Boletín de investigación (núm. 4): ACTUALIDAD DE PRENSA
DIGITALIZACIÓN
El Consejo de Europa inicia los trámites para la firma del primer tratado global sobre Inteligencia Artificial
El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial (IA) y derechos humanos, democracia y estado de derecho (CETS nº. 225) se abrió a la firma el 5 de septiembre durante la conferencia de ministros de Justicia del Consejo Europeo en Vilna. Se trata del primer tratado internacional jurídicamente vinculante destinado a garantizar que el uso de sistemas de IA sea plenamente compatible con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.
El Convenio Marco fue firmado por Andorra, Georgia, Islandia, Noruega, la República de Moldavia, San Marino, Reino Unido, así como Israel, Estados Unidos de América y la Unión Europea (UE).
El tratado entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses a partir de la fecha en que cinco signatarios, incluidos al menos tres Estados miembros del Consejo de Europa, lo hayan ratificado. Países de todo el mundo podrán adherirse al tratado y comprometerse a cumplir sus disposiciones.
El tratado abarca el uso de sistemas de inteligencia artificial en el sector público, incluidas las empresas que actúan en su nombre, y en el sector privado.
El convenio ofrece a las partes dos formas de cumplir sus principios y obligaciones cuando regulan el sector privado: las partes pueden optar por quedar directamente vinculadas por las disposiciones pertinentes del convenio o, alternativamente, adoptar otras medidas para cumplir las disposiciones del tratado, respetando plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Este enfoque es necesario debido a las diferencias entre los sistemas jurídicos de todo el mundo.
El convenio establece requisitos de transparencia y control adaptados a contextos y riesgos específicos, incluida la identificación de contenidos generados por sistemas de IA. Las Partes tendrán que tomar medidas para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los posibles riesgos y evaluar la necesidad de una moratoria, prohibición u otras medidas apropiadas en relación con los usos de los sistemas de IA cuando sus riesgos puedan ser incompatibles con las normas de derechos humanos.
También tendrán que garantizar la rendición de cuentas y la responsabilidad por los impactos negativos y que los sistemas de IA respeten la igualdad, incluida la igualdad de género, la prohibición de la discriminación y el derecho a la intimidad. Además, las partes del tratado tendrán que garantizar la disponibilidad de recursos legales para las víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso de sistemas de IA y garantías procesales, incluida la notificación a cualquier persona que interactúe con sistemas de IA de que está interactuando con dichos sistemas.
En cuanto a los riesgos para la democracia, el tratado exige a las partes que tomen medidas para garantizar que los sistemas de IA no se utilizan para socavar las instituciones y procesos democráticos, incluido el principio de separación de poderes, el respeto a la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia.
Las partes de la convención no estarán obligadas a aplicar las disposiciones del tratado a las actividades relacionadas con la protección de los intereses de seguridad nacional, pero sí a garantizar que dichas actividades respetan el derecho internacional y las instituciones y procesos democráticos. La convención no se aplicará a asuntos de defensa nacional ni a actividades de investigación y desarrollo, excepto cuando las pruebas de sistemas de IA puedan interferir con los derechos humanos, la democracia o el Estado de Derecho.
Para garantizar su aplicación efectiva, la convención establece un mecanismo de seguimiento en forma de Conferencia de las Partes.
Por último, la convención exige que cada una de las partes establezca un mecanismo de seguimiento independiente para supervisar el cumplimiento de la convención, y para concienciar, estimular un debate público informado y llevar a cabo consultas con las múltiples partes interesadas sobre cómo debe utilizarse la tecnología de la IA.
Más información en:
> El Consejo de Europa abre a la firma el primer tratado global sobre Inteligencia Artificial
> El Consejo Europeo abre a la firma su Convenio Marco sobre la inteligencia artificial
Aprobación del Anteproyecto de Ley Andalucía Digital
La reciente aprobación del Anteproyecto de Ley Andalucía Digital (en adelante, LADI) por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía representa un avance significativo en la regulación de la digitalización en la región. Su objetivo es potenciar la digitalización de la sociedad andaluza, mientras se establecen mecanismos para prevenir los riesgos asociados, garantizando así los derechos y libertades de los ciudadanos.
Un aspecto destacado de la LADI es su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, al crear una Red de Asistencia para la Realización de Trámites Digitales. Esto posiciona a Andalucía como pionera en asistencia digital, asegurando que aquellos con menos recursos o conocimientos puedan realizar sus trámites de manera efectiva. La Ley también recoge la creación de un filtro o ciberescudo, en forma de aplicación gratuita para los padres para proteger a los menores de contenidos inapropiados, reflejando un compromiso claro con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Además, la LADI reconoce los datos como activos digitales, facilitando su reutilización y compartición entre entidades. Esto optimiza la gestión de la información pública y fomenta un ecosistema digital más eficiente.
En resumen, la Ley Andalucía Digital no solo transformará la relación entre la Administración y los ciudadanos, sino que también establecerá un marco legal sólido que permitirá a Andalucía liderar la digitalización en el ámbito nacional, mejorando la calidad de los servicios públicos y garantizando una revolución digital inclusiva y respetuosa con los derechos individuales.
