Boletín de investigación (núm. 3): ACTUALIDAD DE PRENSA
URBANISMO
Guerra al caos urbanístico en la playa 'pijipi' de El Palmar: de 120 a 1.500 viviendas ilegales
Lunes, 15 de abril de 2024
En la playa de El Palmar, situada en Vejer, Cádiz, se ha producido un notable descontrol urbanístico que ha llevado a un incremento exponencial de viviendas irregulares, pasando de 120 construcciones legales en los años 80 a 2.462 viviendas ilegales en la actualidad. Sin embargo, esto no es una novedad, sino que es el resultado de un descontrol desmedido del fenómeno turístico que lleva produciéndose en la zona desde los años 80. La Junta de Andalucía ha iniciado acciones correctivas, incluyendo demoliciones, para abordar este crecimiento desmedido y restablecer el orden urbanístico. Estas medidas cuentan con el respaldo de organizaciones como Ecologistas en Acción, que ven en las demoliciones la única solución legal viable.
El fenómeno ha generado inquietud entre los residentes y propietarios, así como entre aquellos que buscan en El Palmar un refugio de espíritu alternativo, pero que, paradójicamente, contribuyen al problema con la demanda de alquileres elevados. Este caso resalta la necesidad de una gestión y planificación urbanística eficaz para prevenir el desarrollo ilegal y sus repercusiones negativas tanto para el entorno natural como para la comunidad.
La problemática de las edificaciones ilegales en Andalucía es un tema complejo que afecta tanto al medio ambiente como al tejido social y económico de la región. La proliferación de estas construcciones no solo desafía la legalidad y el orden urbanístico, sino que también pone en riesgo los ecosistemas y la calidad de vida de los residentes. Andalucía enfrenta un desafío significativo con aproximadamente 1.000 urbanizaciones y 200.000 viviendas ilegales, lo que representa un gran volumen de construcciones fuera de la legalidad. Esta situación ha llevado a la Junta de Andalucía a intensificar sus esfuerzos para regularizar estas edificaciones y aplicar medidas correctivas.
La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, ha resultado en un aumento del 600% en la paralización de viviendas ilegales y ha acumulado multas que suman tres millones de euros. Además, la complejidad del proceso de prescripción limita la aplicación efectiva de las normativas existentes. La regulación vigente en Andalucía sobre las edificaciones irregulares es extraordinariamente desordenada y compleja, generando un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica. Esto subraya la necesidad de una reforma normativa que simplifique y aclare el marco legal para abordar de manera más efectiva el problema de las construcciones ilegales.
El fenómeno de las edificaciones ilegales no solo tiene repercusiones legales y ambientales, sino que también afecta a las comunidades locales. Los residentes y propietarios se encuentran en una situación de incertidumbre, mientras que la demanda de alquileres elevados contribuye al problema que se busca solucionar. Es imperativo que la Junta de Andalucía, junto con organizaciones como Ecologistas en Acción y la sociedad civil, trabajen conjuntamente para desarrollar estrategias de planificación urbanística que prevengan el desarrollo ilegal y promuevan un crecimiento sostenible y respetuoso con el entorno natural y cultural de Andalucía.
En conclusión, la problemática de las edificaciones ilegales en Andalucía requiere una atención urgente y coordinada para proteger el patrimonio natural, asegurar la legalidad urbanística y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ponemos de relieve la importancia de la situación actual en Andalucía en relación con las viviendas irregulares y desde el I-INGOT se destaca la proactividad por parte de la Junta de Andalucía para acabar con esta lacra que lleva décadas asolando el urbanismo andaluz.
Más información en:
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> Hasta 160 casas ilegales serán derribadas en El Palmar
> El Palmar, un paraíso de la ilegalidad
El Gobierno de España avanza en la expropiación de pisos en la playa, con cesión de uso al propietario por 30 años
Miércoles, 1 de Mayo de 2024
El Gobierno de España ha avanzado en una modificación del Reglamento de Costas que aborda directamente el impacto del cambio climático en las costas del país. La nueva normativa permite la expropiación de propiedades en primera línea de playa, ofreciendo a los propietarios una moratoria de 30 años para el uso de dichas propiedades, con la posibilidad de extenderla por otros 30 años en determinadas circunstancias. La medida se aplica a apartamentos, hoteles y chiringuitos que se encuentran en áreas susceptibles a la erosión costera y al cambio climático. Con el nivel del mar previsto para aumentar en las próximas décadas, esta acción legislativa es vista como un paso esencial para proteger las costas españolas.
