Las violencias contra las mujeres suponen la mayor vulneración de derechos humanos y el atropello de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, además de ser una expresión extrema de la desigualdad de género que es incompatible con una sociedad democrática. Constituye un problema político y social de primer orden que requiere de la actuación decidida de los poderes públicos, con los recursos necesarios para dar respuesta institucional a un problema de esta magnitud, y de la actuación comprometida y solidaria de todas las esferas sociales.

El ámbito laboral es nuestro primer y principal escenario de actuación. Aunque no es el único, nos incumbe de manera más directa y tenemos herramientas específicas para actuar en él, especialmente mediante la lucha compartida contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que se produce en la empresa, en el centro de trabajo o como consecuencia de la relación laboral.

En relación con el ámbito laboral, instamos al Gobierno a desarrollar los instrumentos legales necesarios para la aplicación adecuada del Convenio 190 de la OIT, para hacer efectiva la equiparación de derechos sociolaborales y económicos entre las víctimas de violencia sexual y de violencia de género, para que se recojan y sistematicen en las estadísticas oficiales los datos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo, y a que se realice una revisión y refuerzo de las políticas activas de empleo para todas las mujeres víctimas violencias machistas.

Llamamos también a los poderes públicos, agencias y organizaciones comprometidas con esta lucha al rechazo frontal y a la condena explícita a de los discursos negacionistas y de las personas con cargo público y partidos políticos presentes en instituciones que protagonicen manifestaciones o actos negacionistas, porque ponen en peligro los avances, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación en igualdad y revictimizan a las mujeres supervivientes.

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