Más información en:
> El Consejo de Gobierno inicia la tramitación del anteproyecto de Ley Andalucía Digital
> Se inicia la tramitación del anteproyecto de Ley Andalucía Digital para potenciar la tecnología
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Inicio del proceso de revisión y evaluación ambiental del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
La Junta de Andalucía ha iniciado el trámite ambiental para la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), con el objetivo de actualizar la planificación territorial que llevaba casi dos décadas sin revisión. Este proceso, busca adaptar el POTA a los retos contemporáneos de la región, estableciendo una estructura de políticas hasta 2050 que promueva un desarrollo sostenible y equilibrado. Entre sus objetivos prioritarios, el nuevo Plan se enfoca en la distribución equitativa de la riqueza territorial, el impulso de actividades económicas generadoras de empleo y la conservación de los recursos ambientales y culturales.
Uno de los aspectos centrales de esta revisión es la necesidad de revertir la creciente concentración de población en entornos urbanos y costeros en detrimento de las zonas rurales. Para ello, el POTA incluirá directrices que fomenten el desarrollo rural y la cooperación urbano-rural, promoviendo un equilibrio territorial mediante mecanismos que eviten el despoblamiento de áreas rurales y fortalezcan su integración en el desarrollo socioeconómico de Andalucía.
Esta revisión responde a la necesidad de alinear el POTA con los principios de la Agenda 2030, en aras de lograr un desarrollo territorial sostenible en sus dimensiones económica, ambiental y social. En el borrador del nuevo decreto se especifican, además, áreas que deben preservarse por su valor estratégico, contribuyendo a integrar la economía andaluza en los ámbitos estatal e internacional.
El proceso de revisión incluye una evaluación ambiental estratégica que involucra a más de Ciento cuarenta entidades, desde Administraciones locales hasta colegios profesionales, universidades y asociaciones. Asimismo, la Consejería de Fomento ha anunciado que un borrador preliminar del plan estará disponible en su portal web, con un buzón digital habilitado para recoger las sugerencias de la ciudadanía, asegurando un enfoque participativo y transparente.
Más información en:
> Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
> El nuevo POTA priorizará la igualdad territorial y combatirá la despoblación
> El nuevo Plan de Ordenación del Territorio inicia su trámite ambiental
Córdoba y Sevilla enfrentan retos en gestión del suelo y protección del patrimonio cultural
En este contexto, las iniciativas urbanísticas en Córdoba y Sevilla también abordan desafíos clave en la gestión del suelo y la protección del patrimonio cultural. En Córdoba, el "Plan de Gestión del Casco" busca revitalizar su casco histórico, fomentando viviendas para jóvenes y el uso de edificios patrimoniales para empresas, con la participación activa de vecinos y grupos políticos. Por su parte, Sevilla ha prohibido siete pisos turísticos en el barrio de Santa Cruz y ha eliminado bonificaciones fiscales para este tipo de viviendas, con el objetivo de proteger el tejido social del casco antiguo y mitigar los efectos del turismo masivo, como la gentrificación.
Estas acciones son igualmente relevantes para el I-INGOT, ya que reflejan la relación entre la protección del patrimonio y el desarrollo urbano sostenible. En ambos casos, se destaca la importancia de la participación ciudadana y la transparencia en la planificación urbana, subrayando que un enfoque participativo es fundamental para equilibrar el desarrollo y la conservación de las comunidades locales.
Más información en:
> Urbanismo prohíbe siete pisos turísticos en el Casco Antiguo de Sevilla
Vélez-Málaga impulsa la revisión de su planeamiento urbanístico para adaptarse a la LISTA
El Ayuntamiento de Vélez, en el contexto de la sostenibilidad urbana ha puesto en marcha la adaptación de su Planeamiento Urbanístico a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). El acuerdo establece la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que se alinee con la nueva normativa, marcando el comienzo de una transformación clave para el crecimiento sostenible de la ciudad. Con esta finalidad, el pleno municipal ha acordado desistir de los expedientes de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1996, conocido como 'PGOU 2019', y proceder a la elaboración y tramitación de nuevos instrumentos de ordenación urbanística conforme a la LISTA.
El planeamiento actual data de 1996, lo que ha ocasionado obsolescencias y dificultades en el desarrollo urbanístico a raíz de los numerosos cambios legislativos y sociales ocurridos en los últimos años. Aunque en 2021 se había iniciado un proceso de revisión del PGOU bajo la anterior Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la entrada en vigor de la LISTA en diciembre de 2021 y su reglamento en noviembre de 2022 han transformado significativamente los instrumentos de planeamiento.
Ante esta situación, el pleno ha decidido desistir de los expedientes de revisión del PGOU de 2019, y el Área de Urbanismo ya está trabajando en la elaboración del nuevo PGOM. Según las estimaciones iniciales, este documento podría estar listo para su debate público y aprobación inicial en, aproximadamente, un año. Además, en el contexto de las restricciones de agua en Vélez-Málaga, se han implementado nuevas medidas que aumentan las limitaciones de agua en la ciudad, con dos horas diarias más de restricciones y en más áreas, reflejando una preocupación por la sostenibilidad y la gestión de los recursos hídricos en la región.
