El número de personas en movimiento (refugiadas, desplazadas y migrantes) ha crecido de forma significativa en los últimos años. Más de 65 millones de personas han debido huir de sus hogares o se han convertido en desplazados internos y muchas personas se han visto obligadas a migrar por motivos económicos, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2016).

Ante esta grave situación, nueve organizaciones de la sociedad civil malagueña Accem, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz Roja, Asociación Al-Quds de solidaridad con los pueblos del mundo árabe, Amnistía Internacional, Artenativa, Cooperación y desarrollo con el norte de África (CODENAF), Movimiento contra la Intolerancia y Prodiversa: Progreso y Diversidad) y la Universidad de Málaga (UMA) han desarrollado el presente Plan de apoyo a personas refugiadas de manera conjunta.

Esta iniciativa se enmarca en el Protocolo de actuación de las universidades frente a situaciones de crisis humanitarias aprobado por la CRUE el 3 de abril de 2006 y las medidas de ayuda a los refugiados aprobadas en la asamblea general de esta institución el 7 de septiembre de 2015. Por ende, para la redacción del presente plan se han tenido en cuenta los 10 puntos planteados en el Protocolo de actuación de las universidades frente a situaciones de crisis humanitarias de la CRUE:

1) Órgano competente. Es conveniente que frente a una situación catastrófica que origine una crisis humanitaria, la universidad disponga de un órgano competente que pueda ser convocado con cierta urgencia para realizar la diagnosis de la situación y tomar, si es preciso, las decisiones oportunas de intervención. Dicho órgano, debería estar integrado por responsables del gobierno de la universidad y por miembros que, en calidad expertos, y representando a todos los colectivos universitarios, puedan contribuir a diseñar las iniciativas que deseen adoptarse. Atendiendo a la complejidad y lentitud de los procesos de toma de decisiones en las universidades es recomendable que este órgano goce de cierta autonomía en el ejercicio de sus responsabilidades. Su labor debe coordinarse necesariamente con estructuras a nivel estatal e internacional.

2) Evaluación de la situación. Las universidades, deben recabar todo tipo de información para poder evaluar la magnitud del suceso, sus consecuencias sobre la población, los condicionantes políticos, culturales y logísticos de las zonas afectadas y las necesidades de ayuda planteadas. Para ello es fundamental que se establezcan los circuitos y contactos necesarios para obtener dicha información, si es posible con personas e instituciones de los territorios devastados vinculadas a nuestras universidades y, fundamentalmente, en nuestro entorno, con ONG y con las agencias de coordinación de las administraciones públicas.

3) Libre disposición de recursos. La necesidad de ofrecer una respuesta rápida a las situaciones de crisis humanitarias requiere que la universidad pueda disponer con celeridad de recursos económicos y materiales. Es recomendable que los presupuestos de la universidad contemplen una partida reservada al efecto y que la autorización de los gastos que puedan ser imputados a situaciones de emergencia recaiga en el mismo rector o en los responsables de los órganos competentes en estas situaciones. También es conveniente que, con antelación, hayan sido establecidos los procedimientos que permitan agilizar la donación de materiales y, si procede, su desafectación previa.

4) Prioridad en la selección de los canales. En situaciones de crisis humanitarias es habitual que surjan problemas de coordinación y dificultades logísticas para hacer llegar la ayuda a las zonas y personas más necesitadas. Es conveniente que la ayuda de la universidad se canalice a través de cauces preestablecidos. Esto significa que es preferible vehicular nuestra contribución a través de organizaciones que ya desarrollasen su actividad en las zonas afectadas o que puedan garantizar una intervención efectiva y rápida. También es posible focalizar nuestras actuaciones con “contrapartes” con las que exista una relación previa (universidades, instituciones con las que se mantienen convenios, beneficiarios de proyectos de cooperación al desarrollo, etc.).

5) Aunar esfuerzos. La ayuda ofrecida por la universidad en situaciones de crisis humanitarias normalmente no constituye un porcentaje especialmente significativo en recursos o repercusión en el contexto de las iniciativas de solidaridad acordadas por gobiernos u ONG. De igual modo, es evidente que las actuaciones emprendidas aisladamente por las universidades representan un esfuerzo organizativo considerable. Por ello, es aconsejable aportar recursos y esfuerzos a acciones colectivas que puedan emprenderse ya sea a partir de la adhesión de una o varias universidades a programas de ayuda de terceros o bien impulsando iniciativas conjuntas surgidas de la coordinación que pueda facilitar la Comisión de cooperación del CEURI. En este sentido puede que resultara útil constituir un órgano de coordinación en situaciones de emergencia o que la permanente de nuestra comisión ejerza esta función, recibiendo las propuestas de las distintas universidades y recomendando líneas de actuación conjuntas.

6) Informar y sensibilizar. No cabe duda que las acciones de ayuda frente a crisis humanitarias emprendidas por la universidad pretenden aglutinar el sentimiento de solidaridad de los miembros de nuestras instituciones y conseguir una mayor efectividad en sus repercusiones. No obstante, la actuación colectiva no puede ser una respuesta automática y despersonalizada. Cualquier iniciativa de ayuda debe perseguir la implicación activa de toda la “familia universitaria”. Debemos, sin duda, apostar por garantizar la máxima información y transparencia en la gestión y destino de los recursos. Los miembros de la comunidad universitaria deberían sentirse conocedores y comprometidos con las acciones desarrolladas. Para ello, es aconsejable realizar una amplia difusión de las campañas realizadas en nombre de la universidad, organizar charlas y debates sobre los conflictos y las catástrofes, así como sus causas y sus consecuencias, acercar a nuestros centros a personas que conozcan la realidad de las zonas afectadas y que acudan a explicar las labores desarrolladas. Más allá de la ola de repercusión mediática es preciso luchar contra el olvido y seguir manteniendo la información sobre las necesidades a lo largo del proceso de reconstrucción.