Además de la concesión inicial, el Gobierno busca imponer un límite de 75 años para las concesiones de actividades cerca de la costa. Esta restricción tiene como objetivo preservar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar que las actividades económicas no comprometan la integridad de las zonas costeras. La propuesta ha generado un debate significativo, particularmente entre los propietarios afectados y los municipios costeros. Mientras que algunos ven la reforma del Reglamento General de Costas como una medida necesaria para combatir los efectos del cambio climático, otros la consideran polémica y preocupante por sus implicaciones en la propiedad privada y los derechos de los propietarios.
La reforma busca un equilibrio entre la protección del litoral y los derechos de los propietarios. Se presenta como una solución a largo plazo para los problemas causados por el cambio climático, asegurando que las costas españolas puedan ser disfrutadas por futuras generaciones, al tiempo que se respetan los derechos de los actuales propietarios. En resumen, la nueva legislación sobre la expropiación de propiedades en la costa es un reflejo de la necesidad de adaptarse a las realidades del cambio climático, protegiendo las costas y ofreciendo a los propietarios una forma de compensación a través de concesiones de uso.
Más información en:
> El Gobierno podrá expropiar pisos en la playa y ceder al dueño el uso 30 años
El Gobierno de España retira en el último momento la Ley del Suelo ante la falta de apoyos
Jueves, 23 de mayo de 2024
El Gobierno de España ha solicitado retirar del orden del día del Pleno del Congreso el debate de las enmiendas a la totalidad de ERC, Junts y Podemos a la reforma de la ley del suelo y rehabilitación urbana. Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, esta decisión busca garantizar que la tramitación de la norma no se vea afectada por la situación electoral. La iniciativa había sido demandada por los Ayuntamientos, con una carta firmada por la FEMP, por las Comunidades Autónomas, en la Declaración Xacobeo 21-22, y por todo el sector. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno no abandonará la reforma de la ley del suelo y que volverán a presentarla en la Cámara Baja para su aprobación con un "amplio consenso".
La retirada del debate sobre las enmiendas a la totalidad y la intención del Gobierno de buscar un amplio consenso subraya la importancia de un proceso legislativo inclusivo y participativo en la elaboración de normativas clave para la gestión del suelo y la rehabilitación urbana. La reforma de la Ley del Suelo tiene implicaciones directas en la gestión territorial, un ámbito central para el I-INGOT. La normativa propuesta busca evitar que errores de carácter formal puedan paralizar planes urbanísticos, lo cual es crucial para agilizar procesos y fomentar un desarrollo urbano eficiente y sostenible. Sin embargo, las preocupaciones planteadas por las enmiendas a la totalidad señalan la necesidad de equilibrar la simplificación administrativa con la protección de competencias autonómicas y locales, así como con la garantía de derechos urbanísticos y de participación ciudadana.
Recordemos que, la reforma de la ley del suelo tiene sus raíces en la Ley del Suelo de 1956, la primera norma en España que reguló de manera integral el uso del suelo. Posteriormente, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, han sido los marcos legales principales que han gobernado la ordenación territorial y la rehabilitación urbana en las últimas décadas. Estas leyes establecen principios y directrices para un desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la garantía de los derechos de propiedad y participación ciudadana en los procesos urbanísticos.
Para el I-INGOT, es esencial seguir de cerca el desarrollo de esta reforma y contribuir con los expertos a un debate constructivo que asegure que la normativa final respete las competencias autonómicas y locales asegurando que las entidades regionales y municipales mantengan su capacidad de gestión y decisión en materia de ordenación del territorio; garantice la participación ciudadana facilitando mecanismos para que los ciudadanos puedan impugnar proyectos urbanísticos que consideren lesivos para sus intereses o para el medio ambiente; y equilibre la eficiencia administrativa con la protección urbanística estableciendo procedimientos que permitan agilizar la tramitación de proyectos sin sacrificar las garantías legales y urbanísticas necesarias para un desarrollo ordenado y justo.
