Boletín de investigación (núm. 7): ACTUALIDAD DOCTRINAL

NARVÁEZ BAENA, I., La constitución de la ciudad como bien común. Principios jurídicos para una teoría de lo urbano, Atelier, 2025.

La obra de Ildefonso Narváez Baena propone una reflexión profunda sobre la ciudad contemporánea entendida como un bien común, en la que lo urbano se concibe no solo como un espacio físico, sino como el resultado dinámico de relaciones sociales, decisiones políticas y tensiones económicas. El autor describe cómo la financiarización, la desigualdad urbana y la pérdida de función social de la ciudad han transformado de manera sustancial la experiencia de habitar, erosionando la cohesión comunitaria y los principios que históricamente estructuran la vida urbana.

Desde esta perspectiva crítica, el autor defiende la necesidad de un marco jurídico que proteja la ciudad como bien común, asentado en principios como la justicia espacial, la participación real y efectiva, la corresponsabilidad y la buena administración. El texto combina teoría, análisis jurídico y mirada ética, destacando que el Derecho no solo regula el espacio urbano, sino que también puede garantizar entornos más justos, sostenibles y habitables. Se trata de una obra accesible y sugerente, que interpela a juristas y agentes urbanos y que invita a repensar el papel del Derecho en la construcción de ciudades más humanas.

 

ANTÚNEZ SÁNCHEZ, A., “12 criterios jurisprudenciales para la determinación del daño moral causado por la Administración pública”, Revista Andaluza de Administración Pública, nº 119, 2025.

En este trabajo, la profesora Adriana Antúnez Sánchez aborda una de las áreas más complejas de la responsabilidad patrimonial: la identificación y valoración del daño moral causado por la Administración pública. Se trata de un ámbito donde la ausencia de un concepto legal definido y el marcado componente subjetivo del perjuicio obligan a los tribunales a realizar un intenso esfuerzo interpretativo.

A partir de un examen sistemático de la jurisprudencia más relevante, la autora identifica y ordena doce criterios utilizados por los órganos jurisdiccionales para fundamentar el reconocimiento del daño moral. Esta sistematización —novedosa y metodológicamente muy sólida— permite comprender cómo valoran los tribunales aspectos como la vulneración de derechos fundamentales, la gravedad objetiva del sufrimiento ocasionado, la existencia de un trato degradante, la intensidad de la indefensión padecida o la trascendencia personal y familiar del perjuicio.

El artículo pone de relieve que la determinación del daño moral exige una motivación judicial especialmente cuidadosa, en la que no basta constatar la incomodidad o el malestar subjetivo del administrado: debe acreditarse un quebrantamiento relevante de su esfera personal, unido a una relación causal directa con la actuación administrativa. En este sentido, la autora evidencia cómo los tribunales han ido consolidando una doctrina progresivamente más fina y estructurada, que contribuye a reforzar la seguridad jurídica en un territorio tradicionalmente difuso.

Además de ofrecer una clasificación útil para la práctica profesional, el trabajo invita a reflexionar sobre el propio sentido del daño moral en la responsabilidad patrimonial y sobre los límites del control jurisdiccional frente a comportamientos administrativos que, aun sin producir un perjuicio económico, afectan de forma sustancial a la dignidad, tranquilidad o estabilidad personal de los ciudadanos.

El resultado es un estudio de lectura imprescindible, que combina precisión técnica, profundidad analítica y sensibilidad jurídica, y que aporta una herramienta de notable valor tanto para operadores jurídicos como para la doctrina especializada.

 

CALVARA, R., “La diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale nell’attività provvedimentale della pubblica amministrazione spagnola”, Istituzioni del Federalismo, nº 2, 2025.

El artículo de Riccardo Calvara se centra en la difusión y el impacto de los instrumentos de inteligencia artificial (IA) en la actividad decisoria de la administración pública española. A través de un enfoque comparado y sistemático, el autor analiza cómo la normativa española sobre procedimiento administrativo (fundamentalmente las Leyes 39/2015 y 40/2015) ofrece el marco de referencia para evaluar la introducción de sistemas automatizados o semi-automatizados en el derecho público.

El autor explica que la incorporación de herramientas de IA en los actos administrativos —ya sea en la fase de instrucción, selección de datos o propuesta de resolución— plantea retos jurídicos sustanciales: el principio de legalidad, la transparencia, la tutela de los derechos fundamentales y la garantía del control humano. El artículo examina los riesgos de que los algoritmos operen con escasa supervisión, generando decisiones que pueden carecer de explicabilidad o de vía de recurso adecuada.

El autor dedica especial atención a la necesidad de articular mecanismos de gobernanza de la IA que aseguren que la administración no pierda su carácter humano-responsable. En este sentido, propone criterios para evaluar en concreto el empleo de la IA en la provisión del acto administrativo, atendiendo al nivel de riesgo, la categoría del sistema, la incidencia sobre derechos y la posibilidad de intervención del decisor público.

Para el ámbito del Derecho Administrativo y de la transformación digital de la Administración, este trabajo representa una lectura esencial. No solo documenta la realidad española en la materia, sino que aporta orientación normativa y doctrinal para quienes tienen la tarea de diseñar, implementar o controlar sistemas de IA en órganos públicos.

 

CONDE ANTEQUERA, J., “La regulación y gestión de los residuos. Un debate actual”, Cuadernos de Derecho Regulatorio, vol. 3, 2025.

El trabajo del profesor Jesús Conde Antequera se adentra en uno de los ámbitos más dinámicos –y a la vez más tensionados– del Derecho administrativo contemporáneo: la regulación y gestión de los residuos. Lejos de limitarse a una exposición descriptiva, el autor traza un mapa crítico del sistema vigente y de las fisuras que hoy condicionan su funcionamiento, incorporando una mirada jurídica que conecta técnica normativa, política ambiental y economía circular.

El estudio parte de una constatación clara: el marco jurídico de los residuos se ha vuelto insuficiente para responder a los desafíos que plantean la innovación tecnológica, la valorización de materiales y la creciente exigencia de sostenibilidad. Esta premisa permite al autor mostrar cómo categorías tradicionales —como la distinción formal entre residuo, subproducto o fin de condición de residuo— están perdiendo utilidad operativa en un escenario donde lo decisivo ya no es el origen del material, sino lo que la sociedad puede hacer con él.

Desde esta perspectiva, el artículo examina con precisión los elementos que hoy tensionan el sistema: la debilidad conceptual del núcleo definitorio del residuo, la diversidad de regímenes aplicables (servicio público, actividad económica de interés general, obligaciones del productor), la complejidad competencial y el impacto de los nuevos objetivos climáticos en la planificación pública. El autor pone especial cuidado en explicar cómo la actual arquitectura normativa, concebida para un modelo lineal de producción y descarte, se ve superada por una economía circular que exige priorizar objetivos —prevención, reutilización, recuperación de recursos— antes que clasificaciones rígidas.

El trabajo destaca, además, el cambio de paradigma que se está produciendo: la gestión de residuos ya no puede entenderse exclusivamente como servicio público local, sino como un sector económico regulado de alcance estratégico. Esta mutación obliga a repensar principios, procedimientos e instrumentos jurídicos, desde las autorizaciones y el control administrativo hasta la responsabilidad ampliada del productor y la fiscalidad ambiental.

El resultado es una aportación que, sin renunciar al rigor, consigue iluminar un debate actual y complejo. El análisis invita a reconsiderar los cimientos del sistema y plantea, con elegancia académica, la necesidad de un Derecho de residuos más coherente, funcional y alineado con los objetivos de sostenibilidad que hoy guían la acción pública. Una lectura imprescindible para quienes trabajan en la intersección entre Derecho administrativo, políticas ambientales y regulación económica.

 

GAMERO-CASADO, E., “Ejercicio de potestades administrativas y relaciones de puestos de trabajo en el empleo público (RPTs)”, Documentación Administrativa, nº 14, 2025.

En este trabajo, el profesor Eduardo Gamero-Casado analiza la relación estructural entre el ejercicio de potestades administrativas y la configuración de las relaciones de puestos de trabajo (RPTs), destacando cómo la naturaleza jurídica de las funciones condiciona la correcta clasificación de los puestos en la Administración pública.
El estudio examina el marco normativo aplicable —art. 9.2 del TREBEP y art. 92 LBRL— y revisa la jurisprudencia reciente que ha anulado RPTs cuando atribuían a personal laboral o a entidades privadas funciones reservadas a funcionarios. A partir de este análisis, el autor evidencia la necesidad de criterios más uniformes en la delimitación entre funciones técnicas y funciones que comportan ejercicio directo o indirecto de potestad, subrayando que esta distinción debe reflejarse de forma coherente en los instrumentos de ordenación del empleo público.