7) Reconstrucción versus actuación de emergencia. La ayuda más inmediata requerida en las crisis humanitarias suele situarse en el campo de la intervención sanitaria, rescate de heridos, logística, restablecimiento de los servicios, prevención de epidemias, entre otras. Este tipo de intervenciones corren a cargo de los gobiernos y ONG y las universidades podemos sumarnos a sus iniciativas. Lamentablemente, una vez superado el punto más álgido de la crisis, empiezan las labores de reconstrucción. Asumiendo nuestras limitaciones en la ayuda más urgente, es aconsejable que las iniciativas de cooperación de nuestras universidades deban situarse preferentemente en este terreno. Nuestro papel puede desarrollarse como “donantes” contribuyendo con recursos económicos o materiales y/o como “actores” impulsando o participando en proyectos de reconstrucción. Una vez cubiertas las necesidades más imperiosas son muchas las tareas de rehabilitación de las viviendas o de restablecimiento de los servicios sanitarios y educativos que pueden abordarse. Complementariamente pueden plantearse acciones conducentes a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones en el caso que se reproduzcan situaciones parecidas en el futuro. También es recomendable que, a medio plazo, nuestras universidades contribuyan a la restauración de la formación académica superior en los centros de las zonas devastadas, enviando materiales y facilitando la acogida de estudiantes o las estancias académicas de profesores.

8) El papel de las universidades en la formación de expertos en ayuda humanitaria. Es evidente que para prestar ayuda humanitaria en situaciones de emergencia es conveniente tener personal preparado que conozca los aspectos relacionados con el origen de las catástrofes, el derecho internacional, la logística, la sanidad, la intervención psicológica, la mediación en conflictos, entre otros. Es aconsejable que las universidades ofrezcan o colaboren con otros organismos en programas de formación a nivel universitario o interuniversitario destinados a formar profesionales capaces de actuar en situaciones de emergencia con una preparación sólida y pluridisciplinar en estos aspectos.

9) Bolsa de voluntarios. Puede resultar muy efectivo disponer de una bolsa de personal cualificado voluntario entre los miembros de la comunidad universitaria que, en calidad de profesionales expertos en distintos ámbitos, puedan estar dispuestos a colaborar en las

situaciones de crisis humanitarias y ponerse a disposición de los organismos y organizaciones que actúen en las zonas afectadas. La universidad puede facilitar la salida de estos expertos regulando la concesión de licencias laborales temporales para su personal propio o permisos académicos para los estudiantes.

10) Estructura de coordinación. Es fundamental que la CRUE a través del CEURI se dote de una estructura a nivel estatal que facilite la coordinación de las universidades en las labores de ayuda en situaciones de crisis humanitarias. Esta estructura debería garantizar los flujos de información entre universidades españolas contribuyendo a la evaluación de las catástrofes y las necesidades. También podría recibir propuestas, proponer proyectos, organizar campañas que promuevan el trabajo conjunto de las universidades. Esta estructura de coordinación estatal podría formar parte de una red de universidades que a nivel internacional realice esta misma función.

Si bien la Universidad de Málaga no es una entidad especializada en ayuda humanitaria, posee el firme compromiso de poner sus capacidades al servicio de otras entidades especializadas en esta materia o con capacidad y competencias de coordinación de recursos frente a crisis humanitarias y de derechos humanos.

En este contexto, la Universidad de Málaga, como espacio de generación de conocimiento y debate al servicio de la construcción de la paz y la búsqueda de soluciones generosas, solidarias y duraderas plantea las siguientes directrices para su Plan de apoyo a personas refugiadas, desplazadas o migrantes junto con las ONG componentes de la mesa mixta de trabajo creada para tal efecto.

1. Atención directa

   1.1.  Enseñanza de español para personas en movimiento (refugiadas, migrantes y desplazadas)

   1.2.  Acompañamiento y atención

   1.2.1.  Atención psicológica

   1.2.2.  Atención médica

   1.2.3.  Atención laboral

   1.2.4.  Centro polivalente de formación

   1.3. Becas de emergencia social

   1.4. Plazas en la residencia universitaria (5 plazas)

    

   2. Formación y sensibilización

2. 2.1. Acciones de sensibilización sobre migración y refugio 2.2. Formación de grado y posgrado

2.2.1. Diseño de actuaciones para distintos grados de la UMA 2.2.1.1. Practicum
2.2.1.2. Bolsa de TFM/TFG

2.2.2. Diseño de actuaciones en diversos másteres oficiales de la UMA

2.2.2.1. Máster de cooperación internacional y políticas de desarrollo

2.2.2.2. Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos

2.3. Formación del Personal Docente Investigador de la UMA

2.4. Actividades dentro del Plan propio de la UMA

  3. Investigación

3.1. Diseño de líneas de investigación en el marco del Plan de apoyo a personas refugiadas

3.2. Posibilidad de diseñar proyectos europeos sobre migración y refugio

4. Voluntariado de la comunidad universitaria (alumnado, profesorado y PAS)

4.1. Voluntariado en Málaga

4.2. Voluntariado internacional

5. Libre disposición de recursos

5.1. Cesión de espacios: Centro polivalente de formación

6. Situar a los países en conflicto como materia prioritaria para la cooperación universitaria para el desarrollo en la UMA

7. Transparencia y rendición de cuentas

7.1. Realización de informes periódicos

7.2. Partidas presupuestarias específicas para cada actuación

1. Málaga, 21 de junio de 2016