'El agua. Garantía y derechos' es el título de la jornada de trabajo sobre ‘Suministros de agua’ que ha organizado el Defensor del Pueblo de Andalucía en el Rectorado de la Universidad de Málaga. Entre los asistentes, más de un centenar, empresas suministradoras, asociaciones de consumidores y ayuntamientos de la provincia.

El objetivo es alcanzar un consenso sobre el derecho al suministro de agua potable y la prohibición, por normativa, del corte en caso de que las familias no puedan afrontar el pago por cuestiones económicas.

Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, en la inauguración de esta jornada de trabajo, un acto al que también han acudido el rector de la UMA, José Ángel Narváez; el alcalde, Francisco de la Torre, y la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María Belén Gualda.

Esta última ha recordado que la titularidad del servicio es siempre pública, aunque luego los ayuntamientos tienen libertad para gestionar el agua. Por su parte, el alcalde ha puesto de manifiesto las medidas tomadas desde el Ayuntamiento para garantizar el suministro, como la tarifa progresiva y las bonificaciones a las familias con riesgo de exclusión, mientras que el Defensor ha manifestado que la intención de su departamento es “que la sociedad tome conciencia de la necesidad de garantizar el suministro a las personas, que no se pueda cortar el agua porque una familia no pueda pagar la factura”.

Esta Jornada pretende propiciar un foro de debate y reflexión sobre las distintas propuestas que se incluyen en el Informe Especial  'Servicios de suministro de agua. Garantía y derechos', presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía y que busca ofrecer soluciones a los diferentes problemas detectados en relación con el funcionamiento de los servicios de suministro de agua en Andalucía.