/2022: todos los ayuntamientos deben implantar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que cubra el 100 % del coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. Aunque la tasa de basuras existía en muchos municipios, la novedad radica en la obligatoriedad universal y en la configuración jurídica más estricta que impone la norma, lo que ha obligado a numerosas entidades locales a crearla o revisarla profundamente.
Este cambio normativo ha generado importantes disparidades en las cuantías aplicadas, ha reabierto el debate sobre la distribución de la carga tributaria entre propietarios e inquilinos y ha coincidido con un notable incremento del coste del servicio, con impacto directo en el IPC. Todo ello coloca este tributo en el centro de la discusión jurídica y económica actual, especialmente en relación con los principios de equidad, sostenibilidad financiera y adecuada prestación de los servicios públicos locales.
Más información en:
> Claves sobre la polémica tasa de basuras: ¿Por qué la cobran ahora? ¿Quién tiene que pagarla?
Implantación de una nueva tasa de residuos urbanos vinculada al valor catastral y condiciones del inmueble en Málaga
El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado el proceso para aprobar una nueva tasa de residuos domésticos, calculada en función del valor catastral de la vivienda, el número de personas empadronadas y la zona de residencia. La propuesta establece importes mínimos y máximos diferenciados, así como bonificaciones para hogares vulnerables y medidas de incentivo ligadas a prácticas de economía circular. El esquema tarifario prevé su aplicación gradual a las actividades económicas a partir de 2027, mediante criterios específicos según la tipología y dimensión de los establecimientos.
Más información en:
> La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
> Así se calculará la nueva tasa de basura en Málaga: 142 euros anuales de media por hogar
DIGITALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Modernización administrativa y fortalecimiento de la competencia digital en el sector público
Durante el segundo semestre de 2025, diversas administraciones públicas han consolidado avances significativos en materia de digitalización y modernización de los servicios públicos. La Junta de Andalucía ha aprobado una inversión de 6,7 millones de euros para el desarrollo del catálogo electrónico cep@l, que permitirá a las entidades locales acceder a más de 450 procedimientos digitalizados comunes, impulsando la eficiencia administrativa y la igualdad en la prestación de servicios entre municipios.
A nivel estatal, el Plan Nacional de Competencias Digitales, enmarcado en la Agenda España Digital 2026, ha superado los dos millones de personas formadas, constituyéndose como una herramienta estratégica para la capacitación tecnológica de la ciudadanía y del personal del sector público.
Ambas iniciativas reflejan la consolidación de un modelo de administración digital más inclusivo, transparente y sostenible, conforme a los principios de interoperabilidad, simplificación y accesibilidad previstos en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa europea sobre gobierno digital.
Más información en:
> La Junta invierte 6,7 millones de euros en la digitalización de las administraciones locales
Participación ciudadana digital y cohesión territorial en el ámbito local
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un programa para fortalecer la participación ciudadana digital en los municipios rurales, impulsando la creación de canales electrónicos que garanticen la interacción efectiva entre la ciudadanía y la administración local.
La iniciativa busca asegurar la igualdad de acceso a los procesos participativos, reducir la brecha tecnológica y promover una cultura de gobernanza abierta y colaborativa, en coherencia con los principios de transparencia y proximidad administrativa consagrados en la legislación de régimen local y en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.
Más información en:
Colaboración institucional entre la Junta de Andalucía y Google para la capacitación en inteligencia artificial y competencias digitales
La Junta de Andalucía y Google han suscrito un acuerdo de colaboración destinado a impulsar la formación en inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías en la nube entre la ciudadanía, el sector educativo, las empresas y la propia Administración pública andaluza.
El objetivo de esta alianza es fortalecer las competencias digitales en todos los niveles del ecosistema social y productivo, alineándose con las directrices del Plan Nacional de Competencias Digitales 2021-2025 y la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial. En el ámbito institucional, la iniciativa busca fomentar una administración más innovadora y segura, capacitando a empleados públicos en el uso ético, eficiente y responsable de las tecnologías basadas en IA.