Más información en:
> El Gobierno retira la Ley del suelo justo antes del inicio del Pleno
> El Gobierno retira en el último momento la ley del suelo ante la falta de apoyos
SOSTENIBILIDAD
Binibeca Vell restringe su acceso desde este miércoles para combatir la masificación
Miércoles, 27 de abril de 2024
El poblado de Binibeca Vell, con su arquitectura blanca y calles estrechas que recuerdan a Mykonos, ha tomado una medida contundente para preservar su identidad y calidad de vida frente a la creciente ola de turismo. La decisión de limitar el acceso público de 11:00 a 20:00 horas responde a la necesidad de proteger la tranquilidad de este enclave menorquín.
Con más de 800,000 visitantes al año, Binibeca Vell ha experimentado una masificación que amenaza su encanto y serenidad. Esta situación no es única de Menorca, sino que refleja un problema más amplio en muchas ciudades turísticas de España, incluida Andalucía, donde la sobrecarga de turistas está afectando la vida local y el patrimonio.
La restricción horaria, que estará en vigor hasta el 30 de septiembre, busca un delicado equilibrio entre la conservación del patrimonio cultural y la viabilidad económica que el turismo aporta a la región. Los residentes de Binibeca Vell, así como los propietarios de segundas residencias, han apoyado estas medidas, aunque algunos comerciantes expresan preocupación por las posibles pérdidas económicas.
La comunidad local ha reaccionado con una mezcla de alivio y aprensión. Mientras que muchos entienden la necesidad de las restricciones, otros temen el impacto económico que podría tener en los negocios locales. Entre los turistas, hay una sensación de comprensión, aunque también de decepción por tener menos tiempo para disfrutar del lugar.
En agosto de 2024, se evaluará si las restricciones han sido suficientes o si se necesitarán medidas más drásticas, como la prohibición total de visitas. Este debate refleja un desafío mayor que enfrentan muchas regiones turísticas: encontrar el equilibrio entre acoger a los visitantes y mantener la calidad de vida de los residentes.
Binibeca Vell se convierte así en un caso de estudio para otras regiones que buscan gestionar la masificación turística de manera sostenible. La experiencia de este poblado puede ofrecer lecciones valiosas sobre cómo implementar políticas que protejan tanto el patrimonio como la economía local, asegurando que los destinos turísticos puedan ser disfrutados por generaciones futuras.
En conclusión, la situación en Binibeca Vell es un reflejo de la necesidad urgente de abordar la masificación turística de manera que se respete tanto a la comunidad local como al entorno natural, garantizando un futuro sostenible para los destinos turísticos en España y más allá.
Más información en:
> Binibeca Vell restringe su acceso desde este miércoles para combatir la masificación
> Binibeca Vell, conocido como el Mikonos de Menorca, se rebela contra la masificación turística
> Benibeca, en Menorca, restringe el acceso al turismo
MEDIO AMBIENTE
El Parlamento Europeo fija nuevos requisitos para mejorar la calidad del aire
El Parlamento Europeo ha establecido nuevos requisitos para mejorar la calidad del aire, adoptando un acuerdo político con los países de la UE. Las medidas aprobadas buscan reducir la contaminación atmosférica y sus efectos negativos sobre la salud humana, los ecosistemas naturales y la biodiversidad.
Los nuevos límites y valores objetivos para 2030 son más estrictos para contaminantes como las partículas (PM2,5, PM10), NO2 (dióxido de nitrógeno) y SO2 (dióxido de azufre). Además, se permitirá a los afectados por la contaminación emprender acciones legales y recibir compensación económica si su salud se ve perjudicada. Con estas normas, el Parlamento Europeo avanza hacia la aspiración de contaminación cero para 2050.