VIVIENDA
Reforma Integral en la Política de Vivienda en Andalucía
La futura Ley de Vivienda de Andalucía, cuya entrada en vigor está prevista para 2026, tiene como objetivo primordial abordar la crisis de acceso a la vivienda en Andalucía. Esta legislación busca aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles, con un enfoque particular en la población joven. Para lograrlo, se implementarán medidas estratégicas, incluyendo la colaboración público-privada para el desarrollo de viviendas protegidas (VPO) y la designación de áreas prioritarias para concentrar recursos en la construcción y rehabilitación de inmuebles.
Sin embargo, el Gobierno andaluz ha decidido no aplicar los artículos de la Ley estatal de vivienda, lo que implica que no se declararán zonas tensionadas ni se limitarán los precios de alquiler. Esta decisión ha generado inquietudes sobre la efectividad de las políticas propuestas, ya que, en otras comunidades, la ausencia de estas medidas ha llevado a un aumento en los precios de alquiler. En este contexto, el I-INGOT considera especialmente relevante el debate en torno a la no adopción de medidas intervencionistas y la posible declaración de una "emergencia habitacional". Este debate permite analizar la interacción entre las normativas autonómicas y estatales y su impacto en el acceso a la vivienda.
Aunque la futura ley no contempla una regulación específica para la emergencia habitacional, la situación abre la puerta a la evaluación de posibles soluciones que fomenten un acceso más equitativo y sostenible a la vivienda en Andalucía. Para el I-INGOT, este escenario presenta una oportunidad de realizar estudios críticos y ofrecer perspectivas jurídicas que puedan contribuir al diseño de políticas públicas más adecuadas a las necesidades de la región, beneficiando tanto a las Administraciones como a la ciudadanía.
Más información en:
> Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía
> Las claves de la futura Ley de Vivienda de Andalucía
> Andalucía quiere triplicar las VPO con la nueva Ley de Vivienda
> El Consejo de Gobierno inicia la tramitación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía
> ¿Cómo solucionar el problema de acceso a la vivienda?
> La Junta se rebela ante el aviso de la ministra de Vivienda y no impondrá límites al alquiler
Modificaciones a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda en Canarias
El Gobierno de Canarias está elaborando la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, que propone cambios significativos en la regulación de las viviendas vacacionales. El anteproyecto, presentado por la Consejería de Turismo y Empleo, flexibiliza ciertos requisitos para las viviendas vacacionales, al tiempo que busca limitar su crecimiento.
Cumpliendo en todo caso con los requisitos mínimos de accesibilidad, se han realizado una serie de modificaciones, se reduce la superficie útil mínima para el uso turístico de vivienda de 39 a 25 metros cuadrados y se eliminan requisitos como la obligación de contar con puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La Ley permitirá a los pequeños propietarios consolidar el uso vacacional de forma indefinida, aunque este derecho no será transmisible. Por otro lado, las empresas gestoras tendrán un plazo de cinco años para adaptarse a la nueva normativa. Además, esta Ley, que busca equilibrar los intereses de los propietarios con las necesidades del sector turístico, obligará a los cabildos y ayuntamientos a implementar un plan de inspección en un plazo máximo de seis meses, con una ejecución prevista de cuatro años.
Más información en:
> Canarias introduce cambios en la futura ley de vivienda vacacional
> Cambios en la ley de vivienda vacacional: mayor inspección y flexibilidad para los propietarios
La regulación de alquileres vacacionales en Málaga
Málaga enfrenta una crisis de acceso a la vivienda que ha llevado a los poderes públicos a implementar medidas específicas dirigidas a paliar esta situación. Ante la posible declaración de emergencia habitacional, los promotores han instado a la Junta de Andalucía a agilizar los trámites para aumentar el parque de vivienda disponible, abordando así el déficit de oferta existente.
Este contexto ha llevado al Ayuntamiento de Málaga a crear una Unidad Aceleradora de Proyectos en la Gerencia de Urbanismo. Esta unidad está diseñada para dar prioridad a la tramitación de desarrollos residenciales que destinen más del 30% de sus unidades a viviendas de protección oficial (VPO). El objetivo es proporcionar certidumbre en los plazos administrativos y fomentar la construcción de viviendas asequibles para los sectores más vulnerables de la población.
Además, esta iniciativa se complementa con la reciente remisión a la Junta de Andalucía de la solicitud de dejar sin efecto las licencias de 400 pisos turísticos, así como la anulación de 1.560 alquileres vacacionales que no cuentan con acceso y suministro independiente. Estas acciones están enmarcadas en una instrucción específica emitida por el Ayuntamiento de Málaga con consecuencias prácticas significativas en la regulación del sector turístico. La instrucción, que pretende desplegar sus efectos desde el mes de febrero, establece la necesidad de que las nuevas licencias de viviendas turísticas en Málaga cuenten con acceso independiente. La aplicación de estas previsiones con carácter retroactivo implicaría que las licencias concedidas a partir de esa fecha que no cumplan con los requisitos establecidos quedarían sin validez, lo que supondría un cambio drástico en la situación de numerosos pisos turísticos y viviendas de uso vacacional en la ciudad.
El carácter retroactivo de la instrucción es un aspecto central, ya que afecta a licencias que fueron aprobadas meses atrás, lo que ha generado preocupación entre los titulares de estas propiedades. La retroactividad implica que la normativa no solo aplica a las nuevas solicitudes, sino también a aquellas que habían sido ya tramitadas, lo que podría impactar negativamente en las expectativas de rentabilidad de los propietarios de estos inmuebles y en la percepción de seguridad jurídica para inversiones en el sector. En cualquier caso, estas medidas buscan aliviar la presión sobre los precios del alquiler y fomentar un uso más sostenible y equilibrado de los recursos habitacionales en Málaga, reflejando un esfuerzo por regular el mercado inmobiliario y turístico de manera más acorde a las necesidades sociales.
Estas cuestiones tienen importantes implicaciones para el mercado de la vivienda. Por un lado, se pretende reducir la presión ejercida por la proliferación de viviendas turísticas en zonas residenciales, reorientando parte de esta oferta hacia el mercado de alquiler residencial y contribuyendo así a una mayor disponibilidad de viviendas para los habitantes. Por otro lado, esta medida puede enfrentar desafíos legales y administrativos, ya que los propietarios afectados podrían recurrir la decisión ante los tribunales, prolongando el proceso y generando un ambiente de incertidumbre.
Más información en:
> Málaga remite a la Junta la cancelación de otros 400 pisos turísticos en la ciudad
> El precio de la vivienda en Málaga alcanza su máximo histórico
> El veto de Málaga a los pisos turísticos encara una batalla legal
Instrucción:
> Instrucción 1/2024 sobre aplicación de la normativa urbanística a las viviendas de uso turístico
El Pleno del Ayuntamiento de Florencia adopta una modificación del Plan Operativo que prohíbe el establecimiento de nuevos arrendamientos turísticos en el centro histórico
En su reunión del 30 de julio de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Florencia resolvió adoptar una variante del Plan Operativo que prevé la inclusión en el nuevo instrumento de planificación urbana de una norma que prohíba el establecimiento de nuevos alquileres turísticos de corta duración en el centro histórico de la famosa ciudad toscana.
En la Toscana, la planificación urbana está regulada por la Ley Regional n.º 65 de 2014 «Normas para el gobierno del territorio», que define los instrumentos de planificación urbana de que disponen las autoridades para gobernar el territorio. Los municipios disponen de dos herramientas: el Plan Estructural, que sirve para planificar y dibujar la visión de futuro con una perspectiva a largo plazo (15/20 años) y para definir estrategias de desarrollo y protección del territorio en cumplimiento de las limitaciones, las direcciones supraordenadas y los planes regionales y provinciales; el Plan Operativo, que sirve para dar concreción al Plan Estructural, regulando las transformaciones urbanísticas de la ciudad: edificios, infraestructuras, zonas verdes, obras públicas, movilidad, servicios, etc. A diferencia del Plan Estructural, el Plan Operativo contiene, pues, prescripciones vinculantes que los operadores deben respetar cuando pretenden realizar transformaciones en las zonas/edificios de su propiedad. El Plan Operativo tiene una duración más corta que el Plan Estructural porque las previsiones de grandes transformaciones de la ciudad y el territorio (rehabilitación de edificios enteros, construcción de carreteras, aparcamientos públicos, etc.) tienen una validez de 5 años.
El objetivo de la resolución es fomentar la residencia y mejorar las condiciones de vida en el centro histórico de Florencia, que lleva varios años sufriendo una situación de hacinamiento.
La variante aprobada inserta la noción de «residencia temporal» entre los «usos residenciales» dentro de la tipología de los «usos principales» de la zona regulada, estableciendo la prohibición de establecer en el centro histórico de la ciudad de Florencia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, inmuebles para uso residencial temporal.
La iniciativa del Pleno Municipal de Florencia representa un unicum en Italia. De hecho, muchas otras ciudades del país se quejan de los mismos problemas, de ahí la decisión del Ayuntamiento de Florencia de aprobar esta variante de su instrumento de planificación urbanística.
La posibilidad de regular el uso de los edificios en el instrumento urbanístico, por tanto, podría representar pronto una «solución modelo» para responder a los problemas de turismo excesivo también en otras ciudades italianas.
Más información en:
> Affitti brevi, il Comune di Firenze ripropone lo stop. Operatori pronti a un nuovo ricorso
> Firenze riprova a limitare gli affitti brevi
> Affitti brevi, in commissione primo via libera ai nuovi divieti
Regulación de los Alquileres de Corta Duración: Creación de la Ventanilla Única Digital y Nuevas Obligaciones para Propietarios y Plataformas.
En el ámbito del mercado de alquileres, resulta de gran interés para el I-INGOT la implementación del Real Decreto que regulará los alquileres de corta duración. Esta normativa, que entrará en vigor a finales de 2024, introduce la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un sistema que obligará a los propietarios a registrar sus inmuebles y obtener un número de identificación para poder comercializarlos en plataformas digitales.
La regulación, en línea con el Reglamento (UE) 2024/1028, establece que las plataformas deben verificar que el registro esté completo antes de permitir la publicación de los anuncios. Aunque no contempla la limitación de precios, lo que ha generado críticas por un posible riesgo de especulación, su aplicación podría aportar mayor transparencia y control al mercado de alquileres de corta duración.
Más información en:
Debate sobre la reforma de la Ley de Haciendas Locales
En los últimos meses se ha abierto el debate en Andalucía sobre la posible reforma de la Ley de Haciendas Locales. Aunque a menudo se habla de "tasa turística", es importante precisar que el tributo que se implante no puede ser una tasa, sino que debería ser un impuesto. La diferencia radica en que una tasa se cobra como contraprestación por un servicio específico prestado directamente al contribuyente, mientras que un impuesto se impone de manera general para financiar diversas necesidades públicas sin vincularse a un servicio concreto.
Los Ayuntamientos no tienen competencias para aprobar un impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, ya que este tipo de tributo debe tener naturaleza de impuesto. Teniendo en cuenta este particular, si se pretende gravar las estancias en establecimientos turísticos, incluidas las viviendas de uso turístico (VUT), podría aprobarse un impuesto de carácter autonómico (como ya existe en Cataluña y Baleares) o modificar el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), introduciendo una nueva figura impositiva: un impuesto municipal, de carácter potestativo, que gravara las estancias en establecimientos turísticos a nivel local. De esta forma, los ayuntamientos que lo consideren conveniente podrían implementar un gravamen sobre los establecimientos turísticos (incluyendo las VUT), con el objetivo de contribuir al mantenimiento de los gastos públicos municipales generados por el turismo y promover la sostenibilidad turística en el municipio.
Por otro lado, la creación del Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local se presenta como un paso significativo para abordar los desafíos de la financiación municipal y la saturación turística en Andalucía. Este observatorio permitirá realizar un análisis riguroso sobre el impacto del turismo en las ciudades andaluzas, evitando así conclusiones apresuradas sobre sus posibles efectos negativos y orientando las políticas públicas hacia la sostenibilidad.
Este debate es de gran relevancia, ya que aborda la regulación tributaria y la sostenibilidad urbana, destacando la importancia de equilibrar los intereses económicos del sector turístico con las necesidades de las comunidades locales.
Más información en:
El Tribunal Constitucional anula partes de la Ley catalana de vivienda por invasión de competencias estatales
El 9 de octubre de 2024, el Pleno del Tribunal Constitucional emitió una sentencia que estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley 1/2022 del Parlamento de Cataluña. Dicha ley modificaba la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, todas ellas vinculadas a la gestión de la emergencia en materia de vivienda en Cataluña.
El Tribunal Constitucional desestimó la impugnación global de la Ley por motivos competenciales, concluyendo que no se había producido una invasión general de competencias estatales. Sin embargo, determinados preceptos fueron declarados inconstitucionales al invadir competencias exclusivas del Estado en materia de legislación procesal y bases de las obligaciones contractuales, conforme al artículo 149.1.6 y 149.1.8 de la Constitución Española (CE). Además, uno de los artículos vulneraba el principio de culpabilidad recogido en el artículo 25.1 CE.
Entre los artículos anulados figura el artículo 1.3, que modificaba el artículo 5.2 f) de la Ley 18/2007, relativo a la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda judicial. Este precepto fue declarado inconstitucional al invadir competencias estatales sobre legislación procesal (art. 149.1.6 CE). La inconstitucionalidad también afectó a partes del artículo 12 y la disposición transitoria de la Ley 24/2015, que ampliaban esta obligación a cualquier acción ejecutiva derivada de una deuda hipotecaria o demanda de desahucio. Asimismo, se invalidaron las disposiciones que extendían la obligación de proponer un alquiler social a procedimientos judiciales ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley.
Igualmente, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 11, que añadía el artículo 10 a la Ley 24/2015 y que preveía la renovación automática de los contratos de alquiler social. Esta disposición fue anulada por invadir la competencia estatal en materia de obligaciones contractuales (art. 149.1.8 CE), afectando también a la disposición transitoria relacionada con la renovación de alquileres sociales en procedimientos anteriores a la Ley.
Por último, el artículo 7, que añadía un apartado al artículo 126 de la Ley 18/2007 dentro del régimen sancionador, fue declarado inconstitucional. Esta disposición imponía una responsabilidad objetiva al adquirente de una vivienda, haciéndole responsable de hechos ajenos, lo que vulneraba el principio de culpabilidad del artículo 25.1 CE.