El acuerdo se articula como un marco de cooperación público-privada, orientado a la transferencia de conocimiento, la formación técnica y la creación de itinerarios de aprendizaje adaptados a las necesidades del mercado laboral y del sector público digital. Su desarrollo prevé la realización de talleres, programas formativos y acciones de sensibilización sobre los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea.
Con este convenio, Andalucía se sitúa entre las primeras comunidades autónomas en establecer un modelo de colaboración con un actor tecnológico global para la promoción de una cultura digital abierta, inclusiva y responsable, que contribuya a reducir la brecha de habilidades y a fortalecer la competitividad institucional y empresarial en el nuevo entorno digital.
Más información en:
> La Junta y Google sellan un acuerdo estratégico para impulsar la digitalización de la comunidad
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La inteligencia artificial como instrumento de innovación administrativa
En el último trimestre de 2025, varias administraciones autonómicas y organismos internacionales han reforzado su compromiso con una inteligencia artificial pública, ética y orientada al servicio ciudadano.
El Principado de Asturias ha anunciado la incorporación de herramientas de IA en la contratación pública, con el fin de agilizar los procedimientos y mejorar la transparencia y trazabilidad de las licitaciones. Por su parte, Castilla-La Mancha impulsa el uso de la inteligencia artificial como elemento de apoyo a la gestión documental y la atención ciudadana, consolidando su Estrategia de Administración Digital.
En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado la creación de un Panel Científico Independiente e Internacional sobre Inteligencia Artificial y un Diálogo Global sobre su Gobernanza, destinados a coordinar estándares éticos y marcos normativos que aseguren un desarrollo tecnológico compatible con los derechos humanos y los principios del Derecho internacional.
Estas iniciativas confirman la progresiva institucionalización de la inteligencia artificial en la gestión pública y la necesidad de un marco regulador que combine eficiencia administrativa, garantía de derechos y responsabilidad algorítmica, cuestiones de especial interés para la investigación jurídica y tecnológica promovida por el I-INGOT.
Más información en:
Nuevos mecanismos internacionales para la gobernanza de la inteligencia artificial
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado dos instrumentos de alcance global destinados a reforzar la regulación y supervisión ética de la inteligencia artificial: el Panel Científico Independiente e Internacional sobre IA y el Diálogo Global sobre su Gobernanza.
El primero actuará como órgano consultivo y de evaluación técnica, encargado de identificar riesgos y formular recomendaciones en materia de seguridad, transparencia y derechos fundamentales. El segundo establecerá un foro permanente de cooperación entre Estados, organismos internacionales y actores sociales para promover principios comunes de gobernanza tecnológica.
Ambas iniciativas representan un paso decisivo hacia la consolidación de un marco multilateral en torno al uso responsable y sostenible de la inteligencia artificial, reforzando la dimensión jurídica y ética de su desarrollo.
Más información en:
Consulta preliminar al mercado para la creación de una infraestructura pública de inteligencia artificial en Andalucía
La Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento de consulta preliminar al mercado con el fin de recabar información técnica y operativa para el diseño de una infraestructura pública de inteligencia artificial (IA) al servicio de la Administración autonómica.
Esta iniciativa, articulada conforme al artículo 115 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, busca identificar soluciones innovadoras que permitan desarrollar una plataforma tecnológica soberana, interoperable y segura, destinada a impulsar la transformación digital de los servicios públicos y la gestión inteligente de los datos.
La consulta tiene como finalidad favorecer la colaboración público-privada, garantizando al mismo tiempo la transparencia y concurrencia en la fase preparatoria de la contratación, y asegurando que la futura infraestructura se ajuste a los principios de ética, protección de datos y responsabilidad algorítmica recogidos en el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (Reglamento UE 2024/1689).
Más información en:
> La Junta estudia impulsar una infraestructura pública propia para desarrollar la IA
> La Junta lanza una consulta al mercado para impulsar una infraestructura pública propia de IA
