Boletín de investigación (núm. 9): ACTUALIDAD DOCTRINAL
AYLLÓN DÍAZ-GONZÁLEZ, J. M., Lecciones sobre legislación ambiental de Andalucía, Independently published, 2026
Esta obra ofrece una exposición sistemática de la legislación ambiental aplicable en Andalucía a través de siete lecciones concebidas como material de apoyo para la docencia universitaria. Con un planteamiento claro y didáctico, proporciona una visión de conjunto del marco jurídico ambiental andaluz, integrando tanto la legislación básica estatal como la normativa propia de la Comunidad Autónoma.
A lo largo de sus distintos capítulos se abordan cuestiones fundamentales como la distribución de competencias en materia ambiental, la organización administrativa autonómica, el régimen de los espacios naturales protegidos, la conservación de la biodiversidad, la caza y la pesca, los instrumentos de prevención ambiental y la protección frente a la contaminación acústica.
Sin aspirar a ofrecer un tratamiento exhaustivo de toda la normativa ambiental andaluza, el libro constituye una herramienta útil para comprender la estructura y los principios básicos de esta disciplina. Su enfoque eminentemente práctico y pedagógico lo convierte en un recurso de interés tanto para estudiantes como para profesionales y cualquier persona que desee iniciarse en el estudio del Derecho ambiental de Andalucía.
GAMERO CASADO, E. (dir.); FERNÁNDEZ RAMOS, S. y VALERO TORRIJOS, J. (coords.), Tratado de régimen jurídico básico del sector público y procedimiento administrativo común, Tirant lo Blanch, 2026
Este Tratado constituye una nueva obra colectiva dedicada al estudio del régimen jurídico básico del sector público y del procedimiento administrativo común, publicada con motivo del décimo aniversario de la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015. Dirigido por Eduardo Gamero Casado y coordinado por Severiano Fernández Ramos y Julián Valero Torrijos, reúne a más de cincuenta especialistas en Derecho Administrativo, entre los que se encuentran diversos miembros del I-INGOT. Aunque toma como referencia el Tratado publicado en 2017, no responde a una mera actualización de aquella obra, sino a un replanteamiento integral de su estructura y de su objeto de estudio, adaptado a la evolución normativa, jurisprudencial y doctrinal experimentada durante la última década.
La principal novedad del Tratado radica en su construcción sistemática. Frente a la ordenación seguida por las Leyes 39/2015 y 40/2015, la obra reorganiza la materia a partir de categorías jurídicas que permiten ofrecer una visión unitaria del Derecho Administrativo básico. Desde esta perspectiva, incorpora el estudio de instituciones y conceptos que trascienden el contenido literal de ambas leyes —como la potestad administrativa, la teoría general del acto administrativo, la inactividad administrativa o la autoorganización— e integra el análisis de otras normas esenciales, como la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, prestando asimismo una atención específica a la administración digital y a las tecnologías que sustentan las relaciones electrónicas con las Administraciones públicas.
Estructurada en tres tomos, la obra aborda el encuadre normativo y competencial del sistema, el procedimiento administrativo común y los principales ámbitos especiales del régimen jurídico básico del sector público. El resultado es una exposición sistemática que combina el análisis doctrinal, la jurisprudencia más relevante y el estudio de las instituciones fundamentales del Derecho Administrativo, ofreciendo una visión de conjunto especialmente útil para comprender la evolución y el funcionamiento del régimen jurídico de las Administraciones públicas.
MORENO LINDE, M. (dir.); ANTÚNEZ SÁNCHEZ, A. (coord.), La vivienda de uso turístico: implicaciones sociales y jurídicas en el contexto de la crisis habitacional, UMA Editorial, 2026
La obra colectiva aborda el fenómeno de la vivienda de uso turístico en el contexto de la crisis habitacional, prestando atención a sus efectos sobre el mercado del alquiler, la transformación de los espacios urbanos y los instrumentos jurídicos disponibles para ordenar esta actividad. Publicada por UMA Editorial y vinculada al I-INGOT, la obra toma como referencia principal el caso de Málaga, uno de los escenarios donde el debate sobre vivienda, turismo y ciudad adquiere una especial intensidad.
