La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) acogió ayer la conmemoración del “Día Internacional contra la impunidad de los crímenes a periodistas”, un acto que se celebra por primera vez en España de la mano de la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga, con el apoyo de la APM y de la Asociación de Periodistas Europeos (APE).

La presidenta de la APM, Victoria Prego, que fue la encargada de moderar el acto, llamó la atención sobre la falta de respeto a la que están sometidos los profesionales de la información en los últimos años: "Hace 30 años, un corresponsal que llevaba la palabra 'press' era respetado por todos, ahora es una diana". Prego señaló que "el tiro al periodista se ha convertido en una costumbre y no se respeta la libertad del ejercicio del periodismo". Aunque se da en diferentes niveles según el país, un ejemplo es lo sucedido esta semana en EE.UU., cuando el presidente Donald Trump interpeló a un periodista de la CNN al que echó de la rueda de prensa por realizar una pregunta incómoda y luego le retiró su acreditación.

El acto lo abrió Sylvie Coudray, responsable de libertad de expresión de Unesco-París, quien señaló que en los últimos años se han cometido 470 crímenes y “9 de cada 10 han quedado impunes”. La situación es grave porque “en el 90% de los casos los afectados son periodistas locales”. Además -puso de manifiesto Coudray- se ha producido un “gran incremento de mujeres víctimas de estos crímenes”.

Este escenario de violencia hacia los periodistas no se refiere solo a asesinatos, sino también a otras acciones, como la retirada de las acreditaciones o encarcelamientos para impedir que los periodistas realicen su trabajo, incluso también en países democráticos como en EE.UU. y otros países de Europa.

En protesta por estas acciones -informó Coudray- se ha lanzado la campaña La verdad nunca muere, que cuenta con el apoyo del Gobierno español -entre otros Estados-, y con la que se insiste en la defensa de los derechos de los periodistas.

También recordó el plan de Naciones Unidades puesto en marcha en 2012, que pretende que ninguna organización periodística sea víctima de la impunidad de este tipo de crímenes. Este programa incluye la emisión de resoluciones; la concienciación y sensibilización, no solo del público en general, sino también de quienes toman las decisiones, y la investigación académica sobre la impunidad de estos crímenes, mediante acuerdos con universidades. El objetivo final del programa, explicó, es llegar a mecanismos de aplicación local que permitan la protección y la prevención de los periodistas, así como el enjuiciamiento de los criminales.

En los últimos años, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La mexicana Juliana Matus, profesora invitada de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), aprovechó su intervención para exigir “a los que imparten justicia” que acaben con la “impunidad en la desaparición de periodistas en México y el mundo”.

“México empeora los índices de impunidad global” ocupando en 2017 el cuarto lugar, y el número uno en el continente americano, según datos ofrecidos por Matus, quien señaló que esta incidencia delictiva está dirigida principalmente contra los periodistas que investigan y denuncian “el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción gubernamental”

Este clima de impunidad y violencia contra los periodistas, advirtió, “merma la calidad de la información, se inhibe el periodismo de investigación y se pone en riesgo la libertad de expresión de los periodistas y el acceso a la información de los ciudadanos”.

Frente a este escenario, Juliana Matus considera urgente “activar mecanismos que puedan detener la oleada de violencia que atenta contra los principios básicos de la libertad de expresión”.

Libertad de Prensa en América Latina 

Por su parte, Bernardo Díaz Nosty, director de la Cátedra Unesco de Comunicación de la UMA, expuso los datos del Observatorio de Libertad de Prensa en América Latina (OIA), en el que se recogen las alertas sobre agresiones a periodistas y obstrucciones al libre ejercicio profesional.  Díaz Nosty señaló que dicho índice constata, desde 1970, 1.125 asesinatos en América Latina, mientras que en lo que va de año ya se han registrado “24 periodistas asesinados, de ellos 14 en México”. Sin embargo, añadió, no podemos fijarnos solo en los crímenes contra los periodistas, puesto que “se producen en un ambiente de violencia generalizada”. El director de la Cátedra Unesco de Comunicación de la UMA criticó que en muchas ocasiones no se le dé cobertura a estos hechos: “Esta línea de silencio de los crímenes nos muestran la cara de la quiebra de la democracia en algunas naciones”. A este respecto, señaló que sería conveniente modificar el etiquetado de las naciones en función del respeto a los derechos humanos.

Asimismo, alertó de que estamos en un tiempo de degradación que nos puede llevar a una situación mucho peor. Por este motivo, apeló a los medios de comunicación para no contribuyan con el silencio a la impunidad con la que suceden estos crímenes.

En la misma línea, el jurista español Baltasar Garzón hizo hincapié en cómo este clima de impunidad se está dando en muchos países, incluidos algunos europeos, donde se ha producido el asesinato de la periodista Daphne Caruana en Malta, Victoria Marinova en Bulgaria o Ján Kuciak en Eslovenia.

Este clima de impunidad –señaló- se va configurando desde el discurso de los que tienen el poder. Garzón expuso el caso de Donald Trump en EE.UU., los presidentes de Albania y de Serbia o Jair Bolsonaro en Brasil, quien recientemente ha señalado que “a periódicos como la Folha de S. Paulo les va a retirar la publicidad”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), Diego Carcedo, insistió en que estamos ante una situación muy preocupante porque “ejercer el periodismo se está convirtiendo en un riesgo” para los periodistas que cumplen con su obligación de investigar lo que sucede.

Al igual que Díaz Nosty, Carcedo denunció “la pasividad e indiferencia extraordinarias con que esto está siendo contemplado” en todos los países. Se ha podido ver recientemente, apuntó, con la muerte del periodista Jamal Khashoggi  en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Carcedo, consideró que nos encontramos ante un problema de falta de protección y de seguridad jurídica, lo que provoca una situación preocupante y lamentable.