La aportación destaca por ofrecer una propuesta interpretativa orientada a reforzar la seguridad jurídica y a asegurar que la estructura de las RPTs responda adecuadamente a las exigencias constitucionales vinculadas al ejercicio del poder público. Se trata de una contribución de indudable relevancia para la gestión de recursos humanos y para quienes trabajan en la articulación de modelos organizativos en las administraciones públicas.

 

GARDINI, G., “L’uso preparatorio dell’AI come limite agli eccessi regolativi. Per una valutazione “in concreto” dell’intelligenza artificiale applicata all’agire pubblico”, Istituzioni del Federalismo, nº 2, 2025.

El artículo del profesor Gianluca Gardini ofrece una reflexión densa y rigurosa sobre las implicaciones jurídicas del uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la administración pública, con particular atención a su dimensión normativa y procedimental. El autor plantea como hilo conductor la tesis de que el uso «preparatorio» de la IA —es decir, aquella destinada a tareas de apoyo, análisis o predicción dentro del procedimiento administrativo— representa un límite significativo para los riesgos regulatorios que podrían derivarse de una automatización excesiva.

El profesor Gardini estructura su análisis en varias secciones, comenzando por una revisión crítica del debate regulatorio sobre la IA en el contexto europeo, marcado por la adopción del Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act) y las directrices conexas.

A continuación, plantea la disyuntiva entre considerar la IA como tecnología sustitutiva o como instrumento subalterno al decisor humano, señalando que una visión puramente reemplazante entraña riesgos sustanciales para el Estado de Derecho.

El autor enfatiza que la IA no puede desplazar el papel del funcionario público responsable, lo cual queda evidenciado en la regulación vigente que exige supervisión humana de los sistemas de alto riesgo.

En una de las secciones clave, titulada «L’uso preparatorio dell’AI come limite agli eccessi regolativi», Gardini sostiene que el verdadero punto de inflexión no está tanto en prohibir o permitir la IA en abstracto, sino en diferenciar su uso conforme al riesgo, al impacto en los derechos de las personas y al grado de autonomía que se le conceda. En ese sentido, el empleo de la IA en tareas endoprocedimentales —como predicción, selección de datos, análisis de patrones— se ubica fuera del régimen más estricto del AI Act, por lo que exige una atención normativa distinta (y muchas veces más flexible) que aquella que se reserva a las decisiones automatizadas con efectos jurídicos externos.
Finalmente, el artículo dedica un análisis particular al proyecto «SAVIA» —sandbox normativa de la Región de Emilia-Romagna— como caso empírico de aplicación de IA en la administración pública. Este ejemplo constituye una herramienta para demostrar la viabilidad de una IA auxiliar al decisor público, compatible con el principio de responsabilidad humana y el procedimiento administrativo clásico.

Para el ámbito del Derecho Público, la administración electrónica y la gobernanza tecnológica, este trabajo resulta especialmente relevante porque propone un marco de evaluación—no solo teórico— que permite orientar la regulación y la práctica administrativa hacia un uso de la IA que fortalezca (y no debilite) los fundamentos del procedimiento administrativo, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales.

 

MINGUET MEDINA, J., “La vivienda emancipadora. Una utopía secular, operativa y multidireccional”, Astrágalo, nº 38, 2025, pp. 9-62.

El artículo del profesor Jorge Minguet Medina examina la transformación del habitar contemporáneo y propone la noción de “vivienda emancipadora” como horizonte conceptual para abordar la crisis habitacional desde una perspectiva multidisciplinar. El autor denuncia la progresiva mercantilización de la vivienda y cómo su conversión en activo financiero ha debilitado su función social, dificultando el acceso efectivo a un derecho constitucional.

La contribución se articula en torno a tres ejes: el análisis estructural de la crisis de la vivienda (accesibilidad, desigualdad y valorización del suelo), la construcción teórica del concepto de vivienda emancipadora —que combina derecho, diseño arquitectónico, comunidad y función social— y la identificación de vías operativas para materializarla mediante políticas públicas, autogestión, cooperativas y modelos alternativos de gobernanza del hábitat. Se trata de un estudio que interpela directamente al ámbito jurídico del urbanismo y de la vivienda, ofreciendo una reflexión innovadora sobre cómo articular un marco normativo orientado a la dignidad del habitar.

 

NÚÑEZ LOZANO, M. del C., “Pluralidad de recursos administrativos y suspensión del plazo para resolver y notificar: el art. 120 de la Ley 39/2015”, Revista de Administración Pública, nº 227, 2025.

En su contribución al número 227 de la Revista de Administración Pública, María del Carmen Núñez Lozano examina con notable rigor una de las previsiones menos estudiadas de la Ley 39/2015: el artículo 120, dedicado a la suspensión del plazo para resolver y notificar cuando concurren una pluralidad de recursos administrativos respecto de un mismo acto y, simultáneamente, la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

La autora desarrolla un análisis sistemático especialmente valioso, en el que aborda los antecedentes de la norma, su relación con los mecanismos generales de suspensión del artículo 22.1.g) y su ubicación en la arquitectura del procedimiento administrativo común. A partir de ahí, disecciona los elementos nucleares del precepto: los supuestos en los que resulta aplicable, la delimitación del presupuesto de hecho que justifica la suspensión, la naturaleza y alcance del acuerdo administrativo que la declara y las consecuencias que derivan de su levantamiento.

Particular interés revierte la identificación de los problemas interpretativos que plantea la práctica administrativa. La profesora Núñez Lozano señala, entre otros aspectos, la indeterminación sobre el momento exacto que activa la suspensión cuando existe recurso contencioso-administrativo, la ausencia de un criterio legal claro respecto de qué debe entenderse por “pluralidad” de recursos, o las dificultades para articular un control eficaz del acuerdo de suspensión por parte de los interesados.

El resultado es un estudio meticuloso y especialmente útil para quienes aplican o estudian el procedimiento administrativo. La autora ilumina con claridad un ámbito donde confluyen la tutela judicial, la eficacia del procedimiento y las garantías de los administrados, ofreciendo una reflexión doctrinal que contribuye de manera sustantiva a la interpretación coherente y técnicamente fundada de la Ley 39/2015.

 

ROSA JIMÉNEZ, C.; NEBOT GÓMEZ-DE SALAZAR, N.; CONEJO-ARRABAL, F.; GAUSA NAVARRO, M., “Contribución de la actividad de la planta baja a la turistificación de espacios públicos. El Centro Histórico de Génova como caso de estudio”, Ciudades, nº 28, 2025.

Este artículo presenta una investigación rigurosa sobre la relación entre los usos de planta baja (comerciales, restauración, franquicias) y la turistificación de los espacios públicos, aplicada al centro histórico de Génova (Italia).

Los autores desarrollan una metodología innovadora basada en indicadores que analizan conjuntamente la gentrificación comercial y la privatización del espacio público mediante la actividad en planta baja.

En su estudio, se identifican cuatro ejes urbanos en Génova que concentran una alta intensidad de usos de planta baja asociados al turismo y a la transformación del espacio público. La muestra abarca setenta y dos espacios públicos, y los resultados ponen de manifiesto la estrecha vinculación entre la actividad comercial/restaurativa de planta baja, la proliferación de franquicias, la ocupación de terrazas y expositores en el espacio público y el fuerte incremento del turismo de cruceros.

Los autores subrayan que este tipo de dinámicas urbanas no sólo afectan al comercio tradicional, sino que modifican la condición del espacio público como ámbito de convivencia y ciudadanos: cuando la planta baja se convierte predominantemente en uso turístico/comercial, se transforman también los vínculos sociales y la accesibilidad de los residentes al espacio urbano. En este sentido, el artículo aporta evidencias empíricas que invitan a reflexionar sobre cómo las políticas de ordenación urbana, las regulaciones de planta baja y las medidas de control del uso del espacio público pueden contribuir a mitigar efectos negativos de la turistificación.

Para el ámbito del urbanismo y del derecho del territorio, este trabajo resulta de gran relevancia: ofrece un marco cuantitativo (indicadores) que puede replicarse en otros contextos urbanos, y calza con los debates sobre gobernanza urbana, la protección del espacio público y el papel de las administraciones locales frente al turismo urbano y la transformación comercial.

En suma, esta contribución representa una lectura imprescindible para quienes trabajan en la intersección del urbanismo, la regulación del suelo y la gobernanza de las ciudades históricas frente a la presión turística.

 

SEDEÑO LÓPEZ, J. F., “La financiación de los servicios públicos locales en municipios despoblados y la revisión del sistema de participación de las entidades locales en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas”, Crónica Tributaria, nº 196, 2025, pp. 145-167.

El artículo del profesor  Sedeño López aborda con rigor y actualidad la difícil ecuación de la financiación de los servicios públicos locales en los municipios despoblados, al tiempo que analiza críticamente el sistema de participación de las entidades locales en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. En su estudio, el autor pone de relieve cómo el descenso demográfico y la dispersión territorial inciden directamente en los costes unitarios de prestación de servicios, modificando la ecuación financiera habitual y planteando la necesidad de mecanismos adaptados a la realidad municipal.

El análisis se estructura en dos bloques principales. En el primero, se describe la situación de los municipios afectados por la despoblación, identificando los principales factores que generan desequilibrios: menor base imponible, mayor coste relativo de servicios esenciales y menor capacidad de financiación propia. En el segundo bloque, Sedeño examina el régimen de participación local en tributos —tanto del Estado como autonómicos— y propone su revisión para adaptarlo a los nuevos retos territoriales: mayor equidad financiera, incentivos al mantenimiento de servicios en áreas de baja densidad y mecanismos compensatorios adaptados a la dispersión.

Entre las conclusiones, destaca la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación local que combine: (a) dotaciones específicas para municipios con pérdida demográfica, (b) revisión de la fórmula de participación en tributos para garantizar estabilidad financiera, y (c) refuerzo de la cooperación interadministrativa para compartir costes en ámbitos funcionales supramunicipales. Estas propuestas resultan especialmente relevantes para las políticas de cohesión territorial y para las administraciones públicas que desean asegurar la sostenibilidad financiera del servicio público en entornos rurales.

En definitiva, esta contribución ofrece una lectura profunda y oportuna de un tema clave para la gobernanza local en España y constituye una referencia útil tanto para académicos como para responsables públicos interesados en los desafíos que plantea la despoblación y la financiación del gobierno local.

 

TUBERTINI, C., Le prospettive della cooperazione verticale tra Stato, Regioni ed enti locali, alle soglie dell’autonomia regionale differenziata, CERIDAP, 12 noviembre 2025.

En esta obra de Claudia Tubertini se aborda con agudeza una cuestión decisiva para la gobernanza actual: la cooperación vertical entre Estado, Regiones y Enti Locali en el momento en que se abre camino hacia un modelo de autonomía regional diferenciada.

La autora estructura su análisis en cuatro secciones que invitan a una reflexión profunda: (1) la cooperación como diálogo entre instituciones, una elección indispensable para sostener la legitimidad democrática del sistema; (2) la flexibilidad propia del “método cooperativo”, con sus virtudes —capacidad de adaptación, apertura al territorio— y sus límites —riesgo de indefinición, de dispersión de responsabilidades—; (3) la cuestión de las sedes de representación de las autonomías, que plantea interrogantes sobre los espacios institucionales adecuados para garantizar participación efectiva; (4) las perspectivas de la cooperación en el marco del regionalismo diferenciado, un momento de inflexión en el que el diseño de relaciones interinstitucionales requiere nuevos instrumentos de coordinación, rendición de cuentas y corresponsabilidad.

Tubertini invita al lector a contemplar la descentralización no simplemente como transferencia de competencias, sino como una oportunidad para tejer una red de relaciones institucionales más fluida, efectiva y democrática. En su visión, el reto no es solo quién hace qué, sino cómo lo hacemos juntos: el “cómo” se convierte en clave para que la autonomía territorial realmente aporte valor a la ciudadanía.

A lo largo de su obra, la autora combina rigor jurídico-institucional con sensibilidad por la realidad de los territorios: analiza cómo la cooperación eficaz puede contribuir a la cohesión, la proximidad de los servicios públicos y la construcción de un gobierno multinivel que no sea paso hacia la fragmentación, sino vehículo de integración.

Este texto es imprescindible para quienes participan o asesoran en los procesos de organización territorial, gobierno local o reforma institucional. No solo por su contenido técnico, sino porque ofrece una mirada con visión de futuro sobre los desafíos y las posibilidades que presenta un sistema institucional en transformación. En definitiva: un motivo más que claro para sumergirse en su lectura.

 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, E. M., “El patrimonio subacuático”, en Cuarenta años de la Ley del Patrimonio Histórico Español, M.ª R. Alonso Ibáñez, C. Barrero Rodríguez y J. García Fernández (dirs.), Atelier, 2025, pp. 371-390.

El trabajo de Elsa Marina Álvarez González aborda el régimen jurídico del patrimonio subacuático en el ordenamiento español, tomando como referencia la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el contexto de su cuarenta aniversario. El capítulo se integra en el ámbito del Derecho del Patrimonio Cultural y se centra en el análisis de los elementos normativos que configuran la protección de estos bienes.

El estudio examina el encuadre del patrimonio subacuático dentro del sistema general de tutela del patrimonio histórico, atendiendo a su naturaleza jurídica y a las particularidades derivadas de su localización en el medio subacuático. Asimismo, se analiza el reparto competencial existente en esta materia, con referencia a la intervención del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

El capítulo dedica atención a las principales figuras de protección previstas en el ordenamiento jurídico, en particular a las zonas arqueológicas subacuáticas, así como a otros instrumentos de tutela. Se analizan igualmente las cartas arqueológicas subacuáticas, consideradas desde la perspectiva de su función como instrumentos de identificación, planificación y gestión administrativa del patrimonio subacuático.

El trabajo se completa con referencias a la normativa aplicable y a la bibliografía especializada, ofreciendo una exposición sistemática del marco jurídico vigente en relación con la protección del patrimonio subacuático en España.

 

Monográfico 40 años de la Ley de Bases de Régimen Local, Cuadernos de Derecho Local, nº 68, 2025.

El número 68 de Cuadernos de Derecho Local constituye una aportación particularmente valiosa para quienes trabajan y reflexionan sobre el derecho y la práctica del gobierno local. Este monográfico, en el que participan numerosos miembros del i-ingot, ofrece un recorrido intelectual de gran calidad sobre algunos de los pilares que definen la autonomía local desde la LBRL y su proyección en los actuales desafíos institucionales.

El volumen se abre con el estudio de la profesora Montoya Martín, que traza un análisis riguroso de los 40 años de prestación de los servicios públicos locales en nuestro ordenamiento. Su contribución permite comprender, con precisión técnica y perspectiva histórica, cómo los municipios han ido configurando su actividad prestacional en un contexto marcado por tensiones financieras, reformas normativas sucesivas y crecientes exigencias ciudadanas. Un trabajo imprescindible para entender hasta qué punto la efectividad de los servicios locales es también un indicador de la calidad democrática del régimen local.

A continuación, la profesora Carbonell Porras ofrece un examen detallado del funcionamiento del pleno y de la adopción de acuerdos, abordando aspectos esenciales de la arquitectura democrática municipal. Su estudio ilumina cuestiones que afectan directamente a la operatividad del órgano representativo por excelencia: el papel del debate, la dinámica de mayorías y minorías, y las garantías del proceso decisorio. Una reflexión particularmente útil para quienes participan en la vida institucional local o asesoran su funcionamiento.

El trabajo de la profesora de la Torre Martínez profundiza en la constitución de las corporaciones locales y el estatuto de sus miembros, desgranando con claridad y solvencia los elementos que articulan la legitimidad representativa: la toma de posesión, los derechos y deberes de los cargos electos, los supuestos de incompatibilidad o responsabilidad. Su aportación revela la importancia de cuidar la dimensión institucional del mandato local, fundamento del buen gobierno municipal.

Por último, la profesora Barrero Rodríguez plantea una reflexión de gran calado sobre el papel de los gobiernos locales intermedios y su regulación en la LBRL. Su análisis permite entender las razones, tensiones y límites de unas instituciones —como las diputaciones provinciales— que siguen ocupando un espacio controvertido en la organización territorial del Estado. Su estudio invita a reconsiderar su función desde parámetros de eficiencia, proximidad y equilibrio territorial.

El conjunto del monográfico ofrece una visión técnica, coherente y profundamente sugerente del régimen local español. La participación de numerosos miembros de I-INGOT subraya la relevancia doctrinal del volumen y convierte su lectura en una oportunidad única para comprender, con rigor y profundidad, las claves jurídicas que han modelado cuarenta años de gobierno local. Un número llamado a convertirse en referencia obligada para quienes desean pensar el presente —y el futuro— del municipalismo en España.