El volumen se estructura en dos partes. La primera incorpora un informe empírico sobre la relación entre las viviendas de uso turístico y el mercado del alquiler en Málaga. La segunda reúne aportaciones que analizan la mercantilización urbana, la dimensión social de la turistificación, los deberes de información y responsabilidad de las plataformas digitales, la limitación urbanística de las VUT desde la experiencia italiana y las posibilidades de intervención desde el Derecho financiero y tributario.
La publicación ofrece una aproximación multidisciplinar a un fenómeno de clara relevancia pública, al conectar el acceso a la vivienda, la planificación urbana, la regulación turística, la fiscalidad y la gobernanza territorial. Su principal aportación reside en reunir evidencia empírica y análisis jurídico para contribuir al debate sobre el equilibrio entre el desarrollo turístico, la función residencial de la ciudad y la protección de la población afectada.
ALARCÓN SOTOMAYOR, L., “La europeización del procedimiento administrativo común en España. Buena administración y efecto spillover”, Revista General de Derecho Administrativo, n.º 72, 2026
La autora explica cómo la influencia del Derecho de la Unión Europea se proyecta con distinta intensidad según derive de la normativa europea, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de la decisión del propio legislador español de extender determinadas soluciones europeas a ámbitos en los que su aplicación no resultaba obligatoria.
El estudio parte del examen de la relación entre el procedimiento administrativo común y los procedimientos sectoriales para valorar hasta qué punto la regulación contenida en la Ley 39/2015 constituye un marco adecuado para la aplicación interna del Derecho de la Unión. Desde esta perspectiva, analiza la evolución iniciada con la Ley 30/1992 y continuada por las Leyes 39/2015 y 40/2015, prestando especial atención a instituciones como el silencio administrativo positivo, las declaraciones responsables, las comunicaciones previas, la proporcionalidad, la no discriminación y los programas de clemencia.
Una parte especialmente relevante del trabajo se dedica al principio de buena administración, cuya recepción jurisprudencial ha reforzado garantías procedimentales ya presentes en nuestro ordenamiento, como el derecho de audiencia, el acceso al expediente, la motivación o la resolución en un plazo razonable. El artículo aborda también el denominado efecto spillover, entendido como la extensión voluntaria de soluciones procedentes del Derecho de la Unión a ámbitos en los que su incorporación no venía impuesta por este.
En conjunto, la autora ofrece una visión matizada del proceso de europeización del procedimiento administrativo español, poniendo de relieve la capacidad del ordenamiento para incorporar las exigencias derivadas del Derecho de la Unión sin perder su propia coherencia. Al mismo tiempo, advierte de la conveniencia de valorar en cada caso si la recepción de soluciones europeas responde a una auténtica justificación jurídica, evitando su traslación automática a sectores en los que no resulte necesaria.
BELTRÁN CASTELLANOS, J. M., “El impacto de la digitalización y automatización de las Administraciones públicas en los derechos de la ciudadanía”, Revista Catalana de Derecho Público, n.º 72, 2026, pp. 51-70
El artículo examina las consecuencias que la digitalización y la automatización de las Administraciones públicas pueden tener sobre el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía, especialmente cuando la relación electrónica deja de ser una opción y se convierte, en la práctica, en la vía ordinaria de acceso a los servicios públicos. El autor sitúa este fenómeno en el contexto de la brecha digital y pone de relieve las dificultades que la falta de recursos, de competencias digitales o de accesibilidad puede generar para una parte de la población.
El estudio analiza algunas de las principales manifestaciones de esta transformación, prestando especial atención a las notificaciones electrónicas, la cita previa obligatoria, los asistentes virtuales y la actuación administrativa automatizada. A partir de estos ejemplos, muestra cómo el empleo de herramientas tecnológicas, pese a las ventajas que ofrecen para la gestión administrativa, también puede dificultar la atención personalizada y agravar las desigualdades en el acceso a los servicios públicos.