El Parlamento Europeo ha dado así un paso significativo hacia la mejora de la calidad del aire en la Unión Europea. Con la adopción de un acuerdo político provisional, se han establecido nuevos requisitos que buscan reducir la contaminación atmosférica y sus efectos adversos sobre la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad. Para el año 2030, se han propuesto límites y valores objetivos más estrictos para contaminantes clave como las partículas PM2,5 y PM10, el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2). Estos nuevos estándares son un reflejo del compromiso del Parlamento Europeo con la salud pública y el medio ambiente.
Una novedad importante es que los ciudadanos afectados por la contaminación tendrán el derecho de emprender acciones legales y podrán recibir compensación económica si su salud resulta perjudicada. Esto no solo proporciona un mecanismo de justicia para los afectados, sino que también incentiva a los Estados miembros a cumplir con los nuevos estándares. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para alcanzar la aspiración de contaminación cero para el año 2050. El Parlamento Europeo reconoce la necesidad de acciones concretas y efectivas para combatir la contaminación atmosférica y está trabajando para garantizar un futuro más limpio y sostenible para todos los ciudadanos de la UE.
Tras la adopción de este acuerdo, se espera que el Consejo también lo adopte, antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE y su entrada en vigor veinte días después. Los países de la UE tendrán dos años para implementar las nuevas normas.
En resumen, con estos nuevos requisitos, el Parlamento Europeo está liderando el camino hacia un entorno más saludable, estableciendo un precedente para la acción global en la lucha contra la contaminación del aire.
Esta noticia es de enorme relevancia para el I-INGOT, puesto que nuestro compromiso y atención al estudio de la situación del medio ambiente atmosférico es firme y claro y, además, se trata de una de las principales áreas de estudio del I-INGOT.
Más información en:
> El Parlamento fija nuevos requisitos para mejorar la calidad del aire (Noticia Parlamento Europeo)
> El Parlamento fija nuevos requisitos para mejorar la calidad del aire (OMC)
> El Parlamento Europeo adopta una ley revisada para mejorar la calidad del aire
VIVIENDA
Málaga pone freno a las nuevas viviendas turísticas
Lunes, 10 de junio de 2024
Por primera vez, el Ayuntamiento de Málaga, pone freno a la proliferación de viviendas turísticas en la ciudad. De esta forma, el Ayuntamiento ha decidido limitar las nuevas licencias a los inmuebles que dispongan de una entrada independiente. De esta forma ha aprobado una instrucción ya en vigor que da respuesta a una de las demandas de los vecinos y que se empezará a aplicar a las 800 solicitudes que se encuentran pendientes de tramitación y que han sido registradas en la Junta desde febrero en que entrará en vigor el Decreto andaluz aprobado ese mismo mes y que modifica diversos aspectos de la regulación de estas viviendas. No tendrá, sin embargo, carácter retroactivo para las que ya se encontraban con anterioridad concedidas.
La ciudad de Málaga cuenta con 12.124 viviendas inscritas para uso turístico en el Registro de la Junta de Andalucía, situándose entre las ciudades españolas con más pisos turísticos, en términos porcentuales, según la noticia, 2,7% de todas sus viviendas se destinan a viviendas con fines turísticos, frente a una media nacional de 1,33%. En la última década la ciudad ha vivido un auténtico boom en la proliferación de viviendas turísticas, así si ene l año 2016, apenas contaba con 846, en 2024 hay más de 12.000, superando las 60.000 plazas, a las que hay que sumar otras 7.000 de apartamentos turísticos, según datos ofrecidos por el organismo Turismo Costa del Sol.
El antecedente de esta decisión municipal, vino dado por la aprobación del Decreto 31/2024, de 29 de enero, por el modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros en la Comunidad Autónoma de Andalucía que atribuye a los Ayuntamientos la potestad de establecer limitaciones proporcionadas en lo relativo al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, áreas o zonas, debiendo dichas limitaciones obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos, a los que se haya dado debida publicidad con anterioridad a su aplicación.
De esta forma, Málaga se suma a otras tantas ciudades que vienen trabajando de manera paralela en poner frenos a los usos turísticos de los pisos, además, el Ayuntamiento viene trabajando en una nueva ordenanza que limitará estos inmuebles en zonas saturadas, como también vienen tramitando otras ciudades andaluzas, como Sevilla que pretende aprobar que las viviendas turísticas no puedan superar el 10% de las viviendas totales de cada barrio.
Más información en:
> Málaga pone freno a las nuevas viviendas turísticas
> Málaga pone freno al tsunami de las viviendas turísticas: exige entrada independiente a las nuevas
El Ayuntamiento de Madrid activa un plan de acción para ordenar las viviendas de uso turístico: congela la concesión de licencias y endurece las sanciones
Lunes, 25 de abril de 2024
El Ayuntamiento de Madrid ha tomado medidas contundentes para abordar la problemática de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Este plan de acción se ha diseñado para regular un mercado que ha crecido de manera significativa y, en muchos casos, de forma irregular.
Una de las medidas más destacadas es la suspensión inmediata de la concesión de nuevas licencias para VUT. Esta decisión busca frenar el aumento de viviendas que operan en el sector turístico sin la debida regulación, contribuyendo a problemas como la desertización del centro de Madrid y la alteración de la convivencia entre vecinos2.
El régimen sancionador también se ha endurecido, con multas que pueden alcanzar hasta los 190.000 euros para aquellos propietarios que operen VUT sin la autorización correspondiente del Ayuntamiento. Esta medida pretende disuadir la operación ilegal y garantizar que solo las viviendas que cumplan con los requisitos legales puedan ofrecer servicios turísticos.
Para asegurar el cumplimiento de estas normativas, se reforzará la plantilla de inspectores. Además, se publicará un listado oficial de las VUT con licencia y su ubicación real, proporcionando así mayor transparencia y seguridad tanto para los residentes como para los turistas1.
Los objetivos del plan son claros: preservar el uso residencial del centro urbano, redistribuir la actividad económica para evitar la concentración excesiva de turismo en ciertas áreas, y mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes. Con estas acciones, el Ayuntamiento busca ofrecer un turismo de calidad que sea compatible con la vida urbana y que contribuya a la seguridad y bienestar de todos1.
En resumen, el plan de acción del Ayuntamiento de Madrid es un paso importante hacia la regulación del mercado de VUT y representa un esfuerzo por mantener el equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida en la capital española.
Desde el I-INGOT ponemos de manifiesto la relevancia de incentivar las medidas tendentes a la ordenación de las viviendas de uso turístico, cuyo descontrol está generando una serie de consecuencias nefastas para las ciudades españolas consideradas como destinos turísticos.
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Málaga triplica la media andaluza de viajeros alojados en apartamentos turísticos
Lunes, 20 de Mayo de 2024
El crecimiento sostenido de los apartamentos turísticos en Málaga representa un fenómeno significativo que plantea desafíos y oportunidades para el sector turístico de la región. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Colegio de Economistas de Málaga, la provincia ha triplicado la media andaluza de viajeros alojados en apartamentos turísticos durante los primeros meses del año, con un aumento del 41,19% en el cliente nacional en comparación con enero y febrero de 2023. Este incremento también se observa en los establecimientos hoteleros, donde el número de viajeros y las pernoctaciones han superado las medias andaluza y española.
Para gestionar este crecimiento, la Junta de Andalucía ha promulgado el Decreto 88/2024, de 9 de abril, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera y se establece el régimen jurídico de las Reservas de la Biosfera de Andalucía, que regula la proliferación de apartamentos turísticos, delegando la responsabilidad de implementación y control a los ayuntamientos locales. Este marco regulatorio busca equilibrar el desarrollo económico con la protección de los intereses de las comunidades locales, asegurando un crecimiento turístico sostenible y responsable.
Desde una perspectiva jurídica, es crucial establecer un marco normativo claro que aborde la zonificación, la obtención de licencias, el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad, y la gestión del impacto ambiental y social. La zonificación puede controlar la densidad de apartamentos turísticos, preservando el carácter residencial de ciertos barrios. El proceso de obtención de licencias debe ser transparente y riguroso, garantizando que solo los operadores que cumplen con los requisitos puedan ofrecer sus propiedades. Además, es esencial establecer estándares de calidad y seguridad que protejan tanto a los turistas como a los residentes locales, incluyendo regulaciones sobre infraestructura, accesibilidad, seguridad contra incendios y mantenimiento.
