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El pasado 9 de octubre, la Federación de Jóvenes Investigadores fue invitada a comparecer ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa del Parlamento andaluz como agente social interesado en la tramitación de la Ley de la Ciencia Andaluza. A continuación, encontraréis el texto de la exposición realizada por nuestro compañero Ángel Villegas, coordinador de la Federación en Andalucía.
COMENTARIOS DE LA FEDERACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES (FJI) AL PROYECTO
DE "LEY ANDALUZA DE LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO"
La Federación de Jóvenes Investigadores lleva varios años trabajando por
la mejora de las condiciones laborales de los investigadores en fase
inicial y por el desarrollo de una carrera investigadora coherente en
nuestro país, tanto a nivel nacional como autonómico. El principal
objetivo de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) es la
profesionalización de la Carrera Investigadora desde su inicio. Es decir:
1) La dignificación del trabajo de los jóvenes investigadores a través de
su contratación, del reconocimiento de derechos laborales y del fomento de
la mejora permanente de sus capacidades.
2) La estabilización de la Carrera Investigadora a través del diseño
sólido y serio de la proyección de los jóvenes investigadores, tanto en el
sector público como privado.
3) La armonización de la situación de los jóvenes investigadores en el
Estado y la homogenización con los estándares europeos.
De forma más concreta, los esfuerzos de la FJI se han concentrado en gran
medida en la sustitución de la actual política de becas por un sistema más
sostenible de contratación laboral, lo que supone, en definitiva, la lucha
por el reconocimiento del derecho de la actividad investigadora, ya desde
su fase inicial, como lo que es claramente de hecho: un trabajo.
Gracias a la labor de la FJI, se han logrado importantes avances y mejoras
en la línea de estos objetivos. Se ha conseguido que la sociedad sea más
consciente de la importancia del papel de los investigadores en el aumento
del progreso y el bienestar común. Los poderes públicos, por su parte, nos
han reconocido como interlocutores imprescindibles en los debates de
política científica.
Aunque la experiencia acumulada en nuestra organización por la actividad
profesional de nuestros representados nos permitiría ofrecer opiniones
bien fundamentadas sobre muchos de los múltiples campos que abarca el
Proyecto de Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, preferimos
centrarnos en aquellos aspectos que son propios de la actividad de la FJI.
En la exposición de motivos de este proyecto de ley se hace un repaso del
estado de la investigación en Andalucía en los últimos tiempos.
Consideramos, pues, conveniente contribuir a este análisis desde nuestra
perspectiva, y resumir la evolución de la situación del personal
investigador en nuestra comunidad en los años más recientes.
Situación del personal investigador en Andalucía a comienzos de la
presente legislatura
La legislatura 2000/04 terminó con importantes avances y prometedoras
perspectivas para el personal investigador en nuestra comunidad. Se pueden
señalar una serie de hitos que resultaban esperanzadores:
Instauración del sistema 2+2
En el año 2004 se implantaba en Andalucía el modelo de dos años de beca y
dos años de contrato para los incentivos a investigadores predoctorales.
Este modelo, insuficiente a todas luces para el reconocimiento de la
actividad profesional de los investigadores, suponía al menos romper por
primera vez con la mentalidad arcaica que se niega a reconocer el trabajo
que realizan muchos investigadores en nuestro país. Era pues, un primer
paso, ciertamente tímido pero significativo, en la dirección adecuada.
Programa de perfeccionamiento para doctores
En 2003 comenzó a funcionar en nuestra comunidad un programa de
perfeccionamiento para doctores, que permitía que éstos pudiesen
desempeñar su labor profesional durante dos años en centros de
investigación de fuera de Andalucía, preferentemente en el extranjero.
Este programa resultó ser de gran importancia, no sólo por la actividad en
sí que promovía, sino porque los incentivos del mismo iban destinados a la
contratación de doctores. Se acababa, pues, con la tradición de las becas
posdoctorales, cuya existencia es injustificable desde ningún punto de
vista. Andalucía, pues, destacaba como comunidad pionera en España, por
encima incluso de los propios programas del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de entonces, que seguían ofreciendo becas a los doctores.
