Esta mañana nos hemos despertado con la noticia (http://tinyurl.com/yljc5jqr) de que el Tribunal Supremo ha fallado a favor de Rubén Calleja, lo que implica que el Estado Español tendrá que resarcir la discriminación de la que fue objeto en la escuela primaria, cuando se le obligó a escolarizarse en un centro de educación especial. En palabras del abogado de la familia, el Supremo ha dictaminado el “carácter vinculante y obligatorio para el estado” de los Dictámenes de Naciones Unidas.

 

El periplo educativo y judicial de Rubén y su familia ha sido inadmisible: en 2011, terminando 5º de Primaria, fue objeto de maltrato, y le obligaron a salir de la escuela para ir a un centro de educación especial. La familia se negó a admitir esa segregación, y Rubén estuvo 5 años desescolarizado, con atención educativa en casa. La familia ha sido objeto de críticas intensas desde entonces, por incomprensión de parte de la sociedad y muchos profesionales de la educación, que les acusaban de no saber qué era lo mejor para Rubén o de estar jugando con la vida del niño. Tampoco los tribunales españoles entendían que la defensa del derecho a la educación pudiera implicar el cuestionamiento de la tradición respecto a la atención educativa segregada que históricamente se ha ofrecido a personas como Rubén. Desde 2008, en España se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional de Naciones Unidas que reconoce la educación inclusiva como un derecho humano fundamental. Esto implica el reconocimiento del derecho de Rubén a estar, aprender y ser parte de la escuela de su barrio, junto a sus vecinos y vecinas. Ningún dictamen de escolarización y evaluación psicopedagógica puede quebrantar ese derecho humano reconocido. 

 

En ese contexto de incomprensión —algo común a otros colectivos en desventaja en la conquista de derechos—, Alejando Calleja, el padre de Rubén, estuvo en nuestra Facultad en 2015 para impartir la Conferencia “La educación inclusiva: del derecho a la realidad”. El resumen de la misma decía así:  

 

"Ponencia que impartirá Alejandro Calleja Lucas, padre de Rubén, un joven que lleva 5 años estudiando en casa porque la administración y los profesionales le han negado su derecho a una educación inclusiva. La lucha legal que está desarrollando esta familia bien puede asemejarse a las que libraran hace años otras personas y colectivos, en este caso para forzar el reconocimiento real y efectivo del derecho a la educación de todas las personas en las mismas instituciones públicas.”

 

El evento fue organizado por el Dpto. de Teoría e Historia de la Educación y la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA, y contó con la presentación de Francisco Murillo, por aquel entonces Decano de la Facultad. Estos apoyos de instituciones como la nuestra, son fundamentales en la lucha por los derechos humanos, en este caso el derecho a la educación. Puede visualizarse aquella conferencia en: 

La educación inclusiva: del derecho a la realidad

Han pasado más de 8 años desde aquella conferencia. Puede verse una panorámica de la lucha de esta familia en http://tinyurl.com/ynm9lwwm Los tribunales Españoles en todas sus instancias negaron el derecho a Rubén. No fue hasta acudir al Comité de Derechos de las Personas con discapacidad que se obtuvo en 2020 un Dictamen histórico (http://tinyurl.com/2xg4njld), en el que se reconocía la discriminación y se instaba al Estado español a reparar y resarcir a Rubén. Tampoco fue suficiente. Solo hubo silencio por parte del Estado, algo que se evidencia en el documental “Educación inclusiva. Quererla es crearla” (Cecilia Barriga, 2022), en la que un grupo de estudiantes pide a la Ministra de Educación que se interese por el caso de Rubén. 

Trailer documental Quererla es Crearla

Tras este silencio, la familia tuvo que recurrir a la Audiencia Nacional, que falló en contra de Rubén, negando los efectos del Dictamen del Comité. Ahora, es el Tribunal Supremo el que enmienda a la Audiencia Nacional, afirmando que dicha sentencia "infringe el ordenamiento jurídico y nuestra jurisprudencia”. 

 

Una sentencia pionera, de una historia en la que, defendiendo a su hijo, una familia allana el camino de los derechos educativos de todos los niños y las niñas en nuestro país. En historias como esta, las instituciones educativas y las universidades pueden ser obstáculos a la inclusión, o apoyos en la defensa de los derechos humanos, que han de facilitar las transformaciones culturales y políticas necesarias para que las escuelas sean de todas las personas, sin excepción.