La gestión del impacto ambiental y social es fundamental para mitigar problemas como el aumento de precios de alquiler, la gentrificación, la congestión urbana y la presión sobre los servicios públicos. Las autoridades locales deben implementar políticas que fomenten un turismo sostenible, con incentivos para prácticas ecológicas y programas de apoyo para los residentes afectados.
La vigilancia y el cumplimiento de estas normativas deben ser efectivos y constantes, con recursos suficientes para realizar inspecciones y sancionar incumplimientos. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno, el sector privado y la comunidad local es esencial para el éxito de estas políticas.
Para el I-INGOT, el desarrollo y la implementación de este marco normativo es de vital interés. La institución promueve una ordenación territorial y urbanística eficiente y sostenible, y la regulación de los apartamentos turísticos en Málaga es un ejemplo de cómo las normativas pueden impactar positivamente en la gestión del suelo y el desarrollo urbano. El I-INGOT apoya políticas que respeten las competencias autonómicas y locales, garanticen la participación ciudadana y equilibren la eficiencia administrativa con la protección urbanística.
En conclusión, el crecimiento de los apartamentos turísticos en Málaga plantea tanto oportunidades como desafíos que deben ser abordados con un enfoque jurídico y administrativo integral. La implementación de un marco normativo adecuado y una gestión sostenible es crucial para asegurar que este crecimiento beneficie tanto a la economía local como a la calidad de vida de los residentes.
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> Málaga triplica la media andaluza de viajeros alojados en apartamentos turísticos
El Tribunal Constitucional avala el grueso de la Ley de Vivienda aunque declara inconstitucionales varios artículos
Martes, 21 de Mayo de 2024
El Tribunal Constitucional ha avalado la mayor parte de la Ley de Vivienda, que establece limitaciones en los precios del alquiler y desvincula las subidas de las cuotas del IPC. Sin embargo, ha declarado inconstitucionales algunos artículos específicos por invadir competencias autonómicas. El fallo, elaborado por la magistrada María Luisa Segoviano, reconoce la potestad del Estado para regular las condiciones básicas que garantizan el derecho a una vivienda digna, en virtud del artículo 149.1.1 de la Constitución. A pesar de ello, el tribunal ha concluido que ciertos preceptos de la ley exceden las competencias del Estado, invadiendo atribuciones autonómicas.
El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ha celebrado la decisión, afirmando que valida el mandato constitucional del artículo 47, que garantiza el derecho a una vivienda digna. Por otro lado, la Junta de Andalucía, que interpuso el recurso, ha expresado su satisfacción, argumentando que el fallo confirma la invasión de competencias autonómicas en áreas como la vivienda protegida y el parque público de viviendas, según lo establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Desde una perspectiva jurídica, este fallo del Tribunal Constitucional resulta de gran relevancia para el I-INGOT por varias razones fundamentales. En primer lugar, subraya la importancia de mantener un equilibrio adecuado entre la regulación estatal y autonómica en materia de vivienda. La sentencia destaca que, aunque el Estado tiene la potestad de establecer condiciones básicas para garantizar el derecho a una vivienda digna, es esencial respetar las competencias autonómicas, especialmente en ámbitos específicos como la vivienda protegida y el parque público de viviendas.
Para el I-INGOT, entender y adaptarse a este marco jurídico es crucial para promover iniciativas que garanticen una vivienda digna y accesible. La sentencia subraya la necesidad de coordinación y cooperación entre diferentes niveles de gobierno, asegurando que las políticas de vivienda sean eficaces y respeten las competencias de cada jurisdicción. Esta coordinación es vital para desarrollar estrategias de gestión y ordenación del territorio que sean justas y equitativas, permitiendo un desarrollo urbano sostenible y una adecuada distribución de los recursos habitacionales.
