Los defensores universitarios andaluces, entre ellos el representante de la UMA, Manuel Montalbán, han mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para coordinar sus trabajos y analizar los impactos de la crisis económica y la restricción de presupuestos en el entorno universitario

La reunión concluyó con la elaboración de este comunicado conjunto:

Posicionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz y las defensorías universitarias de Andalucía en relación al problema de las personas que no pueden acceder o continuar sus estudios universitarios como consecuencia de la crisis económica

El Defensor del Pueblo Andaluz y las Defensorías Universitarias de Andalucía consideran necesario hacer pública su honda preocupación por el incremento de casos de personas que se ven imposibilitadas de iniciar o continuar sus estudios universitarios como consecuencia de las dificultades económicas para atender el pago de los precios públicos correspondientes.

De las numerosas quejas y reclamaciones recibidas en las Defensorías se desprende que han aumentado de forma notable en las Universidades andaluzas los supuestos de impago total o parcial de las matrículas universitarias por razones económicas sobrevenidas del alumnado y sus familias, lo que se está traduciendo en un incremento de las tasas de abandono de los estudios universitarios respecto de años precedentes.

Asimismo, comprobamos con preocupación que aumentan los casos de personas que reconocen haberse visto forzadas a matricularse en menos asignaturas de las deseadas por razones económicas y no académicas o haber desestimado determinadas opciones de posgrado por el elevado coste de las mismas.

Especial inquietud nos causa el incremento de personas que se ven forzadas a abandonar sus estudios universitarios al serles denegadas las becas solicitadas como consecuencia del progresivo endurecimiento de los requisitos para su otorgamiento, o requerirles la devolución de las ya concedidas sin atender a circunstancias personales sobrevenidas.

Las Instituciones aquí reunidas consideran necesario recordar que el acceso a los estudios superiores, no solo es una premisa básica para el futuro desarrollo de cualquier sociedad, sino que es además uno de los derechos esenciales de la ciudadanía que se derivan del derecho fundamental a la educación consagrado en el artículo 27 de la Constitución Española.

Entendemos por ello que el pleno disfrute de este derecho en el ámbito de un Estado que se proclama como Social, no debería venir condicionado o quedar supeditado por las circunstancias económicas de los sujetos que desean ejercerlo. Antes al contrario demandamos la aplicación del principio de equidad como piedra esencial sobre la que debe basarse cualquier política pública en materia universitaria.

A este respecto, debemos hacer un reconocimiento público al meritorio esfuerzo realizado en Andalucía para mantener los precios públicos de los estudios universitarios dentro de los parámetros más bajos que permite la actual legislación, que muestran una apuesta decidida por estas enseñanzas en un momento de innegables dificultades financieras para las arcas públicas.

Asimismo, consideramos encomiable la actitud mostrada por las distintas Universidades Públicas en Andalucía en relación a este problema, que se ha traducido en la aprobación de numerosas iniciativas y propuestas destinadas a ofrecer ayudas y soluciones a las personas que carecen de los medios necesarios para la continuación de sus estudios.

No obstante, la persistencia de estos problemas y el temor de que puedan agravarse en el futuro mas inmediato nos lleva a hacer un llamamiento a toda la sociedad y especialmente a quienes ostentan responsabilidades públicas en relación con la Universidad, para encontrar y adoptar medidas que salvaguarden de forma plena y efectiva el derecho de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad y equidad a los estudios superiores, incluso en situaciones como la presente de crisis y dificultad económica.

A tal fin, las Defensorías aquí reunidas nos comprometemos a velar y tutelar con firmeza el ejercicio de este derecho y a formular a las autoridades correspondientes cuantas propuestas y sugerencias consideremos que pueden contribuir a garantizar la plena eficacia del mismo.

Sevilla a 17 de octubre de 2013

Defensor del Pueblo Andaluz y los Defensores de las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide