La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de congelar la cesión de locales y medios para la celebración de un referéndum ya suspendido por el Tribunal Constitucional mientras no existan garantías jurídicas de que no se pone en riesgo a la institución ni a los funcioanrios inclina la balanza del 1 de octubre a favor de la legalidad. El hecho de que el consistorio presidido por Ada Colau someta las preferencias políticas de sus principales gestores al dictamen jurídico es lo que debieron hacer desde el primer momento las instituciones autonómicas. Aunque son mayoría las corporaciones dispuestas a secundar la organización de la consulta independentista, no representan ni de lejos la mitad de la población. La señal que el independentismo ha intentado trasladar con la movilización de los alcaldes afines iba en parte dirigida a los ayuntamientos más renuentes a cumplir con las directrices de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. La negativa de Tarragona y Lleida y las dudas de Barcelona les devuelve un mensaje de legalidad que los alcaldes comprometidos por el 1-O no pueden esquivar, dado que evidencia aun más que su proceder es irregular y punible penalmente. Si la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de las dos leyes aprobadas en el Parlamento autonómico en condiciones más que deplorables desde el punto de vista democrático, así como la de los dos decretos de gobierno convocando el referéndum impiden éste último, las decisiones adoptadas por los principales ayuntamientos de Cataluña dificulta sobremanera la mera simulación de una consulta al estilo del 9-N. Pero, por encima de todo, sirven para demostrar a los ciudadanos de aquella comunidad que el respeto a la Ley es consustancial a la convivencia, y que el cumplimiento de las normas vigentes y de las resoluciones que emanan de los tribunales es una obligación que hacen suya muchísimos responsables políticos, funcionarios públicos y gran parte de la sociedad catalana. Sería de desear que el revés sufrido con el Ayuntamiento de Barcelona hiciera recapacitar a los principales promotores de la desconexión, cuando menos para que renuncien a caldear el ambiente y se esfuercen en prevenir situaciones que trasladen la confrontación política a la sociedad.