Programa de retorno para doctores
Igualmente en 2003, se publicó la primera convocatoria del programa de
retorno, que permitía la contratación laboral de investigadores que
hubiesen realizado su formación posdoctoral en centros fuera de Andalucía,
para la realización de proyectos específicos de investigación. Era un
programa de gran trascendencia, similar al Ramón y Cajal del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, ya que no sólo recuperaba investigadores que se
encontraban fuera de nuestra comunidad, sino que permitía que éstos
pusiesen en marcha su propio proyecto de investigación, lo que era un
avance notable para su carrera profesional.
Proposición de Ley del Parlamento Andaluz para la inclusión de los
investigadores en el régimen de la Seguridad Social
El 11 de junio de 2003 se aprobaba en el Parlamento Andaluz enviar a las
Cortes una proposición de ley para la modificación del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilitase la
protección social y la contratación laboral de los investigadores. La
aprobación de esta ley por el Parlamento supondría terminar con las
condiciones de desprotección en que los investigadores tienen que
trabajar, ya que garantizaría, entre otras cosas, la cotización al régimen
de la Seguridad Social a todos los efectos, incluidos las pensiones de
jubilación y el subsidio por desempleo.
Evolución de la situación del personal investigador en Andalucía en los
últimos tres años
Las esperanzas que existían de que la comunidad andaluza estaba caminando
por la senda de la dignificación de la actividad investigadora y de la
conformación de una carrera profesional coherente para los profesionales
de la investigación, se han visto lamentablemente frustradas en los
últimos años. Aquellas prometedoras iniciativas han sido desmanteladas o
paralizadas, de modo que no sólo no se ha seguido avanzando en la
dirección adecuada, sino que se ha retrocedido en el camino emprendido.
Comentamos cómo ha afectado este cambio de política a los aspectos antes
señalados.
Situación del personal predoctoral
Al paso dado en la adopción del sistema 2+2 no han seguido otros, de modo
que no se ha continuado profundizando en el reconocimiento de la actividad
laboral de los investigadores. Así, hemos tenido que ver cómo Andalucía se
quedaba estancada, frente al ejemplo de la Comunidad de Madrid que en el
2006 puso en marcha el modelo 0+4, o sea, contratos desde el comienzo de
la carrera investigadora. Desde la Junta de Andalucía, por el contrario, y
pese a contar incluso con un informe jurídico favorable al mismo, se ha
venido negando sistemáticamente a adoptar este sistema 0+4. Comprobamos,
pues, que no existe una voluntad real de terminar con la precariedad de la
investigación.
Programas de perfeccionamiento y de retorno para doctores
En el año 2005 desaparecieron los programas de perfeccionamiento y de
retorno, que tan positivos habían resultado y que habían colocado a
Andalucía a la cabeza de las comunidades de nuestro país en el desarrollo
de carrera posdoctoral. Esto supone que, a día de hoy, un doctor se
encuentra en nuestra comunidad con opciones muy limitadas de cara a su
futuro. Pese a la evidencia de que esto ha supuesto un retroceso objetivo
e importante para la investigación en Andalucía, tres años después siguen
sin reintroducirse dichos programas.
Proposición de Ley del Parlamento Andaluz para la inclusión de los
investigadores en el régimen de la Seguridad Social
En abril de 2006, cuando el Congreso de los Diputados iba a decidir sobre
la admisión a trámite de la proposición de ley del Parlamento Andaluz
arriba comentada, desde la Junta de Portavoces de este parlamento se
solicitó el aplazamiento de dicha admisión a trámite. Esta decisión,
insólita donde las haya, sólo se puede explicar asumiendo que la
aprobación de esta proposición de ley en su momento fue simplemente una
jugada de oportunismo político, sin interés real por la situación de
desprotección de los investigadores. Se comprobaba, pues, que para algunas
fuerzas políticas el personal investigador es simplemente un arma
arrojadiza, que se usa o no en función de las mayorías parlamentarias
existentes en cada momento, sin importarles realmente la solución de sus
problemas. Resultaba lamentable ver cómo un tema tan importante para el
desarrollo de nuestro país como es el de la investigación era objeto del
juego político de más bajo nivel.