La sentencia establece que la declaración de inconstitucionalidad tendrá efectos pro futuro, es decir, no afectará a situaciones ya consolidadas, excepto en el caso del artículo 7, de carácter sancionador, al que se aplicarán las disposiciones del artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Esto incluye las posibles consecuencias sancionadoras derivadas del incumplimiento de los preceptos declarados inconstitucionales.
Revocación de Licencias y Competencias Civiles en el Paseo de Colón de Sevilla
La revocación de licencias urbanísticas es un tema que frecuentemente enfrenta el desarrollo económico con la protección patrimonial y los derechos de los particulares. En Sevilla, el Paseo de Colón se ha convertido en un escenario clave para esta problemática, donde la convivencia entre los intereses turísticos y la preservación del patrimonio cultural suscita controversias. Los conflictos generados por proyectos como la construcción de apartamentos turísticos en esta zona emblemática ilustran la complejidad que enfrenta la Administración urbanística al intentar equilibrar el progreso urbano con la conservación de los valores históricos, lo que, en última instancia, afecta a la seguridad jurídica y a las inversiones en el sector.
En este caso concreto, los técnicos han considerado insuficientes los argumentos presentados para revocar la licencia de construcción de apartamentos turísticos en el emblemático Paseo de Colón. Según el análisis de los técnicos, los posibles daños alegados por los reclamantes no justifican la revocación de la licencia, argumentando que cualquier perjuicio debe ser resuelto en la jurisdicción civil y no a través de un procedimiento administrativo.
Este tipo de situaciones plantea importantes interrogantes sobre la coherencia y consistencia en la toma de decisiones administrativas, así como sobre la delimitación de competencias entre la Administración urbanística y la jurisdicción civil. La decisión de no revocar la licencia de obras, pese a las reclamaciones, refleja las tensiones entre el desarrollo urbano y la protección de los derechos de particulares, lo que puede influir en futuros proyectos de desarrollo en áreas de alto valor patrimonial y turístico.
Para el I-INGOT, este caso es relevante porque permite profundizar en el análisis de los conflictos legales que surgen en el desarrollo urbano y en la forma en que la Administración pública gestiona estas controversias. El instituto puede evaluar cómo estos casos afectan la seguridad jurídica de las inversiones urbanísticas y las implicaciones que tienen para el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de los derechos de la comunidad. Además, ofrece un marco para reflexionar sobre la necesidad de criterios más claros y consistentes que fortalezcan la coherencia en las decisiones administrativas y eviten una judicialización excesiva de los conflictos urbanísticos.
Más información en:
> Urbanismo tumba el recurso de la Maestranza contra los apartamentos turísticos del Paseo Colón
Refuerzo de la Actividad Inspectora en Materia Urbanística en la Comunidad Autónoma de Andalucía
La Junta de Andalucía ha intensificado su actuación contra la edificación ilegal, aumentando significativamente las inspecciones y la aplicación de la potestad sancionadora para garantizar la protección de la legalidad urbanística. Se espera que, durante este año, se precinten más de 525 parcelas en situación irregular, lo que representa un incremento del 30% en comparación con el año anterior. Con un censo estimado de 300,000 edificaciones irregulares en la región, zonas como El Palmar de Véjer, en la provincia de Cádiz, están particularmente afectadas por estas medidas de control.
La aplicación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada en 2021, junto con la colaboración activa de la Fiscalía, ha sido fundamental para fortalecer estas acciones de inspección y sanción.
Más información en:
> Guerra contra las viviendas ilegales en Andalucía: se disparan las inspecciones y las multas
> La Junta de Andalucía superará este año las 500 parcelas ilegales precintadas
Limitación a las VUT en ciertas áreas de la ciudad de Málaga
El Ayuntamiento de Málaga implementará a partir de noviembre una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para prohibir la creación de nuevos pisos turísticos en 43 zonas de la ciudad. Esta medida afectará a aquellas áreas que, según un estudio, presentan una saturación superior al 8% de viviendas destinadas a alquiler vacacional en relación con el total del parque residencial. Entre los barrios afectados se encuentran el Centro Histórico, La Merced o La Malagueta, entre otros que han experimentado un fuerte crecimiento de este tipo de alojamientos, lo que ha generado preocupaciones sobre el acceso a la vivienda y el encarecimiento del alquiler en dichas zonas.
La prohibición se aplicará de manera cautelar durante un año, prorrogable por hasta cuatro años, mientras se completa la tramitación definitiva de la modificación del PGOU. Esta restricción responde a la necesidad de proteger la convivencia y preservar el equilibrio urbano en los barrios más afectados por la presión turística. Conviene señalar que, aunque el Ayuntamiento tiene la potestad de aplicar esta medida provisionalmente, la gestión efectiva de la prohibición quedará en manos de la Junta de Andalucía, encargada de controlar el registro de nuevos pisos turísticos a través de las declaraciones responsables presentadas por los propietarios.
La modificación del PGOU también contempla otras dos zonas de la ciudad, con distintos niveles de implantación de pisos turísticos, donde se establecerán restricciones adicionales. En estas áreas, los nuevos alojamientos deberán contar con acceso y suministros independientes del edificio residencial. El Ayuntamiento revisará periódicamente los niveles de implantación para evitar la saturación en otras partes de la ciudad.
