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Líneas de actuación

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Urbanismo/territorio/Medioambiente

El territorio necesita una nueva forma de definir la acción del gobierno y un nuevo modelo operativo de relación entre los actores privados y los entes públicos implicados en el territorio (supranacionales, nacionales, regionales, locales). Para ello, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entre las distintas políticas con impacto sobre el territorio se presenta como una herramienta imprescindible. Ello comporta la puesta en práctica de nuevas formas compartidas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales, respaldadas por multiplicidad de actores que comparten unos objetivos y conocen y asumen cuál debe ser su papel en su consecución.

La Carta Europea de Ordenación del Territorio (CEOT) ya en 1983 estableció como objetivos de ésta el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y del medio ambiente, y, la utilización racional del territorio.

Precisamente por su carácter trasversal, la ordenación del territorio está llamada a resolver buena parte de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. El desarrollo de manera adecuada de las políticas territoriales incide de manera determinante no sólo en materias más afines como el urbanismo o el medio ambiente, sino también en la economía, el empleo o el bienestar de la ciudadanía

Administración local

Las entidades locales son uno de los principales agentes implicados en la gestión del territorio. Sin embargo, cuestiones como el boom urbanístico, los problemas asociados a la contratación pública, los déficits institucionales en materia urbanística y el sistema de integridad son especialmente intensos en el ámbito local.

Para revertir esta situación se requiere una nueva de definir la acción del gobierno local, al objeto de modernizar los servicios públicos, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos y la modernización y capacitación. También es preciso trabajar en proyectos enfocados a mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, haciendo hincapié uso de tecnologías de automatización inteligente.

Transparencia y gobernanza

El concepto de gobernanza es un concepto sometido a continua reflexión y debate, sobre todo desde principios del presente siglo. Ya en el año 2001, la Comisión publicara una Comunicación bajo el título “La Gobernanza Europea – Un Libro Blanco”.

Este documento define el concepto de “Gobernanza” como el proceso que “designa las normas, procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia” y define los cinco principios que constituyen la base de una nueva gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. De esta forma, principios como los de transparencia, sostenibilidad presupuestaria o simplificación administrativa se presentan como instrumentos de optimización de la gestión pública.

Así, en lo que respecta al principio de transparencia, las anunciadas bondades de la Ley de Transparencia del año 2013 se han visto atenuadas por las barreras técnicas y administrativas impuestas por las Administraciones al ejercicio de los derechos contemplados en la misma, que dificultan su realización. En este sentido, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha reconocido que el establecimiento de las barreras por parte de las Administraciones dificulta el ejercicio del derecho de acceso de información, desincentivándolo y erigiéndose de facto en un límite al mismo.

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