El personal investigador en el Proyecto de Ley Andaluza de la Ciencia y el
Conocimento
Como no podría ser de otro modo, son numerosas las menciones que se hacen
al personal investigador en este proyecto de ley. Así, en el artículo 5,
entre los objetivos de la misma se señala Potenciar el capital humano,
promoviendo la formación de las personas para su incorporación al Sistema
Andaluz del Conocimiento. Igualmente destacables son las medidas que se
mencionan en el artículo 10 Ampliar la disponibilidad de capital humano,
debidamente capacitado y Potenciar la capacidad investigadora a través de
la creación de un entorno favorable para el desarrollo de la función de
investigación.
En cualquier caso, es indudablemente el Capítulo III del Título III del
proyecto el que se refiere específicamente a la situación concreta del
personal investigador. Consideramos conveniente destacar algunos puntos
concretos:
• Definición de profesional al servicio del Sistema Andaluz del
Conocimiento.
Es muy importante esta definición, y la subdivisión siguiente que se hace
de las diferentes categorías profesionales: personal investigador,
personal técnico y personal de gestión. Esta clasificación acota las
distintas posibilidades laborales que existen, no dejando lugar a
construcciones artificiales, como la de personal en formación, eufemismo
para becario, y otras del estilo con las que se ha pretendido privar al
personal investigador en fase inicial de los más elementales derechos que
asisten a cualquier trabajador en nuestro país. Si se asume esta
definición, ningún agente de generación de conocimiento en Andalucía podrá
continuar sirviéndose de la actividad productiva de un investigador sin
reconocerle sus derechos laborales.
• Procesos de selección del personal investigador no funcionario.
Se establece en el artículo 41 que se implantarán procedimientos de
contratación abiertos que respeten los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad. Este principio, básico en un sistema público
que pretenda ser eficaz y transparente, no se garantiza siempre en las
convocatorias públicas que se vienen realizando. En las convocatorias de
Incentivos para proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía los
candidatos para gran parte del personal a contratar en el proyecto ya
vienen determinados en la solicitud de los mismos, y no son objeto de una
selección independiente a posteriori.
• Movilidad y retorno del personal investigador.
En los artículos 43 y 44 se habla de la promoción de programas dirigidos a
facilitar la movilidad geográfica y de programas que incentiven el retorno
del personal investigador de origen andaluz que desarrolle la mayor parte
de su actividad fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. En relación
con esto, queremos señalar, por una parte, que entendemos que por
"personal investigador de origen andaluz" se hace referencia a aquél que
ha realizado sus estudios universitarios en Andalucía o que tiene
vinculación laboral o estatutaria con un agente de generación de
conocimiento andaluz, y así debería especificarse en el texto legal. Por
otra parte, aunque ya hemos indicado la necesidad urgente de reintroducir
estos programas en nuestra comunidad, incomprensiblemente desmantelados en
2005, la mención que se hace a los mismos en el proyecto de ley es
demasiado general e inconcreta.
En realidad, muchos de los aspectos relacionados con el personal
investigador se podrían tachar de "generales e inconcretos", además de
pasar por alto cuestiones importantes, como es la situación del personal
investigador en fase inicial. Creemos que una ley como la que se presenta
al Parlamento Andaluz constituye una oportunidad única que se ha de
aprovechar entre todos para impulsar la investigación y el conocimiento en
Andalucía. Es preciso, pues, plantear propuestas más específicas y
definidas, que hagan de esta ley un instrumento eficaz para la consecución
de los objetivos previstos.
Propuestas de la Federación de Jóvenes Investigadores para la "Ley
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento"
Desde la FJI consideramos que se debe introducir en el capítulo III del
Título III de la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento el concepto
de carrera investigadora en Andalucía, así como el desarrollo de la misma.