Más información en:
> Málaga prohibirá nuevos pisos turísticos en 43 zonas de la ciudad desde principios de noviembre
Reserva de Suelo Residencial y Vivienda de Protección Oficial en Municipios de Alta Demanda en Cataluña
El Gobierno de Cataluña ha aprobado el Decreto del Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que dispone que el 50% del suelo destinado a uso residencial en municipios de alta demanda se reserve para vivienda de protección oficial. Esta normativa pretende incrementar el acceso a alquileres asequibles y responde a la creciente demanda de vivienda en la región.
La medida busca mitigar el alza de precios en el mercado inmobiliario, promoviendo un desarrollo urbano equilibrado y sostenible, con un enfoque en facilitar el acceso a vivienda digna para sectores vulnerables. Además, se implementarán mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de los objetivos y permitir ajustes en función de la evolución del mercado habitacional en Cataluña.
Más información en:
> El 50% del techo del nuevo suelo residencial en Catalunya se deberá destinar a protección oficial
> El Govern aprueba el plan que destinará el 50% del suelo residencial a protección oficial
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Andalucía se adhiere a la Declaración de Glasgow: un compromiso con el turismo sostenible y la acción climática
En el contexto de la sostenibilidad turística, es relevante para el I-INGOT la reciente adhesión de Andalucía a la Declaración de Glasgow sobre Acción Climática en el Turismo. Esta Declaración es una iniciativa lanzada en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebró en la ciudad escocesa a finales de 2021. La adhesión compromete a los firmantes a presentar un plan de acción por el clima en el plazo de 12 meses y llevarlo a la práctica, apoyar el compromiso global de reducir las emisiones a la mitad en 2030, alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050 y alinear las actuaciones del plan con las cinco líneas de acción trazadas por la declaración: Medir, descarbonizar, regenerar, colaborar y financiar”. En lo que respecta al cumplimiento de estas obligaciones, debemos resaltar que Andalucía cuenta con el Plan Andaluz de Acción Climática (2021-2030) que, integrando elementos claves para el turismo, busca alinear las acciones de todos los actores del sector turístico para reducir las emisiones a la mitad para 2030 y alcanzar cero emisiones netas en 2050.
Asimismo, la aspiración de Andalucía de convertirse en la sede del futuro centro europeo de competencia en turismo sostenible comporta un avance significativo en esta materia. Este centro, impulsado por el proyecto Tourism of Tomorrow Lab, se enfocará en mejorar la gestión turística a través del uso de datos.
Estas iniciativas reflejan un compromiso por parte de Andalucía hacia un turismo sostenible que no solo fomente el crecimiento económico, sino que también proteja los recursos naturales y culturales, asegurando un desarrollo equilibrado y beneficioso para la comunidad.
Más información en:
> Andalucía aspira a ser sede del futuro centro europeo de competencia en turismo sostenible
Desafíos y avances en la implementación de zonas de bajas emisiones en Andalucía
En el ámbito de la movilidad sostenible, se están produciendo reacciones diversas ante la implementación de zonas de bajas emisiones en las ciudades, impulsadas por la necesidad de reducir el tráfico de vehículos contaminantes y combatir el cambio climático. A pesar de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, que exige a las Administraciones adoptar medidas de movilidad sin emisiones, algunas localidades, como Sevilla, están viendo oposición a su implementación.
En contraste, el Ayuntamiento de Málaga respalda con firmeza su proyecto de Zona de Bajas Emisiones (en adelante, ZBE) que se prevé que entre en funcionamiento en 2025. La ZBE limitará el acceso al 12% de los vehículos en 2030, buscando mejorar la calidad del aire y fomentar un entorno más saludable en la ciudad.
Más información en:
> Solo el 12% de los coches no podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
> Málaga capital ultima la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones
> Las ZBE pasan ahora a ser la clave para ordenar la última milla y equilibrar la competencia
Revisión de Zonas Acústicamente Saturadas en Málaga
Uno de los ejes principales de las investigaciones del I-INGOT es la gestión urbana y su impacto en la calidad de vida. En este contexto, destacan dos noticias recientes sobre políticas de regulación acústica en Málaga.
En primer lugar, el Ayuntamiento de Málaga revisará la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), evaluando si mantiene las restricciones actuales sobre la apertura y horarios de locales en más de 100 calles del Centro y del Romeral. Esta revisión implica la realización de nuevas mediciones acústicas para determinar si los niveles de ruido siguen afectando negativamente la calidad de vida de los residentes.
Asimismo, la normativa que impide la apertura de nuevos locales de hostelería y restringe el uso de terrazas ha sido demandada por otros barrios como Huelin, que recientemente logró la aplicación de medidas similares. Este proceso subraya la importancia de la regulación acústica como herramienta para equilibrar el desarrollo urbano y el bienestar de los ciudadanos, una cuestión de particular interés para el I-INGOT en sus análisis sobre políticas locales y sostenibilidad urbana.