Además, el fallo pone de manifiesto la importancia de una regulación equilibrada que permita al Estado cumplir con sus obligaciones constitucionales sin menoscabar las competencias autonómicas. Para el I-INGOT, esto significa que cualquier iniciativa o normativa futura deberá ser diseñada teniendo en cuenta tanto el marco constitucional como los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades. De esta forma, se garantiza que las políticas de vivienda no solo sean legales y constitucionales, sino también prácticas y adaptadas a las necesidades específicas de cada región.
Finalmente, la decisión del Tribunal Constitucional refuerza la necesidad de un enfoque integrado en la gestión y ordenación del territorio, donde la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas sea la piedra angular para el desarrollo de políticas públicas eficientes. El I-INGOT, en su misión de promover una gestión territorial equilibrada, debe considerar estos aspectos para asegurar que sus iniciativas contribuyan a una vivienda digna y accesible para todos los ciudadanos, respetando siempre las competencias y particularidades de cada región del país.
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Andalucía cierra la puerta a la tasa turística: “Es prematuro hablar de un impuesto sin saber su impacto”
Lunes, 27 de mayo 2024
El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, anunció que no se implementará una tasa turística en la región por el momento, considerando prematuro introducir un impuesto sin evaluar su impacto. El turismo es la principal actividad económica de Andalucía, generando 415,000 empleos y reduciendo su estacionalidad en un 13%. La región ha alcanzado niveles de estacionalidad mínimos desde 2008, con crecimientos en meses fuera de temporada alta.
En una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), se acordó crear un observatorio para analizar el impacto del turismo y buscar soluciones para mejorar la convivencia urbana, abordando problemas como los pisos turísticos y el turismo de borrachera. Esta decisión es de gran relevancia para el I-INGOT, que se enfoca en la gestión territorial y urbanística. Las medidas propuestas fomentan un turismo sostenible y mejoran la convivencia urbana, alineándose con los objetivos de la institución.
Además, la Junta planea regular el precio de entrada a museos y conjuntos arqueológicos, actualmente gratuitos, para financiar su mantenimiento. Colectivos como menores, mayores de 65, desempleados y beneficiarios del carné joven estarán exentos, y se mantendrán jornadas de puertas abiertas. Estas iniciativas subrayan la importancia de un enfoque equilibrado y sostenible en la gestión del turismo y los recursos culturales.
La decisión de la Junta de Andalucía de no implementar una tasa turística por el momento y de crear un observatorio para la sostenibilidad turística es importante para el I-INGOT debido a su enfoque en la gestión territorial y urbanística. Estas medidas reflejan un compromiso con el desarrollo sostenible y la planificación urbana efectiva, áreas clave para el instituto.
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SUBVENCIONES
Resolución de 2 de mayo de 2024, de Secretaría General de Administración Local, por la que se convocan para 2024 las subvenciones previstas en la Orden de 18 de febrero de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales, en régimen de concurrencia no competitiva, para la reparación de daños en infraestructuras de titularidad pública local derivados del acaecimiento de fenómenos naturales o de otras necesidades extraordinarias, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal
La reciente Resolución de 2 de mayo de 2024, emitida por la Secretaría General de Administración Local, tiene como propósito la convocatoria de subvenciones para el año 2024, las cuales están previstas en la Orden de 18 de febrero de 2023.
Estas subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia no competitiva y están destinadas a la reparación de daños en infraestructuras de titularidad pública local.
La convocatoria se enmarca dentro del Plan de Cooperación Municipal y tiene como objetivo principal brindar apoyo financiero a las entidades locales para la reparación de infraestructuras afectadas por fenómenos naturales o por otras circunstancias extraordinarias que requieran una atención urgente y prioritaria.
Objetivos:
- Facilitar la recuperación de infraestructuras públicas locales dañadas.
- Asegurar la continuidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales.
- Contribuir a la resiliencia y adaptación de las entidades locales ante eventos adversos.
Por lo tanto, el foco de estas subvenciones son las entidades locales que hayan sufrido daños en sus infraestructuras como consecuencia de fenómenos naturales o situaciones de necesidad extraordinaria.
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