La principal aportación del trabajo consiste en abordar la transformación digital desde la perspectiva de las garantías de la ciudadanía. En este sentido, el autor defiende que la incorporación de nuevas tecnologías debe ir acompañada de medidas que aseguren la accesibilidad, mantengan canales de atención adecuados para quienes presentan mayores dificultades y eviten que la automatización termine convirtiéndose en un obstáculo para el ejercicio de los derechos en las relaciones con la Administración.
GUICHOT REINA, E., “Responsabilidad administrativa (Evolución jurisprudencial julio-diciembre de 2025). Destaca: TS, se condena a indemnizar por error judicial consistente en la aplicación de una norma derogada”, Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 246, 2026.
El artículo ofrece una crónica de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad patrimonial durante el segundo semestre de 2025. El estudio se sitúa en el marco de la aplicación de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, identificando los principales criterios interpretativos consolidados por la jurisprudencia reciente.
El autor estructura el análisis en torno a los distintos ámbitos de la responsabilidad administrativa. Examina la responsabilidad del Estado legislador, con especial atención a la jurisprudencia derivada de la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y a las reclamaciones vinculadas a las medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19. Asimismo, aborda la responsabilidad derivada del funcionamiento de la Administración de Justicia, deteniéndose en la condena por error judicial ocasionado por la aplicación de una norma derogada y en la doctrina sobre la ruptura del nexo causal en los supuestos de prisión preventiva, para finalizar con el análisis de la responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión Europea.
La crónica sistematiza las principales líneas jurisprudenciales desarrolladas por el Tribunal Supremo en este ámbito y facilita una visión de conjunto sobre la evolución reciente del régimen de responsabilidad patrimonial, poniendo de relieve los criterios empleados para apreciar la concurrencia de sus presupuestos en los distintos supuestos analizados.
MARTÍN VALDIVIA, S. M.ª, “El contexto actual de la responsabilidad patrimonial en materia urbanística”, Revista Andaluza de Administración Pública, n.º 120, 2025, pp. 331-351
El artículo examina la evolución reciente de la responsabilidad patrimonial en materia urbanística a partir de la regulación vigente y de la jurisprudencia más significativa. Desde una perspectiva eminentemente práctica, el autor analiza las dificultades que plantea este ámbito y pone de relieve que la viabilidad de las reclamaciones indemnizatorias depende no solo de la existencia de un daño efectivo, sino también de la concurrencia de los requisitos exigidos por el régimen general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
El estudio dedica especial atención al artículo 48 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, analizando los principales supuestos indemnizatorios previstos por la legislación urbanística, entre ellos las alteraciones de las condiciones de urbanización, las vinculaciones o limitaciones singulares, la modificación o extinción de títulos habilitantes, la anulación o demora en el otorgamiento de licencias y la ocupación temporal de terrenos destinados a dotaciones públicas. El autor destaca que la aplicación de estos supuestos exige una valoración rigurosa de los presupuestos que condicionan el nacimiento del derecho a la indemnización.
Una parte especialmente relevante del trabajo se centra en la denominada doctrina del margen de tolerancia, conforme a la cual la Administración puede quedar exonerada de responsabilidad cuando su actuación, aun siendo posteriormente anulada, resulte razonada y razonable. A partir del caso de El Algarrobico, el artículo examina las dificultades que plantea este criterio en procedimientos urbanísticos complejos en los que intervienen distintas Administraciones y concurren informes favorables y títulos administrativos posteriormente anulados.
En conjunto, el trabajo ofrece una visión actualizada del régimen de la responsabilidad patrimonial urbanística y de su aplicación por los tribunales, destacando la importancia que adquieren elementos como la antijuridicidad del daño, el nexo causal y la razonabilidad de la actuación administrativa en la resolución de este tipo de reclamaciones.