En otras ciudades de Andalucía, como Granada y Sevilla, se están llevando a cabo iniciativas similares. En Granada, el Ayuntamiento ha comenzado a implementar Zonas Acústicamente Saturadas en áreas con alta concentración de actividad nocturna, como el centro histórico y el barrio del Realejo, buscando limitar los niveles de ruido y proteger la calidad de vida de los residentes. Las restricciones incluyen la regulación de horarios y el control de los niveles de sonido en locales de ocio.
Por su parte, en Sevilla se han adoptado medidas para gestionar el ruido en barrios como Alameda de Hércules y Triana, donde la actividad de bares y locales nocturnos ha generado preocupaciones entre los vecinos. Se han implementado limitaciones de horarios y se están realizando mediciones acústicas periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas existentes.
Estos esfuerzos evidencian una tendencia general en toda la comunidad autónoma hacia una gestión urbana más eficiente y un compromiso con la protección del bienestar de los ciudadanos, buscando mitigar las externalidades negativas asociadas al desarrollo urbano, como la contaminación acústica. Resulta especialmente relevante para el I-INGOT abordar el impacto de estas políticas en la sostenibilidad y la calidad de vida en las ciudades andaluzas, así como fomentar el intercambio de buenas prácticas entre municipios.
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Implementación Obligatoria de la Prestación por la Gestión de Residuos en España
Resulta de especial interés en el ámbito de la gestión de residuos la inminente implementación de la nueva prestación por la gestión de residuos, que será de carácter obligatorio para todos los municipios de España a partir de 2025. Esta medida, establecida en la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos asuman el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.
A pesar de las dificultades previstas en su implementación, esta nueva prestación podría incrementar significativamente la recaudación municipal, proporcionando a los ayuntamientos recursos adicionales para mejorar los servicios de gestión de residuos. Además, la normativa contempla la posibilidad de establecer bonificaciones para incentivar el reciclaje y la reducción de residuos, lo cual evidencia un compromiso con la sostenibilidad y el fomento de buenas prácticas ambientales.
Este cambio legislativo no solo representa un reto desde el punto de vista fiscal y operativo para los municipios, sino también una oportunidad para impulsar un modelo más equitativo y responsable en la gestión de residuos, donde los costos sean asumidos de manera proporcional al uso de los servicios. La implementación de esta prestación busca equilibrar la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad económica de los sistemas de gestión de residuos en España.
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La nueva estrategia climática de Málaga
Uno de los ejes centrales de las investigaciones del I-INGOT es la sostenibilidad medioambiental en la planificación urbana. En este contexto, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido licitar la elaboración de un Plan Municipal contra el Cambio Climático, con el objetivo de definir su estrategia climática mediante actuaciones concretas para la mitigación de emisiones y la transición energética.
El documento deberá contemplar la actualización de los datos requeridos por el Ministerio para la Transición Ecológica para mantener los sellos 'Calculo' y 'Reduzco', los cuales son esenciales para medir la huella de carbono y las reducciones de emisiones de gases. También se prevé la implementación de una campaña de información y sensibilización que promueva la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático.
Otras ciudades de Andalucía, como Sevilla y Granada, están desarrollando iniciativas similares. En Sevilla, se han introducido programas de reducción de emisiones en el transporte y fomento de energías renovables, mientras que Granada ha implementado medidas para aumentar la eficiencia energética en edificios públicos y promover el uso de transporte sostenible. Estas acciones subrayan la creciente relevancia de la sostenibilidad medioambiental en la gestión urbana en la región, un aspecto de especial interés para el I-INGOT en su análisis de políticas públicas que afectan la calidad de vida y el entorno.
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Avances Regulatorios en Materia de Greenwashing en España
La creciente preocupación por las prácticas de greenwashing en España ha suscitado un debate sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio específico para combatir la publicidad engañosa en el ámbito medioambiental. Aunque diversas normativas, como la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD) abordan esta problemática de manera indirecta, el Ministerio de Consumo ha iniciado la elaboración de un Proyecto de Ley de Consumo Sostenible, que tiene como objetivo dificultar que las empresas utilicen la etiqueta de "sostenible" sin la debida acreditación.
El reciente fallo de Autocontrol, la asociación encargada de la autorregulación publicitaria en España que resolvió a favor de una empresa del Ibex 35 acusada de prácticas de greenwashing, destaca la importancia de la regulación en este contexto. Este dictamen se fundamenta en los artículos 10 y 11 de la LCD referidos a actos de engaño y omisiones engañosas en la publicidad.
El Proyecto de Ley de Consumo Sostenible no solo busca proporcionar una mayor transparencia a los consumidores, sino que también establece un marco legal que fomenta la responsabilidad empresarial y la integridad en la comunicación medioambiental. La normativa proyectada prevé que la comparación de productos respecto a sus características medioambientales no induzca a error, por lo que se prohibirá la exhibición de distintivos de sostenibilidad sin la debida justificación.
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> El 'greenwashing' abre una vía judicial inédita en España [AGENDA PÚBLICA]
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