La carrera investigadora consiste en una serie de etapas en las que un
investigador desarrolla su actividad profesional. Comienza en el momento
en que se reúnen los requisitos para poder acceder al doctorado, aun
cuando no se persiga necesariamente la obtención de este título. Las
etapas que deberían incluirse son las siguientes:
 Etapa de investigador en fase inicial (predoctoral)
En esta etapa, se ha de asegurar que el investigador esté contratado desde
el principio de su actividad. Todos los investigadores en fase inicial han
de disfrutar de los mismos derechos y deberes, independientemente de su
fuente de financiación o de los objetivos del trabajo de investigación que
esté llevando a cabo. Se ha de terminar definitivamente con la idea de
"beca" para financiar personal investigador. Asimismo, se ha de garantizar
que existan programas que permitan a estos investigadores la movilidad
geográfica temporal, de modo que puedan realizar estancias en otros
centros de trabajo diferentes al suyo, lo que enriquecerá su experiencia
profesional.
 Etapa de investigador experimentado (posdoctoral)
El investigador experimentado tiene más de 4 años de experiencia
investigadora o posee el título de doctor. Es ésta una etapa crítica, que
suele estar caracterizada por períodos sin financiación. Para evitar esto,
se deberían incorporar a los programas de los investigadores en fase
inicial los conocidos como "contratos puente", que permiten a los
investigadores continuar su labor durante al menos un año tras superar la
fase inicial.
Igualmente, se han de ofrecer para esta etapa los programas de
perfeccionamiento equivalentes a los que existieron en Andalucía en los
años 2003 y 2004. Se ha de garantizar que los investigadores
experimentados puedan realizar una experiencia profesional de al menos dos
años en algún centro de investigación de fuera de nuestra comunidad.
 Etapa de incorporación
Los programas destinados a la incorporación de investigadores deberán
asegurar que los beneficiarios tengan independencia, condiciones
adecuadas, recursos suficientes para la creación de un grupo de
investigación, derechos y reconocimiento pleno equivalente al resto de
investigadores principales del centro al que se incorporan. Es
imprescindible, al menos, la recuperación de los programas de retorno
equivalentes a los que existieron en Andalucía en los años 2003 y 2004.
 Etapa de estabilidad
En la actualidad la gran mayoría de puestos estables de investigadores son
de funcionarios. Andalucía debería ser nuevamente una comunidad pionera e
introducir la figura del "investigador con contrato estable". La falta de
una perspectiva mínima de horizonte estable en el futuro es lo que disuade
a muchos profesionales de iniciarse en la actividad investigadora. De este
modo, se está desaprovechando a muchos de nuestros mejores cerebros que
prefieren dirigir sus capacidades hacia otros sectores que ofrecen más
garantías. Es preciso, pues, introducir programas que garanticen la
contratación estable de los investigadores más competentes,
independientemente de la etapa en la que se encuentren.
Para que la implantación de la carrera investigadora tenga éxito en
Andalucía, es preciso tener en cuenta dos aspectos importantes, como son:
• Deberá incrementarse notablemente el número de puestos de investigador
en todas las etapas de la carrera investigadora, tanto en el sector
público como en el privado. Este incremento deberá estar acompañado por un
aumento coordinado del personal de apoyo. Este esfuerzo formara parte de
una política bien planificada y con objetivos a largo plazo. Ha de
buscarse un equilibrio adecuado entre la oferta de personal para cada
etapa, de modo que se evite que un número significativo de profesionales
se encuentren en un momento dado sin financiación y sin trabajo.
• Se han de introducir sistemas de evaluación más estrictos, que estén
basados en evaluadores externos y que tengan en cuenta las diferencias en
los distintos campos. El concepto de "evaluación externa" tanto de los
agentes como de los profesionales del Sistema Andaluz del Conocimiento es
de gran importancia para garantizar la eficacia y la transparencia.
Creemos que si estas propuestas se introducen de modo concreto en el
Proyecto de Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, nuestra
comunidad estará en condiciones de dar pasos muy importantes hacia la
Sociedad del Conocimiento. |
